Durante años, el chavismo negó públicamente la existencia de presos políticos en Venezuela, insistiendo en que solo encarcelaba “terroristas” y “delincuentes”. La BBC News Mundo lo recordó al reseñar cómo, después de años de negación, la propia Asamblea Nacional chavista terminó aprobando una ley de amnistía para presos políticos el 19 de febrero de 2026. Hoy, ese mismo poder impulsa y celebra una “histórica” ley de amnistía que, según su discurso oficial, marca el inicio de una era de paz y reconciliación al liberar a cientos de detenidos por motivos políticos, tal como recogió CNN en Español en su nota de “claves” del 19 de febrero de 2026.
La Asamblea Nacional, todavía bajo hegemonía chavista, aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, y el Ejecutivo la promulgó de forma acelerada, algo que quedó reflejado en la nota de la propia Asamblea Nacional del 19 de febrero de 2026 y en el reporte de Contrapunto sobre su publicación en Gaceta Oficial. Sin embargo, medios internacionales, organizaciones especializadas y organismos de derechos humanos coinciden en que la ley nace y se aplicará dentro de un sistema de justicia controlado por el mismo poder que protagonizó la represión, por lo que su alcance real dependerá menos del texto y más de la voluntad política del régimen, como subrayan CNN en Español, El País, el Alto Comisionado de la ONU y Acceso a la Justicia. En ese contexto, la amnistía aparece como un gesto ambivalente: alivia a muchas víctimas, pero preserva la estructura de control y convierte la libertad en una herramienta de gestión política.[bbc +6]
Contenido y diseño de la nueva ley de amnistía
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática cubre hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026, es decir, todo el periodo chavista desde la llegada de Hugo Chávez al poder hasta los primeros pasos de la nueva etapa tras la caída de Nicolás Maduro, según el proyecto oficial difundido por la Asamblea Nacional y analizado por El País el 20 de febrero de 2026. El proyecto, disponible en el portal parlamentario, señala que su objeto es conceder una amnistía “general y plena” a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos, en el marco de episodios de violencia y confrontación política, con el declarado propósito de “promover la paz social y la convivencia democrática”, formulación citada tanto por BBC News Mundo como por la nota institucional de la Asamblea Nacional. De acuerdo con ese texto y con los análisis publicados por BBC News Mundo (19 de febrero de 2026), CNN en Español (19 de febrero de 2026) y El País (20 de febrero de 2026), la ley establece tres efectos centrales: la extinción de acciones penales, disciplinarias y civiles vinculadas a los hechos amnistiados; la inclusión de procesos en curso y condenas firmes, así como de medidas cautelares personales como la prohibición de salida del país o el régimen de presentación periódica; y la eliminación de antecedentes y registros administrativos o policiales relacionados con esos hechos, con el fin de limpiar formalmente el historial de los beneficiarios. En términos jurídicos, se trata de un borrón de gran alcance, pero la aplicación de ese borrón queda en manos de tribunales, fiscalías y cuerpos de seguridad cuya falta de independencia ha sido documentada reiteradamente por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en su comunicado del 19 de febrero de 2026 y por Acceso a la Justicia en su análisis del 20 de febrero de 2026.
