La Confederación General del Trabajo (CGT) y el peronismo intensifican su estrategia para frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno, pero en el Senado el panorama sigue siendo adverso: no logran sumar los votos necesarios para bloquear la ley. Más allá de las tensiones abiertas por el capítulo fiscal —que podría caerse si no hay acuerdo—, el grueso de las bancadas aliadas y federales anticipa que acompañará la norma en general. Ante ese escenario, desde el peronismo ya adelantan que, si la iniciativa se aprueba, recurrirán a la Justicia para intentar frenarla.
El principal armado opositor en la Cámara alta es el interbloque “Popular”, que reúne al bloque Justicialista conducido por José Mayans, a los dos senadores del Frente Cívico de Santiago del Estero y a los cinco legisladores de Convicción Federal. En el mejor de los casos, si todos actuaran en bloque —algo que no ocurrió, por ejemplo, durante la votación del Presupuesto—, alcanzarían 28 votos en contra. Muy lejos de los 37 necesarios para bloquear la sanción de la ley.
En este contexto, parte de la expectativa del peronismo está puesta en la relación cada vez más tensa entre los gobernadores y la Casa Rosada. Las negociaciones por los fondos nacionales atraviesan un momento delicado y, si el conflicto se profundiza, algunos senadores podrían cambiar su posición. Por eso, los bloques opositores aguardan definiciones de los mandatarios provinciales tras la reunión que están organizando para el miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Sin embargo, en el propio peronismo admiten que es poco probable que el desenlace sea lo suficientemente drástico como para hacer caer la ley. Por eso, ya comenzaron a advertir al oficialismo que, si la reforma se aprueba tal como está, será judicializada. El antecedente inmediato es el mega DNU 70, cuyo capítulo laboral fue suspendido y declarado inconstitucional por la Justicia, aunque el Ejecutivo mantiene una apelación abierta ante la Corte Suprema.
En aquel caso, los tribunales no objetaron el contenido de la reforma, sino el mecanismo utilizado: el decreto no cumplía con el requisito de “necesidad y urgencia” y el Presidente no puede legislar por DNU en materia laboral. Ahora, el Gobierno siguió el camino institucional y envió una ley al Congreso, lo que obliga al peronismo a reformular su estrategia judicial.
El nuevo eje de la ofensiva opositora apunta a la inconstitucionalidad del contenido. En el peronismo sostienen que la reforma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al facilitar despidos, modificar indemnizaciones y debilitar los convenios colectivos. Además, argumentan que viola el “principio de no regresividad” de los derechos laborales, al empeorar condiciones existentes y trasladar mayores riesgos al trabajador.
“El proyecto destruye derechos históricos conquistados por el movimiento obrero”, repiten en los bloques cercanos a la CGT. En esa línea, el gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que “la reforma laboral de Milei no tiene nada que ver con la libertad que pregona”, y advirtió que sin vacaciones ni descanso “esa libertad es solo un discurso”.
Desde el oficialismo, el ministro del Interior Diego Santilli salió al cruce: acusó al kirchnerismo de oponerse a la baja de Ganancias para las empresas y priorizar la recaudación por sobre la generación de empleo, en un mensaje que también apuntó a los gobernadores que reclaman por la caída del 0,15% del PBI en recursos.
Mientras tanto, el peronismo también enfrenta divisiones internas. La ex ministra de Trabajo Kelly Olmos presentó un proyecto alternativo de reforma laboral que propone reducir gradualmente la jornada laboral, regular el trabajo en plataformas y ampliar licencias parentales. La iniciativa generó malestar en el ala kirchnerista, que impulsa su propio proyecto a través de la diputada Vanesa Siley.
En el Senado intentan bajar el tono de esas diferencias: aseguran que, por ahora, no impulsan ningún proyecto propio y que la prioridad es coordinar una estrategia común con la CGT frente a una reforma que, aseguran, volverá a poner en disputa el corazón del modelo laboral argentino.
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