Uribe reactiva su crítica: paz negociada o criminalidad fortalecida
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez volvió a ocupar el centro del debate político tras emitir declaraciones contundentes en su cuenta de X (antes Twitter) el 25 de julio de 2025. En su mensaje, cuestionó abiertamente las políticas de paz de los expresidentes Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, afirmando que ambas han contribuido al resurgimiento de organizaciones criminales, el aumento del narcotráfico y la expansión territorial de estructuras armadas.
Su frase más resonante no pasó inadvertida:
“Los criminales recuperaron poder con el proceso de La Habana de Santos y el gobierno Petro les ha ayudado a consolidarse.”
Con ello, Uribe reavivó la discusión nacional sobre la relación entre seguridad, justicia y reconciliación en Colombia.
Críticas estructurales: paz, cocaína y extorsión territorial
Uribe sostiene que las decisiones tomadas a partir del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, sumadas a la política de “paz total” del actual gobierno, debilitaron la capacidad del Estado para imponer autoridad, creando vacíos que fueron ocupados por grupos armados ilegales. Según su análisis, entre 2010 y 2025, Colombia pasó de exportar 150 toneladas de cocaína a más de 1.800, y gran parte del país “ha vuelto a estar extorsionado”.
El expresidente apunta especialmente a la supuesta “instrumentalización” del proceso de justicia transicional, asegurando que figuras armadas han obtenido beneficios sin compromisos reales de reparación ni desarme, lo que para él representa una “legalización de la impunidad”. Desde su perspectiva, el proceso de paz con Santos ofreció concesiones excesivas, mientras que la política de Petro no ha puesto límites firmes al crecimiento de disidencias, el Clan del Golfo o el ELN.
Modelos en disputa: reconciliación vs. control territorial
El planteamiento de Uribe revive una tensión de fondo que atraviesa la historia reciente de Colombia: el dilema entre la reintegración negociada de excombatientes y el enfoque punitivo de seguridad democrática. El uribismo ha defendido históricamente un modelo centrado en la presencia militar del Estado, la captura de jefes armados y la desarticulación directa de redes ilegales. En contraste, los gobiernos de Santos y Petro han optado por el diálogo y la inclusión institucional como ejes centrales de su estrategia.
Los datos de expansión territorial de grupos armados después de 2022 alimentan parte del argumento. Diversos informes —incluidos reportes de Human Rights Watch y de la ONU— muestran que actores armados ilegales han crecido en capacidad de fuego y cobertura, particularmente en regiones como Guaviare, Catatumbo, Arauca y Nariño. No obstante, expertos señalan que el cumplimiento incompleto de los compromisos del Acuerdo de Paz, la falta de inversión social en zonas rurales y la captura de rentas ilegales siguen siendo factores estructurales del conflicto.
Reacciones cruzadas y miradas alternativas
La respuesta de Juan Manuel Santos no se hizo esperar. El exmandatario defendió su legado y apuntó contra lo que considera un vacío de continuidad institucional desde la firma del acuerdo. Según Santos, el deterioro actual no es resultado del pacto, sino de su mala implementación por los gobiernos posteriores. Reafirmó que el Plan Colombia sigue activo y que el respaldo internacional a la transición sigue siendo clave, aunque insuficiente, sin compromiso estatal sostenido.
Por su parte, analistas como el escritor Juan Gabriel Vásquez y politólogos independientes han criticado la visión “lineal” de Uribe, señalando que atribuir el crecimiento de la violencia exclusivamente al Acuerdo de Paz ignora factores como la corrupción institucional, la informalidad territorial, el abandono estatal y el auge de economías ilegales tras la pandemia. También han llamado la atención sobre el uso político reiterado de la “retórica del miedo” en contextos donde el debate público debería orientarse a soluciones estructurales y no solo a diagnósticos punitivos.
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