Beneficiarios directos: alcance real para presos y exiliados
Los reportes de BBC News Mundo (19 de febrero de 2026), CNN en Español (19 de febrero de 2026) y El País (20 de febrero de 2026) coinciden en que la ley puede beneficiar a cientos de presos por motivos políticos encarcelados en diferentes oleadas de represión desde comienzos de los años 2000. Entre ellos se encuentran dirigentes opositores, activistas, estudiantes, sindicalistas y manifestantes acusados de delitos como instigación, asociación para delinquir, conspiración, rebelión o traición a la patria, en el contexto de protestas y acciones de desobediencia frente al poder chavista, tal como detalló CNN en Español en su nota de claves. Además, el texto permite que venezolanos en el exilio que enfrentan órdenes de captura o procesos penales por causas políticas puedan solicitar la amnistía, ya sea directamente o a través de representantes legales, abriendo la puerta a su retorno sin riesgo inmediato de detención por esos hechos, según subrayan BBC News Mundo y El País. Desde el punto de vista humano, estos efectos son significativos: familias que llevan años sin ver a sus allegados pueden albergar una expectativa fundada de reunificación, personas que vivían bajo un régimen de presentación o con prohibiciones para viajar podrían recuperar parte de su libertad de movimiento, y figuras políticas inhabilitadas de facto por la amenaza penal podrían recuperar, al menos parcialmente, su capacidad para participar en la vida pública. Sin embargo, estas mismas fuentes subrayan que el impacto positivo se ve condicionado por la forma en que el régimen controla los tiempos y la selección de los casos, así como por el mantenimiento de otras herramientas de persecución, como las inhabilitaciones administrativas y las campañas de criminalización mediática que El País y CNN en Español documentan en sus coberturas de febrero de 2026.
Exclusiones clave: militares, fuerzas de seguridad y opositores “incómodos”
El núcleo más polémico de la ley se encuentra en el artículo que define los delitos excluidos de la amnistía. CNN en Español, en su análisis del 19 de febrero de 2026, resume que el artículo 9 prohíbe expresamente su aplicación a personas acusadas o condenadas por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en consonancia con el artículo 29 de la Constitución venezolana y con los estándares del Estatuto de Roma. También quedan fuera el homicidio intencional, ciertos delitos de alta gravedad, el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con penas mínimas elevadas, los delitos de corrupción contra el patrimonio público y la participación en “acciones armadas o violentas” contra el país o la población, especialmente si implican apoyo o intervención de Estados o entidades extranjeras, tal como explicó El País en su pieza “quiénes pueden acogerse, quiénes quedan excluidos y cómo se aplica”. En principio, esta arquitectura parece respetar los límites constitucionales e internacionales, ya que ni la Constitución venezolana ni el derecho internacional permiten amnistiar crímenes de lesa humanidad, genocidio o graves violaciones de derechos humanos; así lo recuerdan el informe país de Amnistía Internacional sobre Venezuela (AMR 53/006/2009) y su comunicado de julio de 2025 sobre desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El problema reside en quién califica los hechos y a las personas. Acceso a la Justicia, en su informe del 20 de febrero de 2026, destaca que la justicia penal venezolana ha sido utilizada de forma sistemática para perseguir opositores disfrazando casos políticos como delitos comunes o de “terrorismo”, mientras que graves abusos cometidos por agentes estatales rara vez se investigan como crímenes de lesa humanidad. En ese contexto, la categoría de “acciones armadas o violentas” puede servir para excluir de la amnistía a buena parte de los militares presos acusados de complots, pronunciamientos o intentos de desconocer a Maduro y al chavismo, aun cuando muchos de esos procesos están marcados por denuncias de montaje de pruebas y ausencia de garantías, así como para mantener fuera a determinados líderes opositores a quienes se les han atribuido acciones de “conspiración violenta” o supuestos llamamientos a intervención extranjera, según reconstruye El País. El resultado es una amnistía que, al mismo tiempo que libera a muchos presos políticos civiles, consolida una línea divisoria: ciertos opositores y un número relevante de militares y policías quedan fuera de su alcance, ya sea por ser considerados “demasiado peligrosos” o por funcionar como chivos expiatorios de un sistema que necesita mostrar algún grado de sanción sin comprometer a las cúpulas políticas y militares.
