Jesús Daniel Romero y William Acosta para Poder & Dinero y FinGurú
La estrategia de Paz Total busca abrir espacios de diálogo y negociación con diferentes grupos armados, pero ha resultado en la inclusión de líderes de organizaciones criminales, responsables de graves violaciones de derechos humanos, en las estructuras del poder. Algunos de estos individuos han sido elegidos como alcaldes, diputados, congresistas e incluso senadores, lo que representa una distorsión alarmante del proceso democrático. Esto no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también refuerza un sistema en el que la criminalidad es recompensada, perpetuando un ciclo de violencia y corrupción.
La idea de que estos criminales pueden ser "gestores de paz" se convierte en una trágica ironía. En lugar de actuar como agentes de cambio, muchos de ellos ejercen su influencia a través del miedo y la intimidación, utilizando su nuevo estatus político para proteger sus intereses. La falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas ha permitido que la impunidad se convierta en una característica inherente del panorama político colombiano.
Además, se critica la inclinación del presidente Petro a mentir compulsivamente. Se argumenta que tiene una notable habilidad para distorsionar la realidad y comunicar falsedades a sus seguidores, generando desconfianza incluso entre sus funcionarios. La mentira se describe como una patología utilizada para manipular, lo cual es peligroso, ya que un líderque miente puede generar división y poner en riesgo la estabilidad social, económica y política.
Petro es criticado por incumplir promesas, y en lugar de asumir responsabilidad, culpa a sus opositores, creando un ciclo de distracciones y nuevas propuestas sin fundamento. Se mencionan afirmaciones absurdas y la contradicción entre su discurso optimista y la realidad de problemas graves, como la falta de agua y la violencia en diversas regiones de Colombia. La crítica concluye que es desolador tener un presidente cuyas acciones están marcadas por la mentira, lo que deslegitima su gobierno y afecta gravemente al país.
En este contexto, se plantea la cuestión de si Petro es un aliado confiable de los Estados Unidos. Su participación en la investidura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde la identificó como miembro del M-19 y destacó sus posiciones izquierdistas, ha generado inquietudes sobre sus verdaderas intenciones. Se sostiene que la causa de la violencia en Haití y Ecuador está relacionada con la política desenfrenada de izquierda que promueve la producción de cultivos de coca y cocaína, exacerbando problemas de seguridad en la región.
Adicionalmente, se critica su comportamiento narcisista, donde parece priorizar su imagen y ambiciones personales sobre el bienestar colectivo. Esto se manifiesta en sus discursos y decisiones políticas, buscando constantemente validar su figura como líder a expensas de la verdad y la responsabilidad. Este narcisismo puede ser particularmente peligroso en un contexto que requiere un liderazgo comprometido con la justicia y la equidad.
A esto se suma que Petro aún no reconoce la victoria de la oposición sobre el régimen de Maduro y ha rechazado la propuesta del Congreso colombiano que lo insta a reconocer al líder opositor venezolano como presidente electo. Esta negativa resalta las tensiones en su política exterior y su alineación con gobiernos de izquierda en la región, generando dudas sobre su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
La inclusión de líderes de organizaciones criminales en la política como "gestores de paz" plantea serias dudas sobre la legitimidad de los procesos de paz. Individuos como Iván Márquez, Germán Alí Gutiérrez, alias “Pablito”, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otros, han logrado posiciones de poder, a pesar de su historial de violaciones de derechos humanos.
La situación se complica aún más con la descomposición de grupos armados como la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y el Estado Mayor Central de Iván Mordisco, lo que afecta negativamente los diálogos de paz. La fragmentación de estos grupos ha dificultado las negociaciones en el marco de la política de paz del gobierno, especialmente en la mesa de diálogo con el ELN, que se ha estancado desde la expiración de un cese al fuego bilateral en agosto.
La crisis en el Estado Mayor Central ha llevado al Gobierno a no estar dispuesto a negociar con su líder, Iván Mordisco, debido a las ofensivas de este grupo contra las fuerzas armadas. Aunque El presidente Petro considera que estas fracturas pueden representar un avance hacia la paz, otros analistas advierten que esta fragmentación podría tener consecuencias riesgosas.
