En diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo argentino promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, reformando profundamente el sistema de inteligencia nacional. En paralelo, avanzó un rediseño funcional de la Ley de Seguridad Interior, ampliando el margen de intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. Ambos movimientos normativos, aunque técnicamente independientes, convergen en una dirección preocupante: la instauración de un Estado de vigilancia preventiva, donde la disidencia política y social puede ser tratada como amenaza estratégica.
Una reforma sin Congreso, sin debate, sin límites
El DNU 941/2025 crea, entre otras cosas, una nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia con amplias facultades para recolectar información personal, interceptar comunicaciones digitales y operar en entornos civiles sin orden judicial previa. Además, habilita a los agentes de inteligencia a detener personas en supuestos casos de “flagrancia”, otorgándoles una potestad policial que la democracia argentina históricamente había prohibido a sus servicios secretos.
Se rompe así un principio constitucional básico: la separación entre inteligencia estratégica y función represiva. Hasta ahora, la inteligencia debía informar al poder político o judicial; ahora puede actuar directamente sobre las personas, detenerlas y recolectar evidencia, en muchos casos, sin control externo. Y lo más grave: todo esto fue implementado por decreto, sin debate parlamentario, sin audiencias públicas, sin consenso.
El nuevo “enemigo interno”: disidencia, protesta, crítica
Las modificaciones a la Ley de Seguridad Interior acompañan esta lógica. En nombre de la “seguridad nacional”, se abren puertas para que las Fuerzas Armadas asistan a las fuerzas de seguridad en conflictos internos, especialmente cuando se trate de proteger “infraestructura crítica” o prevenir acciones que afecten la “estabilidad institucional”. Esta ambigüedad jurídica, lejos de ser accidental, es funcional: permite que una huelga minera, una protesta social o una sentada estudiantil puedan ser catalogadas como amenazas estratégicas, habilitando respuestas militarizadas.
En este nuevo paradigma, el enemigo ya no es un actor externo, ni siquiera un delincuente común. Es el ciudadano que protesta, que critica, que se organiza. Y la vigilancia estatal se presenta no como control de delitos ya cometidos, sino como prevención de comportamientos “potencialmente peligrosos”. La figura del “pre-crimen” –popularizada en la ciencia ficción– aparece legitimada en las funciones de ciberinteligencia: el Estado analiza, perfila, infiere intenciones, y actúa antes de que exista siquiera un hecho.
Un modelo importado con sello geopolítico
Este giro represivo no ocurre en el vacío. Está alineado con la nueva doctrina de defensa del Comando Sur de Estados Unidos, que define recursos estratégicos como el litio, el petróleo y el agua dulce del Cono Sur como prioritarios para su seguridad hemisférica y que erradamente considera que la derecha dictatorial es la manera de terminar con las izquierdas en Latinoamérica cuando eso siempre genero efecto rebote. En este marco, cualquier factor de inestabilidad social o política que amenace ese flujo de recursos es tratado como un riesgo regional.
La consecuencia es evidente: se incentiva que los Estados nacionales vigilen, neutralicen o criminalicen a sus propios ciudadanos si estos cuestionan el rumbo económico, ambiental o geopolítico del país. Argentina, en lugar de construir una agenda autónoma de seguridad democrática, parece asumir con docilidad un guión externo que redefine a sus propios movimientos sociales como “focos de injerencia o desestabilización”.
La democracia necesita límites, no excepciones
El argumento oficial para estas reformas es predecible: “la seguridad exige modernización”, “el mundo cambió”, “la amenaza ya no es convencional”. Nadie discute la necesidad de adaptar los marcos legales a nuevas formas de criminalidad, incluidas las digitales. Pero hay una diferencia profunda entre fortalecer la inteligencia estatal con controles judiciales y otorgar a los servicios de inteligencia capacidades de policía sin rendición de cuentas.
Los países que aprendieron de sus dictaduras –y Argentina debería ser uno de ellos– saben que la seguridad sin límites se vuelve inseguridad para la ciudadanía. Que cuando el Estado puede espiar sin orden, detener sin juicio y manipular pruebas sin control, el problema ya no es el delito: es el poder.
Un llamado a la responsabilidad democrática
El Congreso, la Justicia, las universidades, los medios y la sociedad civil deben reaccionar. No podemos naturalizar que se legisle por decreto materias sensibles, ni permitir que se reinstalen lógicas de inteligencia interna encubiertas. Mucho menos cuando el precio a pagar puede ser el silenciamiento sistemático de toda oposición legítima.
En tiempos donde el miedo se usa como excusa para recortar libertades, defender los derechos no es un lujo ideológico, sino una urgencia institucional. No se trata de conspiraciones ni de retórica extremista. Se trata de comprender que lo que hoy se permite contra el “otro” –el militante, el crítico, el marginal– puede mañana volverse regla general para todos. El Estado de Derecho se defiende cada día, o se pierde en silencio.
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