William Acosta, CEO de Equalizer Investigations para FinGurú
INTRODUCCIÓN: PRIVILEGIO Y REDES TRANSNACIONALES
Vivir en Paraguay o Argentina en 2025 significa no solo enfrentar las dificultades cotidianas del ciudadano común, sino descubrir cómo el poder y el dinero construyen rutas discretas donde los privilegios cruzan fronteras. Los nombres de funcionarios, empresarios y operadores aparecen en cada capítulo de esta trama: autos de lujo, matrículas de aviones privados, transferencias bancarias multimillonarias, contratos ajustados al milímetro y favores que parecen imposibles para quienes no están en la cima del poder. Es un relato donde el Estado se vuelve escenario de negociaciones privadas, y donde la indignación social crece con cada nueva revelación. Testigos clave como Luz Candado en Paraguay relatan cómo sobres de dinero circulan en palacios presidenciales (ABC Color, 2025a). La reacción oficial, en ambos países, oscila entre el silencio y el encubrimiento, lo que lleva al lector a preguntarse quién gana y quién pierde cuando lo público se privatiza por la fuerza de la influencia, la estrategia y el acceso privilegiado.
TRAMA PARAGUAYA: EL ENGRANAJE DE LA OSTENTACIÓN
En el centro de la historia está una Toyota Land Cruiser gris, placa WCEO 645, transferida en 2023 de Decorapar SA, presidida por el empresario chino Long Jiang, a Real Viviendas EAS, propiedad de Santiago Peña (presidente) y Francisco Peña (empresario y hermano) (RDN, 2025). Este vehículo, más allá de su precio y lujo, conecta viajes presidenciales y traslados oficiales con la logística aérea proporcionada por Hoahi SA; aviones privados identificados (matrículas ZP-GOD, ZP-BDT, H958JL), pilotados y organizados desde los círculos de Jiang, acompañan los viajes de Peña y directivos esenciales como Pedro Alliana (vicepresidente) (Flightradar24, 2025).
Kamamya SA, otra empresa bajo control de Jiang, obtuvo en 2023 la licitación para proveer 328,687 pupitres escolares a Itaipú Binacional: un total de casi USD 32 millones, pagando sobreprecios por muebles importados desde Shanghai Sinotex United Corp. Ltd. (Moopio, 2025). Bancos como BBVA Paraguay, Banco Continental y Banco Regional gestionaron los pagos y transferencias documentados. El caso penal paraguayo se investiga bajo el expediente unificado caratulado como “Causa Pupitres Chinos”, Fiscalía Anticorrupción Paraguay, número de expediente: MEC 2025-25038 (ABC Color, 2025b; Ministerio Público, 2018). Los documentos de importación mencionan despacho de importación número 8IC04001304 correspondiente a una de las operaciones realizadas por Kamamya SA (Moopio, 2025).
A esta infraestructura se suman denuncias directas como las hechas por Luz Candado, ex funcionaria presidencial, quien devolvió sobres con USD 200,000 y fue posteriormente excluida del círculo (ABC Color, 2025a). La investigación sigue en el expediente fiscal: MEC 2025-25038, Causa Pupitres Chinos.
La penetración china en Paraguay trasciende la trama de los pupitres y los autos. Empresas como Decorapar SA, Kamamya SA y Hoahi SA, lideradas por Long Jiang, han capitalizado la apertura paraguaya a productos y logística asiática, desplazando marcas locales y entrando en las esferas más estratégicas del comercio, la construcción y la influencia (Infobae, 2025; Resumen Latinoamericano, 2025).
TRAMA ARGENTINA: TRANSFERENCIAS, LOGÍSTICA Y ENCUBRIMIENTO EN LA CÚPULA POLÍTICA
En Buenos Aires, el empresario Antonio “Fred” Machado (detenido por lavado y vinculado al narcotráfico internacional) financió la campaña del diputado José Luis Espert con una transferencia de USD 200,000 (Página12, 2025; ElDiarioAR, 2025). El puente legal fue Francisco Oneto, abogado de Machado y operador del presidente Milei. Debora Lynn Mercer-Erwin, socia y condenada en Texas, estructuró fideicomisos desde los que partió ese giro, registrado en la contabilidad del caso federal “United States v. Debra Lynn Mercer-Erwin et al.”, Eastern District of Texas, indictment 4:20-CR-212, Doc. 224 (US District Court, Texas, 2021).
