Jesús Daniel Romero y William Acosta para Poder & Dinero y FinGurú
El año 2025 se perfila como un periodo crítico para América Latina, marcado por una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales que influirán en la estabilidad y el desarrollo de la región. La interacción entre la política interna, la influencia externa de potencias como Estados Unidos, China, y los factores socioeconómicos como la migración y el crimen organizado, incluyendo grupos como El Tren de Aragua, definirán el rumbo de los países latinoamericanos.
Las elecciones nacionales en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia generarán un ambiente de incertidumbre política. La posibilidad de cambios de régimenes podría alterar las relaciones diplomáticas y económicas, especialmente con Estados Unidos y China. La consolidación de regímenes de izquierda, como en Cuba y Venezuela, y el surgimiento de gobiernos más alineados con ideologías anti estadounidenses en otros países podrían generar tensiones internas y externas, afectando la gobernabilidad.
La administración de Trump se centrará en fortalecer la seguridad fronteriza y abordar la crisis migratoria desde países como Venezuela y Cuba. Esto implicará un enfoque más agresivo hacia los regímenes considerados adversos y la implementación de sanciones económicas. Estados Unidos buscará reafirmar su influencia económica a través de acuerdos comerciales y asociaciones estratégicas, particularmente en sectores como la energía y la infraestructura. Washington intensificará sus esfuerzos para limitar la expansión de la influencia china en la región.
Se espera que China continúe aumentando sus inversiones en infraestructura, tecnología y recursos naturales en América Latina, consolidando su papel como socio comercial clave. Beijing utilizará su diplomacia para fortalecer relaciones bilaterales y multilaterales, aprovechando instituciones como la CELAC para ganar apoyo político y contrarrestar la influencia estadounidense.
Rusia buscará fortalecer sus lazos con gobiernos de izquierda y autoritarios, como en Venezuela y Nicaragua, ofreciendo apoyo militar y económico. En un contexto de inestabilidad, Moscú podría intervenir en conflictos regionales para expandir su influencia y contrarrestar la presencia de Estados Unidos.
Irán buscará fortalecer sus relaciones con regímenes anti estadounidenses en la región, ofreciendo apoyo ideológico y militar. Esto podría incluir cooperación en temas de seguridad y defensa, especialmente en países con gobiernos de izquierda.
El régimen cubano continuará buscando apoyo de aliados como Rusia y China para contrarrestar las sanciones y presiones de Estados Unidos. La crisis económica en Cuba probablemente impulsará un aumento en la migración hacia Estados Unidos, lo que podría desestabilizar aún más las relaciones bilaterales.
La migración masiva desde Venezuela, Cuba y Haití se espera que continúe, exacerbada por condiciones políticas y económicas inestables. Esto generará presiones adicionales sobre los países receptores, especialmente Colombia y otros países de Sudamérica. El crimen organizado y la violencia seguirán siendo preocupaciones centrales. La expansión de redes criminales, como El Tren de Aragua, y el tráfico de drogas afectarán la seguridad pública y la confianza en las instituciones, complicando los esfuerzos por mejorar la gobernanza.
El reclutamiento infantil como carne de cañón para los grupos armados continuará siendo un problema si los gobiernos permisivos de la región siguen ignorando estos crímenes. Los niños, víctimas de la pobreza y la violencia, son explotados por organizaciones criminales, lo que perpetúa un ciclo de violencia y desestabilización.
La frontera no solo es utilizada por latinoamericanos tratando de llegar al norte; también es un punto de paso para miles de personas de todo el mundo, que incluyen a individuos en busca de un mejor porvenir, criminales comunes, terroristas y otros actores que odian a Estados Unidos. Esta situación plantea desafíos significativos para la seguridad y la política migratoria de la región.
El tráfico indiscriminado de minerales y piedras preciosas también ha aumentado, alimentando economías ilegales y generando conflictos sociales y ambientales. Asimismo, el tráfico de influencias para generar contratos multimillonarios que nunca se concretan, dejando que el dinero desaparezca sin rendir cuentas, es una práctica común. Lo que todos estos fenómenos tienen en común es la falta de consecuencias; la justicia ha perdido su puesto y suele aplicarse solo a los más vulnerables, mientras que a los otros se les convierte en gestores de paz y se les reelige o premia con curules gubernamentales como alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas, senadores o incluso presidentes.
Las violaciones a los derechos humanos seguirán siendo una realidad alarmante en la región, con casos de torturas, desapariciones forzosas, homicidios extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y sin causa probable, así como terrorismo de Estado. Muchos de estos actos son perpetrados por actores del gobierno que en realidad son criminales disfrazados de jefes de Estado. La impunidad y la falta de separación de poderes agravan aún más esta situación, permitiendo que estas violaciones continúen sin rendir cuentas.
La revolución digital presentará tanto oportunidades como riesgos. Mientras que la tecnología puede facilitar el crecimiento económico, también puede ser utilizada por actores no estatales para incrementar la criminalidad y la desinformación, debilitando aún más la confianza en las instituciones democráticas.