Paralelamente, informes militares han revelado una preocupante estrategia de reclutamiento de menores de edad en el Cauca, dirigida por Iván Mordisco. Este fenómeno evidencia un patrón sistemático de explotación infantil en el marco del conflicto armado. En lo que va del año, el Ejército ha recuperado a 17 menores en Tolima, todos originarios del Cauca, lo que sugiere una táctica deliberada para movilizar a los jóvenes hacia áreas donde busca afianzar su control.
La estrategia de reclutamiento incluye "escuelas móviles" de entrenamiento, donde los jóvenes reciben capacitación en tácticas de combate. Esto les transforma en combatientes potenciales en un corto período de tiempo. Además de la explotación militar, el reclutamiento abarca graves violaciones de derechos humanos, como el abuso sexual, afectando tanto a niñas como a niños, quienes son víctimas de violencia sexual en estas organizaciones.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha establecido que al menos 18,677 niños y niñas fueron reclutados por las FARC-EP. La Sala de Reconocimiento ha concluido un análisis preliminar sobre el reclutamiento y ha definido una estrategia de priorización en el caso, investigando la utilización sistemática de menores en el conflicto armado entre 1996 y 2016.
La Sala ha definido tres hipótesis de investigación sobreconductas asociadas al reclutamiento: violencia sexual, desaparición forzada y homicidio, y otros tratos crueles. En la siguiente fase, se enfocará en el Bloque Oriental y sus territorios de influencia, llamando a 26 antiguos integrantes de este bloque a rendir versión ante la JEP.
La JEP ha encontrado un universo de 18,677 víctimas únicas, constituyendo una cifra provisional de hechos del Caso 07, sub caso FARC-EP. Esta cifra se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas por organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.
Este universo, sumado a la información de 274 víctimas acreditadas, permitirá a la Sala priorizar la investigación sobre el reclutamiento entre 1996 y 2016, determinando patrones y responsabilidades individuales. La Sala también analizará conductas asociadas al reclutamiento y determinará si constituyen crímenes internacionales.
La Sala concentrará su actuación en una lógica territorial, comenzando por el Bloque Oriental, que abarca varios departamentos donde se ha concentrado el 50% de los reclutamientos. Se indagará específicamente el impacto del reclutamiento en pueblos indígenas y se procurará su participación en las versiones que se realizarán.
En cuanto a la edad de las víctimas, la Sala ha determinado que las FARC-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente a niños y niñas de 15 a 17 años como parte de su política de reclutamiento. También se trabajará en la hipótesis de que reclutaron a menores de 14 años, contrariando sus propias disposiciones. La información indica que, al menos, 5,691 menores de este rango de edad fueron presuntamente reclutados, y que el 68% de las víctimas acreditadas eran menores de 15 años.
La interacción entre el narcotráfico y el tráfico de minerales crea un entorno de inestabilidad en la región. La influencia del Cartel de los Soles en el tráfico de drogas y minerales no solo afecta a Colombia, sino que también tiene repercusiones en otros países, fomentando una red de crimen organizado que puede complicarlos esfuerzos de seguridad regional.
La situación en el Cauca y Tolima resalta la urgente necesidad de intervención de las autoridades colombianas y organismos internacionales. Es crucial implementar programas de prevención y asistencia a las víctimas de reclutamiento y abuso, garantizando la rendición de cuentas de quienes perpetúan estas violaciones. La comunidad debe estar consciente de estos patrones y trabajar en la protección de la niñez en contextos de conflicto, asegurando un futuro libre de violencia y explotación.
Participación Política de Exguerrilleros
En la política colombiana, varios excombatientes de las FARC han logrado una notable participación en cargos públicos tras la firma del acuerdo de paz. En las elecciones regionales, dos antiguos guerrilleros han sido elegidos alcaldes, y el partido FARC ha conseguido otra alcaldía. En total, el partido presentó308 candidatos para diferentes cargos, de los cuales 101 eran exguerrilleros. Asimismo, exguerrilleros como José Obdulio Gaviria Vélez, Darío Mejía, y otros han ocupado posiciones en el partido Centro Democrático y otros contextos políticos en Colombia.
