William Acosta, CEO de Equalizer Investigations, para Poder & Dinero y FinGurú
Resumen Ejecutivo
El 1 de agosto de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria, una multa de más de 2.000 millones de pesos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por ocho años. Fue declarado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia sustentó su fallo en pruebas sólidas: interceptaciones, testimonios y registros judiciales que evidenciaron la manipulación de testigos a favor del exmandatario (BBC Mundo, 2025a; El País, 2025a).
La defensa de Uribe apeló la decisión, por lo cual el caso continúa en manos del Tribunal Superior de Bogotá. Este proceso ha detonado un profundo debate público y político, intensificando la polarización en Colombia.
Delitos, pruebas y motivos de condena
Uribe fue hallado responsable de instigar a su abogado Diego Cadena a manipular declaraciones para desacreditar la denuncia del senador Iván Cepeda, quien lo vinculaba con estructuras paramilitares. Según la jueza, Uribe “sabía de lo ilícito de su actuar”. La decisión marcó un hito institucional y simbólico en el país (El País, 2025a; El Mundo, 2025).
Disputa política y justicia como herramienta
Sectores de la izquierda, como el Pacto Histórico y figuras como Iván Cepeda, celebraron el fallo como un logro del Estado de derecho. Del lado opuesto, el uribismo y la derecha institucional denunciaron lawfare y “persecución política” por parte del poder judicial. Uribe y sus aliados insisten en que la política prevaleció sobre el Derecho y califican dicha sentencia como un acto dirigido a quebrar su legado político (Infobae, 2025a; El País, 2025b).
El rol de la izquierda socialista y su proyección internacional
La condena ha sido ampliamente respaldada por sectores de la izquierda socialista en Colombia e incluso capitalizada internacionalmente por actores ideológicamente afines. Informes judiciales y periodísticos internacionales muestran que funcionarios del régimen venezolano han brindado apoyo a las FARC, facilitando rutas de narcotráfico y recibiendo sobornos a cambio de protección (BBC, 2020; ICE, 2025).
“Estados Unidos ha acusado al presidente Nicolás Maduro de colaborar con las FARC en operaciones de narcotráfico como parte de una estrategia de narco-terrorismo” (BBC, 2020).
Esta narrativa ha reforzado los argumentos de sectores antiruribistas dentro y fuera de Colombia, consolidando la condena como un símbolo de triunfo ideológico más allá del ámbito judicial.
Narcoterrorismo y selectividad judicial: ¿Simetría para todos los actores?
Mientras exmiembros de las FARC gozan de beneficios judiciales en el marco del proceso de paz, sectores afines al expresidente Uribe denuncian un uso desigual de la justicia. Según informes de la Comisión de Excelencia en la Justicia (2023) y ObservaJEP (2024), los procesos contra actores insurgentes avanzan con lentitud y con escasa proporcionalidad en la aplicación de sanciones (CEJ, 2023; ObservaJEP, 2024). Se advierte que el aparato judicial enfrenta presiones ideológicas y desequilibrios cuando se trata de sancionar a distintos actores del conflicto.
Perfil de los principales opositores y contexto
• Iván Cepeda: Senador, víctima del conflicto, con trayectoria en derechos humanos. Su enfoque ha sido denunciar vínculos entre el Estado y el paramilitarismo.
• María José Pizarro: Hija del excomandante del M-19 Carlos Pizarro. Defiende una agenda pública enfocada en la reconciliación.
• CAJAR: Colectivo de abogados enfocado en derechos humanos, objeto de estigmatizaciones sin pruebas judiciales de vínculos con actores armados.
• Juan Guillermo Monsalve: Exparamilitar y testigo clave en el caso Uribe, con historial criminal reconocido.
• Pacto Histórico: Coalición gobernante cercana al gobierno Petro, con figuras provenientes de la exinsurgencia desmovilizada.
Conclusión crítica
La condena al expresidente Álvaro Uribe representa algo más que un fallo judicial: simboliza un giro profundo en el eje político colombiano. Refleja la convergencia entre redes jurídico-políticas nacionales e internacionales, bajo el relato de transformación promovido por la izquierda. No obstante, este cambio se produce en medio de fuertes señales de desequilibrio judicial, donde el trato a distintos actores del conflicto armado colombiano dista de ser simétrico.
El desafío actual es si Colombia podrá construir un sistema de justicia que no esté determinado ni por afinidades ideológicas ni por alineamientos geopolíticos, sino por los principios de verdad, proporcionalidad y equidad.
Referencias
• BBC Mundo. (2020, marzo 26). EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de narcoterrorismo. Recuperado de: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52053799
• BBC Mundo. (2025a, julio 29). Uribe declarado culpable de soborno y fraude procesal. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/articles/ckgl04163ygo
• BBC Mundo. (2025b, agosto 2). Uribe condenado a 12 años de prisión domiciliaria. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/articles/cn43x91rpy1o
• CEJ – Corporación Excelencia en la Justicia. (2023). Informe de seguimiento a la JEP. Recuperado de: https://cej.org.co/wp-content/uploads/2023/05/Informe-seguimiento-JEP-Abril-2023-1.pdf
• El Mundo. (2025, agosto 1). Condena a Álvaro Uribe por fraude y soborno. Recuperado de: https://www.elmundo.es/internacional/2025/08/01/688cf6d8e85ece6d558b45b3.html
• El País. (2025a, julio 29). Álvaro Uribe declarado culpable. Recuperado de: https://elpais.com/america-colombia/2025-07-29/la-justicia-declara-culpable-al-expresidente-alvaro-uribe-por-soborno-a-testigos-y-fraude-procesal.html
• El País. (2025b, agosto 1). La justicia sentencia a Uribe. Recuperado de: https://elpais.com/america-colombia/2025-08-01/la-justicia-sentencia-a-alvaro-uribe-a-doce-anos-en-prision-domiciliaria.html
• ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement. (2025). FARC-Maduro indictment on narco-terrorism charges. Recuperado de: https://www.ice.gov/news/releases/15-current-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism-corruption-drug
• Infobae. (2025a, agosto 1). Reacciones a la condena de Uribe. Recuperado de: https://www.infobae.com/colombia/2025/08/01/condena-contra-alvaro-uribe-velez-ministro-de-defensa-anuncio-como-respondera-la-fuerza-publica-ante-posibles-protestas/
• ObservaJEP. (2024, mayo). Segundo informe de seguimiento al sistema de justicia transicional. Recuperado de: https://recursos.observajep.com/wp-content/uploads/jet-engine-forms/1/2025/05/Informe-ObservaJEP-2024-2.pdfj
Sobre el Autor:
William L. Acosta es graduado Magna Cum Laude de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional. Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina
Comentarios