Ariel Lijo y Manuel García Mansilla
El Decreto de Milei y las Implicaciones Políticas de la Designación de Lijo y Mansilla en la Corte Suprema
Este martes, el presidente Javier Milei firmó un decreto por el cual nombró, en comisión, a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema de la Nación. La medida, que se espera sea publicada en el Boletín Oficial, los designa en funciones por un año, el límite establecido para estos nombramientos temporales. Sin embargo, esta decisión ha generado gran controversia en el ámbito político, especialmente en el Senado, donde el Ejecutivo no logró alcanzar las mayorías necesarias para aprobar estos cargos de manera permanente.
Un decreto controversial: ¿Por qué la designación por DNU?-
El nombramiento de Lijo y Mansilla por decreto se enmarca dentro de un proceso complejo. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Milei por obtener consenso en el Senado, la falta de una mayoría firme y el rechazo de sectores clave, incluidas las fuerzas opositoras y algunos aliados, obligaron a la Casa Rosada a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para sortear la falta de aprobación legislativa. Este procedimiento, legalmente permitido, es cuestionado por muchos, quienes lo consideran inapropiado debido a la ausencia de una urgencia real que justifique su uso.
Lijo y Mansilla: ¿Por qué tanta resistencia?
Ariel Lijo, juez federal conocido por su trayectoria en la justicia, ha sido una figura polémica. Su nombramiento ha encontrado resistencia tanto dentro del oficialismo como en la oposición. No obstante, fue el único de los propuestos por el gobierno cuyo dictamen logró las firmas necesarias para ser tratado en el Senado, lo que en parte justifica su inclusión en el pliego. Por otro lado, Manuel García Mansilla, un académico con menos experiencia judicial, también fue recibido con críticas por sectores que cuestionan su idoneidad para un cargo de tanta relevancia.
El impacto en el poder judicial y los pactos políticos
Lo cierto es que el nombramiento de Lijo y Mansilla no es solo un movimiento judicial, sino un fuerte gesto político. El oficialismo ha reconocido que buscará obtener las mayorías necesarias en el próximo año para hacer permanentes a los nuevos jueces. Sin embargo, el uso del DNU para esta designación ha levantado suspicacias sobre los pactos políticos que podrían estar detrás de esta decisión. Existen rumores de negociaciones con figuras clave, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los gobernadores, quienes podrían haber negociado sus apoyos a cambio de la inclusión de ciertos candidatos en otras áreas judiciales. Además, la reciente crisis institucional en la Corte, que enfrenta demandas millonarias por parte de provincias y otros actores, ha creado un terreno propenso para este tipo de acuerdos.
Un movimiento estratégico o una decisión apresurada: ¿Qué hay detrás de la designación?
Este nombramiento, que recuerda el proceso utilizado por Mauricio Macri en 2016 para designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ha sido interpretado por muchos como un intento de Milei por consolidar su influencia en el poder judicial, especialmente tras los conflictos que enfrentó con el máximo tribunal. No obstante, las decisiones de designar jueces de esta manera, por DNU, son criticadas por su falta de consenso y su potencial vulneración de principios constitucionales. En este sentido, la legalidad de la medida se pone en duda, ya que no parece existir una "urgencia" que justifique el uso de un DNU.
La polémica sobre la independencia judicial y la relación con el kirchnerismo
El nombre de Lijo también ha generado preocupación en el ámbito político por su vínculo con la denuncia presentada hace casi dos décadas por Elisa Carrió sobre el vaciamiento de YPF, en la que Lijo jugó un papel crucial como juez. Aunque la causa nunca avanzó sustancialmente, este historial ha resurgido ahora que se busca su ascenso a la Corte Suprema, lo que suma complejidad a la situación. Además, la posible cercanía de Lijo con sectores del kirchnerismo ha abierto un debate sobre cómo este nombramiento podría beneficiar a la expresidenta y vice, Cristina Fernández de Kirchner, especialmente en un contexto donde la Corte está involucrada en causas clave para el oficialismo y la oposición.
Peligro para la independencia judicial
El nombramiento de Lijo y Mansilla es, sin duda, un tema polémico. Aunque la decisión puede interpretarse como un intento legítimo de llenar vacantes importantes en la Corte Suprema, el uso de un DNU y la falta de consenso legislativo reflejan las tensiones políticas que rodean este proceso y la falta de acuerdo. La incertidumbre sobre su permanencia en la Corte y las críticas sobre la constitucionalidad de la medida plantean interrogantes sobre el futuro judicial de Argentina. A medida que el tiempo avance, será crucial observar cómo evolucionan estos nombramientos y qué impacto tendrán en la independencia de la justicia y en la estabilidad del sistema político argentino.
Comentarios