En conclusión, la fallida Paz Total del presidente Gustavo Petro No solo ha permitido la reconfiguración del poder criminal en Colombia, sino que también ha expuesto a los sectores más vulnerables de la población a la explotación y la violencia. La inclusión de jefes guerrilleros y paramilitares en la política como "gestores de paz" plantea serias dudas sobre la legitimidad de estos procesos. Es imperativo que el gobierno reevalúe su enfoque, priorizando la justicia y el bienestar de las víctimas sobre la impunidad y las conveniencias políticas. Solo así se podrá construir un futuro donde la paz sea una realidad concreta, cimentada en la justicia, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Con más de 30 años de experiencia como político y habiendo ocupado posiciones en el gobierno, Petro no ha logrado alcanzar ningún tipo de “Paz Total”, tal vez porque su retórica y su falta de acciones contundentes no logran inspirar confianza al pueblo. Esta patología representada por el presidente Petro podría también afectar la credibilidad de la venidera administración del presidente electo Donald Trump.
Créditos
Este artículo se ha elaborado a partir de diversas fuentes de información, incluyendo:
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - Comunicados y documentos oficiales sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de las FARC-EP.
Organizaciones de Derechos Humanos - Informes y testimonios sobre violaciones de derechos humanos en Colombia.
Prensa Nacional e Internacional - Artículos y reportajes de medios que han cubierto el conflicto armado en Colombia y el proceso de paz.
Investigaciones Académicas - Estudios que analizan el impacto del conflicto en la niñez y los patrones de violencia en Colombia.
Informes de entidades gubernamentales - Documentos que registran estadísticas sobre reclutamiento forzado y violaciones de derechos humanos.
Jesús Daniel Romero se convirtió en oficial a través del Programa de Alistados de la Marina, y se graduó con honores de la Universidad Estatal de Norfolk y recibió una Licenciatura en Ciencias Políticas. Posteriormente, se graduó del curso de Adoctrinamiento Pre-Vuelo de Aviación Naval del Comando de Escuelas de Aviación Naval y siguió el entrenamiento intermedio en los escuadrones VT-10 y VT-86. Sirvió a bordo de un crucero de misiles nucleares, barcos de operaciones anfibias y escuadrones de estado mayor, un escuadrón de bombardeo de ala fija de ataque y un ala aérea de portaaviones, fue enviado a Libia, Bosnia, Irak y Somalia. Presto servicios en giras con la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) en Panamá, el Centro Conjunto de Inteligencia del Pacífico en Hawái y el Comando Contable Conjunto de POW/MIA. Jesús y su equipo atacaron con éxito una organización criminal internacional que operaba en varios países y en los Estados Unidos desmantelando e interrumpiendo actividades criminales en nombre de los cárteles mexicanos.
William L. Acosta es el fundador y director ejecutivo de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Una agencia de investigación autorizada y vinculada en NYS, FL. Con oficinas y afiliados en todo el mundo. Equalizer mantiene oficinas y filiales en Estados Unidos en Nueva York, Florida y California. Desde 1999, las investigaciones de Equalizer han cerrado con éxito cientos de casos, que van desde homicidios, personas desaparecidas y otros delitos. Ha estado involucrado en la defensa penal de cientos de casos de defensa penal estatales y federales que van desde homicidio, narcóticos, rico, lavado de dinero, conspiración y otros cargos federales y estatales. Se especializa en investigaciones internacionales y multijurisdiccionales, y en los últimos años ha realizado investigaciones en Alemania, Italia, Portugal, España, Francia, Inglaterra, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, entre otras localidades. Ha dirigido o coordinado cientos de investigaciones relacionadas con el narcotráfico internacional, el lavado de dinero y los homicidios;y ha sido instructor y orador internacional sobre varios temas de investigación. Especialidades: Investigaciones de Defensa Criminal, Investigaciones Internacionales, Homicidios, Operaciones Encubiertas Narcóticos, Investigaciones, Investigaciones de Lavado de Activos, Conspiración, Trata Internacional de Personas, Vigilancia, Terrorismo Internacional, Inteligencia, Contramedidas de Vigilancia Técnica, Investigaciones de Asuntos Internos, Seguridad Nacional.
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