La política taiwanesa atraviesa una de sus crisis institucionales más graves desde la democratización. El presidente William Lai Ching-te enfrenta un proceso de impeachment impulsado por la oposición legislativa, en medio de acusaciones sobre violaciones constitucionales y una polarización que amenaza con paralizar el gobierno en plena tensión geopolítica.
Las acusaciones: entre lo político y lo fiscal
El procedimiento de destitución, iniciado el 14 de enero de 2026 por el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (TPP), se sustenta en cuatro acusaciones principales que la oposición considera violaciones constitucionales flagrantes.
La imputación central se centra en declaraciones realizadas por Lai durante su discurso del Día Nacional el 10 de octubre de 2024, cuando afirmó que «la República de China y la República Popular China no están subordinadas entre sí». Para el KMT, esta formulación contradice el artículo 4 de la Constitución sobre el territorio nacional y equivale a una declaración de independencia encubierta que viola el delicado equilibrio en el Estrecho de Taiwán.
La oposición además señala que Lai habría ejercido indebidamente el poder ejecutivo al no consultar previamente estas declaraciones con su gabinete, violando el artículo 58 de la Constitución sobre responsabilidad ministerial. También lo acusan de actuar por encima de sus facultades al realizar afirmaciones de política exterior sin respaldo del Yuan Ejecutivo.
Un tercer eje apunta al supuesto abuso de poder al negarse a asistir personalmente a las audiencias legislativas. Para el KMT y TPP, esta ausencia constituye desacato a la autoridad parlamentaria y violación del principio de rendición de cuentas democrática.
Finalmente, la oposición critica la gestión fiscal, señalando que la deuda pública alcanzó 6.01 billones de dólares taiwaneses (185,000 millones de dólares estadounidenses), el 25.4% del PIB, supuestamente violando los límites de la Ley de Deuda Pública. Se ha criticado también el aumento en gastos en Defensa que propone Lai.
El pulso institucional: confrontación total
La moción fue aprobada en primera lectura el 14 de enero con 56 votos a favor y 51 en contra, en medio de escenas de alto voltaje político con legisladores del DPP intentando bloquear físicamente el proceso.
En momento más felices, al iniciar su mandato, junto a su antecesora en la presidencia, Tsai Ing-Wen.
Lai adoptó una postura de confrontación absoluta: se negó a comparecer ante las audiencias del 17 de enero, argumentando que la citación carece de base legal y que el impeachment «no tiene fundamentos constitucionales ni factuales». En su comunicado fue categórico: «No asistiré porque hacerlo significaría legitimar un proceso inconstitucional. El Yuan Legislativo no tiene autoridad para convocar al presidente bajo estas circunstancias».
Sobre la deuda pública, Lai presentó una defensa técnica: explicó que los 6.01 billones corresponden a la «deuda bruta», pero que el cálculo correcto debe considerar la «deuda neta», que tras descontar los 606,900 millones del fondo de amortización se reduce a 5.4 billones (22.9% del PIB), manteniéndose bajo el límite legal del 50%.
El Partido Progresista Democrático (DPP) calificó el proceso como «golpe legislativo» y «violencia política sin precedentes». La vicepresidenta Hsiao Bi-khim declaró que constituye «un asalto a la democracia taiwanesa» cuyo objetivo real es «derrocar un gobierno electo democráticamente». El DPP ha movilizado manifestaciones masivas en Taipéi por esta situación.
El KMT, por su parte, denuncia la «actitud imperial» de Lai. Su líder Eric Chu declaró: «Si un presidente puede ignorar al parlamento y negarse a rendir cuentas, ¿qué diferencia hay con una dictadura? Defendemos el Estado de derecho y que nadie está por encima de la ley».
Según el artículo 90 de la Constitución, el Yuan Legislativo debe presentar la acusación ante el Tribunal Constitucional, único órgano competente para juzgar el impeachment presidencial, con un plazo de tres meses para resolver.
