La eventual invasión de Estados Unidos a Venezuela no sería un episodio más de tensión geopolítica: constituiría un quiebre frontal del Derecho Internacional y un precedente de enorme gravedad para el sistema global construido tras la Segunda Guerra Mundial.
Desde 1945, el orden internacional se sostiene —al menos formalmente— sobre un principio básico: la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados, consagrado en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Ese principio no es retórico: es el cimiento que distingue al derecho internacional moderno de la ley del más fuerte.
Una intervención militar directa, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y sin una situación de legítima defensa inmediata, constituiría un acto de agresión, tipificado como crimen internacional tanto por la propia Carta de la ONU como por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La demolición del principio de soberanía
El argumento habitual para justificar este tipo de acciones —“intervención humanitaria”, “restauración de la democracia”, “lucha contra amenazas regionales”— ya ha sido utilizado en Irak, Libia y Afganistán. En todos los casos, el resultado fue el mismo: Estados destruidos, millones de muertos, desplazamientos masivos y caos regional, sin que la democracia prometida haya aparecido.
Aplicar ese mismo esquema sobre Venezuela implica algo aún más profundo: la anulación del principio de soberanía como norma universal. Si una potencia puede invadir a otro Estado por razones políticas, económicas o ideológicas, entonces el Derecho Internacional deja de ser derecho y pasa a ser una herramienta selectiva del poder.
Para América Latina, esto es especialmente grave. La región tiene una historia marcada por intervenciones, golpes inducidos y tutelaje externo. Una invasión abierta revalidaría la idea de que el continente sigue siendo una zona de influencia, no un conjunto de Estados soberanos iguales ante la ley.
El precedente que amenaza a todos
El problema no es solo Venezuela. El problema es el precedente jurídico y político que se establecería.
Si se acepta que una potencia puede intervenir militarmente porque un gobierno es “inaceptable”, “incómodo” o “alineado con rivales estratégicos”, entonces ningún Estado periférico está a salvo. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier país que decida controlar sus recursos, regular capitales externos o mantener una política exterior autónoma.
En ese contexto, el Derecho Internacional deja de proteger a los débiles y pasa a legitimar la dominación, regresando a una lógica premoderna donde la fuerza define la legalidad.
Recursos, geopolítica y discurso moral
No es casual que Venezuela sea uno de los países con mayores reservas energéticas del mundo. Tampoco es casual que el discurso de “seguridad” y “democracia” emerja con fuerza cuando están en juego recursos estratégicos y disputas entre grandes potencias.
El problema no es discutir el régimen político venezolano —eso forma parte del debate interno y regional—, sino naturalizar que la solución sea militar, externa y unilateral. Cuando los misiles reemplazan a la diplomacia, el derecho deja de existir.
Una advertencia para el orden global
Una invasión de Estados Unidos a Venezuela no sería solo una tragedia humanitaria y regional. Sería un golpe directo al sistema jurídico internacional, acelerando su descomposición y empujando al mundo hacia un escenario de confrontación permanente entre bloques.
Defender el Derecho Internacional no es defender gobiernos, sino defender reglas mínimas de convivencia entre Estados. Cuando esas reglas se rompen desde arriba, el mensaje es claro: el mundo entra en una etapa donde la fuerza vuelve a ser el único árbitro.
Y cuando eso ocurre, nadie —ni siquiera las potencias— sale indemne.
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