El crimen organizado en América Latina seguirá siendo un desafío significativo, con un aumento en la violencia y el narcotráfico, especialmente en la producción de cocaína y metanfetaminas. La corrupción institucional y política, endémica en muchos países, socavará la confianza de los ciudadanos y perpetuará la impunidad. Al mismo tiempo, el saqueo incontrolable de recursos naturales y las riquezas de las arcas del Gobierno son saqueadas. La minería ilegal, el robo de combustible, la deforestación, el tráfico de fauna y la tala indiscriminada generarán conflictos sociales y daños ambientales, afectando la biodiversidad y las comunidades locales.
La ideología socialista y el comunismo, lo único que hacen es convertir en magnates a la clase que está en el poder, mientras que el pueblo pasa necesidades incomprensibles. Estos modelos traen miseria, ignorancia, destruyen las economías y fomentan la desestabilización de la región. Como grandes ejemplos de esto se pueden mencionar Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte y hasta la vieja Unión Soviética. Estos modelos destructivos de gobierno nunca han funcionado y han dejado un legado de sufrimiento y pobreza.
Los Estados Unidos no se pueden dar el lujo de hacerse de la vista gorda y seguir dejando a sus vecinos en Latinoamérica en el abandono. Se necesita una política y diplomacia más proactiva, pues no podemos dejar que países como China, Rusia, Irán y Cuba sigan forjando la destrucción de nuestros países vecinos, tomando fuerza a tan pocos pasos de nuestras fronteras. Hay que recordar que mientras nosotros dormimos, ellos trabajan y planifican la destrucción de nuestro sistema de vida y ponen en peligro nuestra seguridad nacional.
La nueva administración del Presidente Trump debe de tomar un papel más proactivo con el Gobierno Colombiano y restablecer el monitoreo de los cultivos de coca y de amapola, y la erradicación de los mismos, buscando una estrategia de interrumpir las miles de hectáreas de estos cultivos que han generado una producción de miles de toneladas anuales de cocaína y heroína. El Gobierno del Presidente Petro ha permitido que el territorio nacional de Colombia se haya convertido en el país con los niveles de producción de cocaína más altos del mundo, incluso a niveles más altos que cuando operaban los grandes carteles de Medellín, Cali y El Norte del Valle. Esto solo es posible si el Gobierno Nacional está directamente permitiendo que esto pase.
El panorama para 2025 en América Latina es complejo y desafiante. La interconexión entre la política interna, la influencia externa de potencias globales, y problemas como el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, el saqueo de recursos naturales, la expansión del socialismo y la actividad de grupos armados al margen de la ley generará un ciclo de inestabilidad que afectará el desarrollo y el bienestar de la región. La capacidad de los gobiernos para implementar estrategias integrales que aborden estos desafíos de manera coordinada será fundamental para promover un futuro más seguro y sostenible para sus ciudadanos.
Créditos
El Nacional, ABC Color, La Prensa, The New York Times, Venezuela Analysis, BBC Mundo, El País, Reuters.
Jesús Romero se retiró después de más de 37 años de servicio combinado en el gobierno de los Estados Unidos. Inició su carrera en la Marina de los Estados Unidos en 1984 como marinero, desempeñándose a bordo del crucero nuclear USS South Carolina CGN 37 y el buque de apoyo anfibio USS Tortuga LSD 46. A lo largo de su carrera, se especializó en inteligencia naval.
“A principios de los 1980 yo estaba estudiando entre EEUU y Venezuela – comenta- pero en el 84 tuvimos que regresar a EEUU debido a la pérdida del bolívar contra el dólar. Yo decidí enrolarme en el servicio militar. Para mí fue un paso simple ir a las oficinas militares que estaban reclutando. Toqué todas las puertas, pero solo había una abierta, la de la Marina Naval. Ellos me aceptaron un mes después. Mi entrenamiento básico fue en Orlando entre el 1984 y 1985, año cuando estoy a disposición en un crucero nuclear”, declaró.
El mayor Jesús Romero, de origen venezolano, fue testigo experto en el caso criminal federal del Este de Texas contra Debra Lynn Mercer, presidenta de Aircraft Guaranty LLC, compañía con base en Oklahoma que habría prestado sus servicios para cárteles mexicanos y colombo-venezolanos con aviones jets ejecutivos de alto rendimiento para transportar cocaína de Venezuela y Colombia a los EEUU.
William Acosta es el fundador y director ejecutivo de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Ha coordinado investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y homicidios en los EE. UU. y otros países del mundo como Alemania, Italia, Portugal, España, Francia, Inglaterra y, literalmente, toda Latinoamerica.
Ha sido 10 años Investigador de la Policia de New York, 2 años en el Departamento del Tesoro y 6 años en el Ejercito americano con varios despliegues internacionales por temas de comunicaciones e inteligencia.
Veterano investigador internacional, coordinó investigaciones multijurisdiccionales sobre tráfico de estupefacientes, blanqueo de dinero y homicidios en Estados Unidos y otros países.
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