Atención desde Beijing
Aunque China no ha emitido declaraciones directas, analistas coinciden en que Pekín sigue de cerca la crisis. Un gobierno debilitado en Taipéi podría ser visto como oportunidad para aumentar la presión sobre la isla.
Medios estatales chinos como el Global Times han publicado editoriales sugiriendo que la crisis demuestra el «fracaso del sistema democrático occidental» y la «necesidad de retornar al redil de la madre patria».
Más allá de este análisis, el verdadero peligro no es tanto que Lai sea destituido —considerado remoto— sino la parálisis gubernamental. Un ejecutivo constantemente cuestionado tendrá dificultades para tomar decisiones estratégicas en defensa y relaciones exteriores, precisamente cuando Taiwán necesita presentar un frente unido ante amenazas externas crecientes.
Tres escenarios posibles
Rechazo por el Tribunal Constitucional (más probable)
Para que prospere el impeachment se requiere mayoría de dos tercios de los jueces. El tribunal solo tiene cinco magistrados de los quince que debería tener, debido a bloqueos legislativos previos.
Si el Tribunal considera que las acusaciones no configuran «traición o alta traición» —únicos delitos constitucionales para destituir a un presidente—, desestimará la moción. Las declaraciones políticas de Lai, aunque polémicas, difícilmente constituyan crímenes de tal gravedad. Tampoco las discrepancias fiscales alcanzarían ese umbral.
Un rechazo fortalecería a Lai políticamente, quien podría presentarse como víctima de persecución partidista. Sin embargo, el desgaste sería inevitable y afectaría su capacidad de gobernar con un parlamento opositor.
Aceptación y destitución (altamente improbable)
Si el Tribunal considerara fundadas las acusaciones, la vicepresidenta Hsiao Bi-khim asumiría interinamente. Pero dado que también pertenece al DPP y ha criticado duramente el proceso, el KMT podría cuestionar su legitimidad, prolongando la inestabilidad.
Este escenario tendría repercusiones inmediatas con China, que podría intensificar ejercicios militares y presión económica. Internacionalmente, generaría incertidumbre sobre la estabilidad de la isla, baluarte democrático en el Este de Asia.
Resolución intermedia o negociada (posible pero difícil)
El Tribunal podría emitir una resolución que no destituya a Lai pero establezca límites sobre el ejercicio presidencial, con recomendaciones sobre procedimientos en política exterior o coordinación presupuestaria con el legislativo.
El futuro de la democracia taiwanesa
Más allá del desenlace, la crisis expone fracturas profundas en el sistema político taiwanés. Revela la fragilidad de un modelo donde un gobierno minoritario enfrenta una oposición con mayoría parlamentaria, pero sin capacidad real para destituirlo salvo por causas gravísimas.
El caso plantea preguntas fundamentales: ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión presidencial en Taiwán en temas sensibles como la relación con China? ¿Cómo equilibrar la independencia del ejecutivo con la rendición de cuentas? ¿Puede implementarse una agenda de inversión en defensa y tecnología con una mayoría legislativa opositora que cuestiona cada partida?
La polarización refleja divisiones más profundas sobre la identidad nacional. Mientras el DPP representa a quienes se identifican exclusivamente como taiwaneses y favorecen distancia de China, el KMT representa a sectores con vínculos culturales más fuertes con el continente.
Lo que está en juego trasciende a Lai: se trata de la capacidad de la democracia taiwanesa para procesar conflictos políticos sin derivar en crisis aprovechables por actores externos. Una Taiwán dividida y paralizada es exactamente lo que Xi Jinping podría esperar para avanzar sus objetivos de «reunificación».
La verdadera prueba no será si Lai sobrevive políticamente —algo probable— sino si las instituciones democráticas pueden emerger fortalecidas, demostrando que el Estado de derecho y el equilibrio de poderes funcionan incluso en medio de la polarización más intensa.
Marcos Lionel Gonzáles Gava CEO & Co-fundador de Reporte Asia
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