Libertad condicionada: de presos a “rehenes a cielo abierto”
Otro elemento central señalado por CNN en Español y por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU es que muchas de las excarcelaciones recientes se han producido bajo régimen de medidas cautelares, lo que convierte a los beneficiados en personas legalmente excarceladas, pero no plenamente libres. Entre las condiciones más habituales se encuentran la prohibición de salir del país, dificultando la búsqueda de asilo o la opción de refugio frente a posibles nuevas persecuciones; la prohibición de ofrecer declaraciones a los medios de comunicación o de participar en actos públicos y políticos, lo cual limita su capacidad de denunciar lo vivido y de reincorporarse a la vida cívica de manera plena; y la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales o fiscalías, manteniendo los expedientes activos y el riesgo latente de revocación de la libertad, como detalla CNN en sus “claves” del 19 de febrero de 2026. El ACNUDH, en su comunicado del 19 de febrero de 2026, advertía ya que el Estado venezolano ha utilizado de forma sistemática el sistema de justicia penal para perseguir a críticos y opositores, en un contexto de ausencia de independencia judicial. Dejar la ejecución de la amnistía en manos de esas mismas instituciones implica que muchas personas pasarán de ser presos formales a rehenes jurídicos cuya situación dependerá de la interpretación discrecional de jueces y fiscales alineados con el poder político, según refiere también el análisis de Acceso a la Justicia. En términos humanos, esto se traduce en una libertad vigilada: las personas pueden volver a sus casas, pero viven con la incertidumbre de una posible nueva detención, moderando sus discursos, restringiendo sus movimientos y calculando cada paso público para no activar nuevamente la maquinaria represiva, escenario descrito en varios testimonios recogidos por medios internacionales.
Procedimiento práctico para aplicar la amnistía en los tribunales
El texto de la ley, divulgado por la Asamblea Nacional en su proyecto del 6 de febrero de 2026, establece que la amnistía no se aplica de oficio de manera automática, sino a través de solicitudes presentadas ante los tribunales competentes. Pueden pedirla la persona procesada o condenada, su defensa o el Ministerio Público cuando reconoce que el caso encaja en los supuestos de la ley, incluso si la persona se encuentra fuera del país y actúa mediante apoderado, tal como especifican el proyecto y el análisis de CNN en Español. Con procesos en curso decide el tribunal de control o de juicio, y con condenas firmes actúa el tribunal de ejecución, de acuerdo con la estructura procesal descrita en el articulado. El juez debe verificar si el caso corresponde a delitos y fechas comprendidos por la amnistía y si la persona no está en alguno de los supuestos de exclusión; si procede, debe dictar sobreseimiento o una sentencia de reemplazo que declare extinguida la responsabilidad penal, ordenar el cese de medidas de coerción personal y levantar medidas cautelares derivadas de los hechos amnistiados, pasos señalados tanto por el texto legal como por los resúmenes de CNN y El País. El País señala que se fijó un plazo de quince días para que los tribunales se pronuncien sobre las solicitudes, aunque la experiencia venezolana muestra que los plazos procesales rara vez se respetan de manera uniforme. La ley también ordena la eliminación de registros y antecedentes relacionados, lo que requiere coordinación entre tribunales, Ministerio Público y organismos administrativos; Acceso a la Justicia advierte en su nota del 20 de febrero de 2026 que la eficacia de esta limpieza dependerá de esa articulación y de la voluntad de los órganos involucrados.
Crímenes de lesa humanidad: límites constitucionales e internacionales
Un aspecto central de cualquier amnistía es el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos. La Constitución venezolana, en su artículo 29, establece que los delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones graves de derechos humanos son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía ni de indulto, algo que Amnistía Internacional recuerda en su informe país sobre Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha reiterado que las amnistías que impidan la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con las obligaciones internacionales de los Estados, advertencia incluida en su declaración sobre la ley venezolana el 19 de febrero de 2026. A su vez, Amnistía Internacional ha documentado casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias masivas en Venezuela, señalándolos como posibles crímenes de lesa humanidad bajo el marco del Estatuto de Roma, en particular en su comunicado del 28 de julio de 2025 sobre desapariciones forzadas. La nueva ley de amnistía incorpora formalmente esta prohibición, excluyendo de su alcance las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, como resaltan CNN y El País. Sin embargo, en un contexto donde los principales acusados de haber cometido o tolerado esos crímenes conservan una fuerte influencia sobre el aparato judicial, la cuestión práctica es quién será efectivamente investigado y juzgado. Si los mismos órganos que facilitaron la impunidad durante años siguen decidiendo qué hechos califican como crímenes de lesa humanidad y quiénes son sus responsables, el riesgo es que la exclusión de la amnistía se use de manera selectiva, consolidando una impunidad de facto para ciertos altos mandos mientras se concentra la responsabilidad en niveles medios y bajos o incluso en algunos opositores etiquetados como “violentos”, según advierte Acceso a la Justicia en su análisis comparativo de amnistías.
