Veintiséis años después de la caída del régimen encabezado por su padre, el apellido Fujimori vuelve a instalarse en el Palacio de Gobierno de Lima. La victoria de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2026 constituye uno de los acontecimientos políticos más trascendentes de la historia reciente del Perú. No solamente representa el retorno al poder de la fuerza política más influyente de las últimas tres décadas, sino también el cierre provisional de un ciclo político marcado por la fragmentación institucional, la sucesión ininterrumpida de presidentes, la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y el agotamiento del denominado antifujimorismo como principal factor ordenador de la política peruana.
La confirmación oficial de los resultados por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tras un escrutinio excepcionalmente prolongado debido a la estrechísima diferencia entre los dos candidatos, puso fin al proceso electoral, aunque no consiguió clausurar la controversia política. Roberto Sánchez continúa denunciando irregularidades en el procesamiento de las actas provenientes del exterior y rechaza reconocer la legitimidad política de la nueva mandataria. Las autoridades electorales, sin embargo, rechazaron todas las impugnaciones presentadas y ratificaron la victoria de la candidata de Fuerza Popular.
La diferencia final apenas superó los cuarenta y nueve mil votos sobre más de dieciocho millones de sufragios válidos emitidos. Pocas veces en la historia republicana peruana un gobierno comenzó su mandato con una legitimidad jurídica tan sólida y una legitimidad política tan discutida.
Paradójicamente, la propia Keiko Fujimori es plenamente consciente de esa contradicción. Su victoria no expresa una adhesión mayoritaria al proyecto político del fujimorismo sino el resultado de una sociedad profundamente polarizada que continúa votando más contra sus adversarios que a favor de quienes finalmente resultan elegidos.
La presidenta electa llega al poder después de cuatro intentos presidenciales distribuidos a lo largo de quince años. Perdió frente a Ollanta Humala en 2011, frente a Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y frente a Pedro Castillo en 2021. Durante todo ese período el denominado antifujimorismo consiguió articular una heterogénea coalición integrada por sectores liberales, izquierdistas, centristas e incluso conservadores que compartían una única prioridad: impedir el regreso al poder del movimiento fundado por Alberto Fujimori. Esa coalición terminó desintegrándose bajo el peso de la propia crisis política peruana.
Los sucesivos gobiernos que sucedieron al mandato de Ollanta Humala fueron incapaces de reconstruir la confianza ciudadana. Pedro Pablo Kuczynski terminó renunciando acosado por el Congreso. Martín Vizcarra fue destituido mediante la discutida figura de la incapacidad moral permanente. Manuel Merino apenas permaneció algunos días en el poder antes de verse obligado a dimitir por una intensa movilización social. Francisco Sagasti condujo una transición precaria. Pedro Castillo protagonizó un fallido intento de autogolpe antes de ser destituido y encarcelado. Dina Boluarte gobernó bajo niveles históricamente bajos de aprobación mientras enfrentaba graves protestas sociales y denuncias por el uso excesivo de la fuerza.
En apenas una década el Perú conoció nueve presidentes. Ese extraordinario deterioro institucional modificó profundamente las prioridades del electorado. El principal problema dejó de ser la memoria del régimen de Alberto Fujimori para convertirse en la incapacidad del Estado de garantizar orden, estabilidad y seguridad.
El politólogo José Incio ha sostenido que el antifujimorismo dejó de funcionar como identidad política dominante porque las nuevas generaciones comenzaron a valorar con mayor intensidad las promesas de estabilidad que las advertencias sobre el pasado autoritario del país. En una línea semejante, Ricardo Cuenca interpreta la victoria de Fujimori como el producto del agotamiento colectivo frente a años de incertidumbre permanente. Para una parte considerable del electorado, la candidata dejó de representar el mayor de los riesgos para convertirse en el mal menor.
No significa que la sociedad peruana haya reconciliado su relación con el legado político de Alberto Fujimori. Muy por el contrario. La figura del antiguo presidente continúa dividiendo profundamente a la opinión pública.
Para millones de peruanos continúa siendo el dirigente que derrotó militarmente a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, estabilizó una economía devastada por la hiperinflación y sentó las bases del extraordinario crecimiento económico experimentado por el país durante las décadas siguientes.
Otros millones sigue siendo el responsable del autogolpe de 1992, de graves violaciones a los derechos humanos, del control político del Poder Judicial, del Congreso y de los medios de comunicación, así como del gigantesco entramado de corrupción organizado alrededor de Vladimiro Montesinos. Keiko Fujimori carga inevitablemente con ambas memorias.
Durante toda la campaña reivindicó los logros económicos y de seguridad alcanzados por el gobierno de su padre, pero procuró distanciarse de sus prácticas autoritarias. Prometió respetar plenamente el orden constitucional, fortalecer la institucionalidad democrática y combatir simultáneamente la corrupción y la criminalidad organizada. El desafío consiste precisamente en convencer de esa promesa a una sociedad extraordinariamente desconfiada.
