Más allá de las cifras: una justicia sin voz ni defensa
A comienzos de julio de 2025, un nuevo informe de Amnistía Internacional encendió una vez más las alertas sobre la situación de los derechos humanos en Medio Oriente. Esta vez, el foco se centró en un Estado que, mientras exhibe megaproyectos futuristas, multiplica las ejecuciones en silencio. Las estadísticas son elocuentes: sólo en 2024 se ejecutaron 345 personas. En los primeros seis meses de 2025, ya se cuentan 180 ejecuciones, 37 de ellas concentradas en un solo mes, casi todas vinculadas a delitos de drogas.
La reanudación de las ejecuciones por narcotráfico, tras una moratoria informal que concluyó discretamente en 2022, ha devuelto al país a los primeros puestos en el uso global de la pena de muerte. Sin embargo, el dato más perturbador va más allá del conteo: alrededor del 75 % de las personas ejecutadas por estos delitos son extranjeras. Trabajadores migrantes de bajos recursos, provenientes de países como Pakistán, Nigeria, Somalia y Jordania, enfrentan procesos sin traductores, sin defensa adecuada y en muchos casos sin aviso previo a sus familias. Algunos familiares han sido notificados solo después de que sus seres queridos ya habían sido ejecutados.
Una justicia que no alcanza a todos por igual
Mientras el discurso oficial habla de modernización, reforma y desarrollo, el sistema judicial muestra otra cara: una estructura penal que aplica su rigor con especial dureza sobre quienes tienen menos posibilidades de defenderse. El informe de Amnistía describe casos documentados de tortura, confesiones extraídas bajo coacción y ausencia total de garantías mínimas de debido proceso. A esto se suma un dato alarmante: al menos siete personas fueron condenadas a muerte por delitos cometidos siendo menores de edad, contraviniendo abiertamente el derecho internacional.
La nacionalidad y la condición socioeconómica se han transformado en factores de vulnerabilidad frente a un sistema penal altamente opaco. En nombre de la seguridad o la moral pública, se imponen condenas irreversibles sin espacio real para la revisión, el recurso o la defensa digna. La justicia se ejecuta, pero rara vez se explica. Y en muchos casos, ni siquiera se comunica a quienes más la necesitan: las familias.
La sombra detrás del espejo reformista
El programa “Visión 2030” busca proyectar una imagen de apertura, innovación y liderazgo regional. Pero los hallazgos del informe contrastan duramente con ese relato. La aplicación sistemática de la pena de muerte por delitos no violentos, la falta de transparencia en los procedimientos judiciales y la discriminación estructural hacia minorías como los chiitas que representan solo el 10–12 % de la población pero acumulan más del 40 % de las ejecuciones por “terrorismo” exponen una política judicial selectiva, rigurosa con unos y flexible con otros.
Las cifras, una vez más, ilustran una tendencia inquietante. Desde 2014 hasta mediados de 2025, se han ejecutado 1.816 personas en el país. De esas, 597 fueron por delitos relacionados con drogas. Lejos de tratarse de un recurso excepcional, la pena capital parece formar parte de un sistema que opera con regularidad, sin contemplaciones, y que reserva su mayor dureza para aquellos sin influencia ni protección diplomática.
Voces que no se escuchan y responsabilidades que se diluyen
A pesar de las múltiples protestas de gobiernos cuyos ciudadanos han sido ejecutados, entre ellos Jordania, Pakistán y Nigeria, la respuesta ha sido limitada. La capacidad real de presión diplomática parece diluirse frente a intereses energéticos, inversiones multimillonarias y alianzas estratégicas. En foros internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las declaraciones de preocupación han sido constantes, pero poco efectivas para frenar una política que se mantiene sin mayores consecuencias.
Desde Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reprieve se ha reiterado la necesidad de establecer una moratoria total sobre la pena de muerte, especialmente para delitos no violentos como el narcotráfico. La exigencia incluye la revisión independiente de todos los casos pendientes, con el objetivo de evitar nuevas ejecuciones que podrían constituir violaciones graves del derecho internacional.
Comentarios