Toma universidad de Filosofía y Letras
El nuevo proyecto del gobierno para que las universidades públicas comiencen a cobrar a los estudiantes extranjeros abre nuevamente una discusión y un dilema constante. ¿Debe la universidad pública seguir siendo un derecho universal y gratuito, o estamos frente a un modelo que ya no puede sostenerse en un país en crisis? Spoiler: como todo en este país, la respuesta no es tan simple como parece.
Algunos ven la medida como un golpe a la inclusión educativa, mientras que otros —como yo— creemos que es un paso necesario para salvaguardar un sistema que hace tiempo está en crisis. Y es que, a veces, las palabras bonitas y los principios universales de "educación gratuita para todos" esconden una realidad menos decorosa: las universidades tienen fondos, solo que no siempre se destinan donde más se necesitan. A los estudiantes y docentes les dicen que no hay plata, pero la verdad es otra.
Un proyecto polémico que divide aguas
El gobierno de Javier Milei, en un giro que no sorprende a nadie, ha propuesto un cambio radical: las universidades públicas deberán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. En otras palabras, si sos de afuera y no tenés residencia legal en el país, tenés que empezar a pagar por tu educación. ¿El objetivo? Supuestamente, aliviar las finanzas de las universidades que, como el resto del país, están atadas con alambre.
Primero, pongamos en contexto. La educación en Argentina es gratuita. Gratuita para todos. Desde hace décadas, miles de estudiantes extranjeros —en su mayoría latinoamericanos— eligen venir al país para cursar carreras universitarias, principalmente en áreas como Medicina y Ciencias Sociales. Esto no es casual: mientras en otros países la educación superior es un lujo, en Argentina sigue siendo un derecho.
Y es ahí donde se empieza a complicar la cosa. En el 2024, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata informó que casi el 40% de sus ingresantes son extranjeros. ¿El problema? La infraestructura está saturada, los recursos son escasos, y muchos argentinos empiezan a preguntarse si la solidaridad internacional no está afectando sus propias oportunidades. Lo que antes era un motivo de orgullo —tener una universidad abierta para todos— ahora es, un "despilfarro".
¿Está mal que vengan a estudiar? Por supuesto que no. ¿Es justo que lo hagan sin aportar nada al sistema mientras los propios argentinos pagan con sus impuestos? Esa es otra historia.
Sostener un sistema educativo que recibe a miles de estudiantes de otros países sin pedirles un mínimo aporte económico es un lujo que, lamentablemente, ya no podemos darnos. Porque mientras nuestros recursos se desangran, la calidad de la educación se deteriora. Y los que más pierden, irónicamente, son los mismos argentinos
¿Es esta la solución que necesita la universidad?
La pregunta del millón es: ¿este proyecto va a resolver algo? El gobierno lo vende como una solución pragmática. La lógica detrás de la medida es que, si los estudiantes extranjeros no residentes comienzan a pagar, el sistema universitario argentino podría obtener ingresos adicionales para cubrir las deficiencias presupuestarias. Pero, como suele ocurrir en este país, la realidad es mucho más complicada que una simple ecuación de ingresos y egresos.
Por un lado, están los que argumentan que la universidad pública está quebrada. Y no están del todo equivocados. Las universidades han sido blanco de recortes presupuestarios desde hace años, los sueldos de los docentes son bajos y las condiciones en algunas facultades, lamentables. En ese contexto, cualquier fuente extra de ingresos parece una idea sensata. Pero, ¿realmente lo es?
Porque el otro lado de la discusión es igualmente válido: si Argentina empieza a cobrar a los extranjeros, el país corre el riesgo de perder su prestigio como centro educativo regional. Miles de estudiantes extranjeros eligen venir a nuestras universidades no solo por la gratuidad, sino por el nivel académico.
¿No hay plata? No te la creas
Hace poco salió a la luz un dato que, para quienes seguimos de cerca la situación universitaria, ya no sorprende: $13.845.000,00 es lo que cuesta el chofer privado del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Sí, leíste bien. Mientras docentes, alumnos y trabajadores se quejan de la falta de insumos y recursos, ese es el dinero destinado, no a mejorar las aulas, sino al transporte personal de una sola persona. Así que cuando te dicen que "no hay plata", lamento decirte que sí la hay, solo que no para vos. Pero ojo, para el chofer sí.
Este es solo un ejemplo de la mala gestión que impera en muchas universidades públicas del país. Fondos hay, pero los destinos de esos fondos son, cuanto menos, cuestionables. Por eso, la propuesta de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes no es tan descabellada. La universidad pública necesita ser sustentable, pero también auditada.
Auditar y arancelar: las dos caras de la moneda
Ahora, no quiero que se malinterprete. No estoy diciendo que la universidad deba volverse un espacio exclusivo o privatizado. Todo lo contrario. Lo que estoy defendiendo es la necesidad de un equilibrio. Por un lado, necesitamos una universidad financiada de manera responsable, lo que incluye que aquellos que se benefician del sistema, como los estudiantes extranjeros no residentes, hagan un aporte económico. Por otro lado, también es indispensable que auditemos de una vez por todas la gestión interna de las universidades.
El caso del chofer del rector de la Universidad Nacional de Rosario no es un hecho aislado. Solo hace falta rascar un poco la superficie para descubrir que gran parte del presupuesto universitario se va en sueldos inflados de funcionarios, gastos administrativos superfluos y otros privilegios que nada tienen que ver con mejorar la calidad educativa. Entonces, ¿de qué sirve pedir más dinero si no sabemos en qué se está usando el que ya tenemos?
Las universidades necesitan ser auditadas de forma independiente y transparente. Solo así podremos saber si la falta de recursos es real o si, como en muchos casos, lo que falta es voluntad para administrar correctamente.
¿Qué implicaría realmente este proyecto?
Supongamos que la medida se aprueba. ¿Qué cambiaría? De entrada, las universidades tendrían que implementar un sistema de cobro y control que, hoy por hoy, no existe. Es decir, más burocracia. Además, no está claro si el dinero recaudado sería suficiente para cubrir las necesidades urgentes del sistema educativo.
Más allá del impacto financiero, también habría un costo social. El cobro a los extranjeros podría desencadenar tensiones diplomáticas con los países de origen de los estudiantes, muchos de los cuales han mantenido relaciones bilaterales estables con Argentina en el ámbito educativo. Además, podría generar una percepción de exclusión que no se alinea con la imagen que el país ha construido durante años.
¿Qué sigue?
Lo que sigue ahora es un debate necesario, pero también honesto. Es hora de dejar de romantizar la gratuidad absoluta y empezar a hablar de soluciones prácticas. Cobrar aranceles a estudiantes extranjeros es una de esas soluciones. Pero no debe ser la única. Necesitamos auditar, mejorar la gestión, y sobre todo, poner fin a los privilegios que solo benefician a unos pocos, como el chofer privado del rector de Rosario.
La universidad pública puede y debe seguir siendo un espacio de acceso y calidad, pero para que eso suceda, es necesario contar con una administración eficiente y honesta. Y sí, eso implica que quienes más obtienen ventajas del sistema, también asuman parte de la responsabilidad de sostenerlo.
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