Diversas encuestas realizadas durante la campaña mostraban que la imagen negativa de Fujimori continuaba superando ampliamente a su imagen favorable. Ningún presidente peruano reciente ha llegado al poder arrastrando semejantes niveles de rechazo social. La paradoja no deja de ser notable.
Nunca antes había conseguido ganar una elección presidencial, pero probablemente nunca antes había despertado tan pocas expectativas positivas entre quienes finalmente terminaron votando por ella. La explicación se encuentra menos en la fortaleza del fujimorismo que en la extraordinaria fragmentación del sistema político peruano. La primera vuelta electoral dejó un dato revelador. Keiko Fujimori apenas obtuvo alrededor del diecisiete por ciento de los votos válidos, convirtiéndose en la candidata más votada dentro de un universo de treinta y cinco postulantes presidenciales. Roberto Sánchez alcanzó apenas el doce por ciento. Entre ambos reunieron menos de un tercio del electorado.
En cualquier otro sistema político semejante resultado habría sido interpretado como una evidencia de extrema debilidad. En el Perú contemporáneo constituye, por el contrario, una demostración del grado de atomización alcanzado por la representación política.
La desaparición práctica de los grandes partidos nacionales produjo un escenario donde casi todas las organizaciones políticas poseen liderazgos personalistas, escasa implantación territorial y estructuras extremadamente frágiles. Los gobiernos llegan al poder sin bases parlamentarias suficientemente sólidas y deben negociar permanentemente con agrupaciones cuya cohesión interna suele modificarse en cuestión de meses. Ese fenómeno constituye probablemente el mayor desafío institucional que enfrentará la nueva presidenta. La victoria electoral no significa el final de la crisis política peruana. En muchos aspectos apenas inaugura una nueva etapa de la misma.
La sociedad permanece dividida casi exactamente por mitades. El mapa electoral reproduce antiguas fracturas territoriales entre Lima y las regiones andinas, entre la costa y el interior, entre los sectores urbanos relativamente integrados a la economía formal y amplias zonas rurales donde el Estado continúa siendo una presencia extremadamente limitada. La legitimidad territorial del nuevo gobierno también presenta claroscuros.
Aunque Fujimori terminó imponiéndose en el resultado nacional gracias al decisivo respaldo obtenido entre los peruanos residentes en el exterior, dentro del territorio peruano la distribución del voto volvió a mostrar una geografía profundamente fragmentada. Las regiones del sur andino continúan siendo particularmente refractarias al fujimorismo, mientras la costa central y norte volvió a convertirse en uno de sus principales bastiones electorales.
Esa fractura geográfica trasciende las preferencias partidarias. Expresa modelos distintos de desarrollo económico, percepciones diferentes acerca del Estado y memorias históricas frecuentemente incompatibles. Gobernar ese país exigirá algo más complejo que administrar una mayoría parlamentaria. Exigirá reconstruir una comunidad política cuya cohesión viene deteriorándose desde hace más de una década. Y esa será probablemente la prueba más difícil del segundo fujimorismo.
Gobernar con una minoría política: el verdadero desafío de Keiko Fujimori
Si la victoria electoral de Keiko Fujimori puso fin a una larga espera personal de quince años, el ejercicio efectivo del poder comenzará inmediatamente bajo condiciones que distan mucho de ser favorables. El mayor desafío de su administración no será la oposición de la izquierda ni la persistencia del antifujimorismo. Su principal problema será construir gobernabilidad en un sistema político cuya característica dominante ha dejado de ser la confrontación ideológica para convertirse en la fragmentación institucional.
El dato que mejor resume esa realidad suele quedar eclipsado por el resultado del balotaje. Fujimori llega a la Presidencia después de haber obtenido apenas alrededor del diecisiete por ciento de los votos en la primera vuelta. Aunque ese porcentaje fue suficiente para encabezar una competencia extraordinariamente atomizada, revela que la nueva mandataria parte de una base política reducida. Su victoria definitiva en la segunda vuelta respondió mucho más a la lógica del rechazo hacia Roberto Sánchez que a una adhesión mayoritaria a su programa de gobierno. Esa circunstancia condicionará toda su administración.
En los sistemas presidenciales latinoamericanos resulta relativamente frecuente que un mandatario llegue al poder sin mayoría legislativa. Lo excepcional en el caso peruano es que el presidente tampoco dispone de un respaldo social consolidado capaz de compensar esa debilidad parlamentaria. La legitimidad electoral existe y nadie puede discutirla desde el punto de vista jurídico. La legitimidad política, en cambio, deberá construirse diariamente mediante resultados tangibles. La experiencia reciente del Perú constituye una advertencia permanente.
Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, prácticamente ningún presidente consiguió ejercer plenamente el mandato para el que había sido elegido. La figura constitucional de la vacancia por incapacidad moral permanente terminó convirtiéndose en un instrumento de presión política que alteró profundamente el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Lo que originalmente aparecía como un mecanismo excepcional de control terminó utilizándose como una herramienta ordinaria para resolver conflictos políticos. Ese precedente condicionará inevitablemente la conducta del nuevo gobierno.
No obstante, existen diferencias importantes respecto de los presidentes que la precedieron. Diversos analistas, entre ellos Ricardo Cuenca y José Incio, coinciden en que Keiko Fujimori enfrenta un riesgo institucional inferior al que afrontaron Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra o Pedro Castillo. La razón es sencilla. A diferencia de aquellos mandatarios, Fujimori no gobernará frente a un Congreso estructuralmente hostil.
Fuerza Popular no contará con una mayoría propia capaz de imponer unilateralmente su agenda legislativa. Sin embargo, dispondrá de la bancada más numerosa y, sobre todo, de una extensa experiencia negociadora acumulada durante más de una década de intensa actividad parlamentaria. Ninguna otra organización política peruana posee semejante capacidad para construir alianzas coyunturales. La propia evolución del sistema político favorece esa posibilidad.
El Congreso peruano ha experimentado una profunda transformación desde comienzos de la década. La reinstauración de la bicameralidad modifica nuevamente los incentivos de la negociación política. El nuevo Senado adquiere un peso considerable dentro del proceso legislativo y concentra facultades institucionales particularmente relevantes para la estabilidad gubernamental. En ese escenario, la capacidad de tejer acuerdos transversales adquiere un valor incluso mayor que la simple acumulación de escaños.
Keiko Fujimori conoce mejor que ningún otro dirigente peruano el funcionamiento interno del Parlamento.
Durante años fue acusada precisamente de ejercer desde el Congreso una influencia desproporcionada sobre la vida política nacional. Sus adversarios la responsabilizan de haber impulsado la estrategia de confrontación que terminó precipitando la caída de varios presidentes. Sus partidarios sostienen, por el contrario, que aquella actuación respondió a la necesidad de controlar gobiernos débiles e incapaces de combatir la corrupción.
Sea cual fuere la interpretación, existe un hecho difícilmente discutible. La futura presidenta comprende con precisión las dinámicas parlamentarias que desestabilizaron a sus predecesores. Esa experiencia puede convertirse simultáneamente en su mayor fortaleza y en su principal riesgo. Fortaleza, porque probablemente evitará reproducir errores que terminaron aislando políticamente a otros presidentes. Riesgo, porque buena parte de la sociedad teme que el fujimorismo reproduzca desde el Ejecutivo la misma concentración de poder que históricamente ejerció desde el Legislativo. La cuestión trasciende la mera aritmética parlamentaria.
Lo que verdaderamente estará en juego será la capacidad del sistema político para abandonar la lógica permanente de la confrontación institucional.
Durante los últimos años, el Perú vivió inmerso en un conflicto casi permanente entre los poderes del Estado. Presidentes y congresistas actuaron frecuentemente como adversarios irreconciliables antes que como instituciones obligadas a cooperar dentro del marco constitucional. Esa dinámica paralizó reformas fundamentales, debilitó la confianza de los inversores y alimentó una creciente frustración ciudadana hacia el conjunto de la clase política. La nueva administración tiene la oportunidad de modificar esa tendencia. Pero también enfrenta la tentación de profundizarla. La estabilidad dependerá, en buena medida, de la composición del primer gabinete ministerial.
En las democracias parlamentarias el gabinete constituye una prolongación natural del gobierno. En el Perú contemporáneo se ha convertido además en una señal política dirigida a los mercados, al Congreso y a la comunidad internacional.
Los mercados financieros observarán especialmente la continuidad de la autonomía del Banco Central de Reserva, el respeto por la disciplina fiscal y la preservación del modelo de economía social de mercado que permitió al Perú convertirse durante más de dos décadas en una de las economías más estables de América Latina. En ese aspecto, la presidenta electa parece haber comprendido el mensaje.
Durante toda la campaña evitó cualquier planteamiento que pudiera interpretarse como una ruptura con el consenso macroeconómico construido desde comienzos del siglo XXI. Por el contrario, prometió fortalecer la inversión privada, garantizar la seguridad jurídica, acelerar las asociaciones público-privadas, simplificar la burocracia administrativa y preservar la independencia de las principales instituciones económicas.
La reacción inicial del sector empresarial ha sido moderadamente favorable. No responde únicamente a afinidades ideológicas. También refleja el convencimiento de que un gobierno encabezado por Fujimori ofrecerá mayor previsibilidad regulatoria que las alternativas representadas por la izquierda radical. Esa percepción constituye uno de los principales activos políticos con los que inicia su mandato.
Adalberto Agozino es Doctor en Ciencia Política, Analista Internacional y Docente de la Universidad de Buenos Aires
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