El modelo logístico de autos y jets privados, y los contratos con consultoras (caso Libra/Hermes), figuran en sumarios abiertos en el fuero federal argentino por financiamiento ilícito de campañas y lavado (Fiscalía Federal San Isidro, BBC Mundo, 2025).
La controvertida causa de los audios de Karina Milei y los contratos de compras estatales con supuestos sobreprecios y coimas se tramitan en juzgados federales como “Causa por presuntas coimas en la ANDIS” (El País, 2025; M24, 2023). Dichos audios y el escándalo de la Droguería Suizo Argentina pusieron el foco sobre la Secretaría General de la Presidencia y el círculo íntimo de Milei justo antes de las elecciones, afectando su imagen pública y sus posibilidades electorales (CNN Español, 2025; Reuters, 2025).
IMPACTO DESTRUCTIVO: DESCONFIANZA, INVERSIÓN Y ELECCIONES
Estos escándalos afectan gravemente la imagen de la administración de Javier Milei y generan consecuencias inmediatas y profundas (BBC Mundo, 2025; Reuters, 2025; Pagina12, 2025). La percepción de impunidad y complicidad, junto a los audios y los procesos judiciales prolongados, erosiona el capital político y la confianza social. La incertidumbre impacta la inversión extranjera, incrementa el riesgo país y reduce las expectativas de crecimiento (LATimes, 2025; Management & Fit, 2025). Más del 73% de los argentinos considera “muy grave” la corrupción, y más del 60% responsabiliza a la actual gestión y directamente al entorno de Karina Milei (Escambray, 2025).
El fracaso de las instituciones en concluir de modo efectivo y transparente los procesos judiciales habilita la frustración y el voto castigo, sella la desconfianza generalizada y debilita a las democracias de la región (DW, 2025; Última Hora, 2025; Quántico, 2025).
CONCLUSIÓN: EL FUTURO EN JUEGO ENTRE LA INDIGNACIÓN Y LA RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA
El entramado de corrupción que involucra a funcionarios, empresarios internacionales y redes políticas no es solo un problema legal o administrativo: es, ante todo, una herida social y cultural. Tanto en Paraguay como en Argentina, la sensación de que los privilegios, la arbitrariedad y la impunidad son la regla, destruye la fe social en el pacto democrático (Paraguay, Última Hora, 2025; Argentina, BBC Mundo, 2025). El escándalo no solo golpea a los gobiernos actuales, sino que debilita la imagen internacional de ambos países y perturba la confianza de inversores y organismos multilaterales.
La falta de respuestas ejemplares y la tentación permanente del encubrimiento alimentan el descontento popular, propiciando protestas, pérdida de credibilidad electoral y una erosión de la legitimidad institucional (Escambray, 2025; LATimes, 2025). Si los entes de control e investigación —jueces, fiscales y cuerpos policiales— no rompen la inercia de la postergación y el amparo corporativo, la sociedad volverá a mirar a la democracia como promesa fallida, abriéndose a salidas autoritarias o al repliegue a la abstención.
Sin embargo, la indignación, cuando se articula con memoria y con una exigencia activa de transparencia, puede ser la semilla del cambio. El registro meticuloso de expedientes, transferencias, matrículas y actores implicados deja testimonio no solo del daño, también de las herramientas posibles para el control ciudadano. Que la Justicia, en su dimensión más imparcial, profunda y restauradora, aplique el peso de la ley allí donde tenga que hacerlo, sin mirar nombres ni apellidos, es la única salida para recomponer la fe pública y devolver sentido a la vida institucional en la región (DW, 2025; Embajada de EE.UU., 2025).
El destino de Paraguay y Argentina depende ahora de su capacidad colectiva para no ceder al desencanto, sino forjar sociedades más atentas, menos frágiles y realmente intolerantes con la corrupción como sistema.
Sobre el Autor:
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional.
Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal.
Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina
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