Conclusión: la lógica del chantaje politico
En conjunto, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática representa, al mismo tiempo, un alivio necesario y un instrumento de poder. Desde la perspectiva de los derechos humanos, es innegable que su aplicación puede cambiar la vida de cientos de familias que llevan años esperando la liberación de sus seres queridos detenidos por motivos políticos, como destacan BBC News Mundo y CNN en Español en sus coberturas del 19 de febrero de 2026. Desde la perspectiva política e institucional, sin embargo, la norma está lejos de significar una ruptura con el modelo de persecución y control construido por el chavismo. El diseño de la ley y, sobre todo, las manos que la aplican permiten al régimen conceder libertad condicionada a parte de la oposición civil, excluir selectivamente a militares, policías y opositores incómodos, proyectar hacia el exterior una imagen de apertura y disposición al diálogo sin desmontar las estructuras de persecución, y escudarse en los límites del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad sin avanzar necesariamente hacia una rendición de cuentas real de quienes diseñaron y ejecutaron la política de represión, como sintetizan El País, Amnistía Internacional y el ACNUDH. En este escenario, la amnistía de 2026 parece menos un cierre de ciclo que una reconfiguración del mismo sistema, que ahora administra la libertad como recurso político: libera para aliviar presión, excluye para conservar poder y condiciona para mantener la posibilidad de castigo. En ese sentido, hablar de El Gran Chantaje no es solo una metáfora; describe un mecanismo en el que el régimen convierte la libertad de sus víctimas y de parte de sus propios operadores en moneda de negociación, sin renunciar realmente al control de la justicia ni a la capacidad de perseguir a quien le resulte incómodo mañana.
Referencias
TalCual. (2026, 20 febrero). Lea y descargue aquí el texto completo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. TalCual.
https://talcualdigital.com/lea-aqui-el-texto-completo-de-la-ley-de-amnistia-promulgada-en-2026/
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2026, 19 febrero). AN sanciona Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Contrapunto. (2026, 19 febrero). Publicada en Gaceta Oficial la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Contrapunto.
BBC News Mundo. (2026, 19 febrero). La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba una ley de amnistía para presos políticos. BBC News Mundo.
https://www.bbc.com/mundo/articles/c99j105gkvro[
CNN en Español. (2026, 19 febrero). Hasta dónde llega la ley de amnistía en Venezuela: claves. CNN.
El País. (2026, 20 febrero). Ley de amnistía en Venezuela: quiénes pueden acogerse, quiénes quedan excluidos y cómo se aplica. El País.
Acceso a la Justicia. (2026, 20 febrero). Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Acceso a la Justicia.
https://accesoalajusticia.org/ley-de-amnistia-para-la-convivencia-democratica/
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2026, 19 febrero). La ley de amnistía de Venezuela debe aplicarse a todas las víctimas procesadas ilegalmente y ser coherente con el derecho internacional de los derechos humanos. Naciones Unidas.
Amnistía Internacional. (2025, 28 julio). Venezuela: desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional. (2009). Venezuela [Informe país AMR 53/006/2009]. Amnistía Internacional.
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/amr530062009es.pdf
Sobre el Autor:
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, Ex militar del Ejército de Estados Unidos asi como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc.,, una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional. Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte. Europa y América Latina
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