El péndulo argentino
En 1983, el ingeniero Marcelo Diamand publicó “El péndulo argentino: ¿Hasta cuándo?”, una ponencia presentada en Nashville, Estados Unidos, que describía con claridad las bases económicas del conflicto político argentino del siglo XX. Diamand identificó un comportamiento cíclico entre dos corrientes político-económicas: la “popular”, asociada al modelo keynesiano y representativa de las aspiraciones de las grandes masas, y la “ortodoxa-liberal”, vinculada al modelo neoclásico que representa a los sectores exportadores y financieros transnacionalizados. Este péndulo, según Diamand, explicaba las recurrentes crisis argentinas y su correlato político.
Sin embargo, hacia 2023, las bases económicas de este conflicto comenzaron a agotarse, desacomodando a los representantes políticos y dificultando su capacidad para articular coaliciones sociales. Los términos del antagonismo cambiaron, desamparando ideológicamente a ambos lados de "la grieta", e invirtiendo la ideología de los sectores populares. En el espectro “popular”, el peronismo quedó sin promesas ni un ideario nacional claro, mientras que en el lado ortodoxo-liberal, hoy llamado “libertario”, emergieron nuevas políticas económicas que rompieron con los patrones históricos, dando lugar, en conjunto, a lo que hoy podemos llamar el nuevo péndulo argentino.
La corriente keynesiana inicia con una fase expansiva marcada por un boom comercial en el sector industrial, un auge del consumo masivo y mejoras distributivas. Sin embargo, este modelo, encarnado por el kirchnerismo en las últimas décadas, se alinea con lo que los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards describieron como “populismo macroeconómico” en su artículo The Macroeconomics of Populism. Según esta teoría, los gobiernos populistas priorizan el crecimiento a corto plazo mediante políticas expansivas de gasto público, salarios reales elevados y subsidios, ignorando y minimizando las restricciones macroeconómicas que provocan desequilibrio fiscal (gastar más de lo recaudado), lo que lleva a una dependencia de la emisión monetaria o el endeudamiento. En Argentina, esto se tradujo en problemas estructurales: la capacidad de generar divisas no acompañó el aumento de las transacciones económicas, desencadenando inflación, la restricción a la divisa (cepo) y una interrupción del progreso material de amplios sectores de la población, trasladada a estancamiento económico.
Por otro lado, la corriente ortodoxa-liberal, que históricamente accedió al poder tras las crisis de legitimidad del modelo keynesiano, se caracteriza por una retórica eficientista y pro-mercado, enfocada en generar confianza para movilizar al sector privado y atraer capitales externos que palíen los problemas de balanza de pagos. Estas políticas suelen incluir devaluaciones para reducir importaciones mediante recesiones, restricción monetaria, subas de tasas de interés, caídas de salarios reales y ajustes del gasto público. El éxito parcial de este modelo depende de la atracción de capitales externos, pero históricamente ha derivado en un esquema insostenible debido a que nunca se alcanzó, bajo este paradigma, equilibrio fiscal. Tradicionalmente, los gobiernos ortodoxos han intentado estabilizar la economía mediante la atracción de capitales externos, la fijación del tipo de cambio y la financiación del déficit con deuda externa, un combo que generalmente, no ha terminado bien: en la convertibilidad, por ejemplo, se forzó un tipo de cambio insostenible que no reflejaba la tenencia de divisas, sumado a un déficit que multiplicaba la deuda necesaria. Milei, en cambio, rompió con este patrón al priorizar la sostenibilidad fiscal interna, evitando la emisión y la necesidad de deuda sostenida para financiar un déficit que se fuera acumulando.
Nunca en la historia reciente Argentina había experimentado una ortodoxia real con liberación del cepo cambiario, disminución de la base monetaria, equilibrio fiscal, y un Banco Central saneado sin estar en default (es decir, cumpliendo con los pagos de deuda). Este nuevo enfoque no solo busca atraer divisas, sino también garantizar la sostenibilidad del plan económico, permitiendo pagar la deuda mientras se fomenta el ingreso de capitales, sin generar en el proceso nueva deuda mediante déficit.
La estabilidad económica de un país depende de un delicado equilibrio entre ingresos y gastos, un principio básico que nuestro país ignoró durante décadas. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en 28 de los últimos 35 años el gasto público superó los ingresos, generando un déficit fiscal estructural que ha sido el germen de innumerables crisis económicas. Este desequilibrio se ha financiado históricamente con deuda, emisión monetaria y medidas de emergencia que luego se eternizaron, como el Impuesto al Cheque o retenciones, que terminan afectando al conjunto de la economía.
Durante los gobiernos kirchneristas, la deuda externa e interna creció empujada por el déficit, especialmente entre 2003 y 2015, y luego durante la gestión de Alberto Fernández (2019-2023). Un ejemplo paradigmático es el pago de 9.810 millones de dólares al FMI en 2005, celebrado como un acto de soberanía, pero que fue acompañado por una reestructuración que no resolvió los problemas de fondo. Además, la reforma previsional impulsada bajo el kirchnerismo, como la estatización de las AFJP, incrementó la "torta" de obligaciones fiscales, prometiendo beneficios sociales que, en muchos casos, resultaron poco sostenibles. Estas promesas, como pensiones por invalidez masivas o planes sociales sin incentivos al trabajo, generaron un sistema previsional y social insostenible, agravando el déficit fiscal y la presión sobre las reservas internacionales.
Durante el período 2015-2019, se avanzó en la eliminación del cepo al mismo tiempo que el déficit persistía (con tendencia a la disminución), lo que no cortó con el flujo acumulativo de nueva deuda, ni tampoco con una base monetaria acotada que pudiera ahogar una corrida cambiaria (es decir, limitar los pesos para que no exista demanda de dólares). Esa corrida sucedió frente a la amenaza electoral del kirchnerismo. No es casualidad que muchos de los actores económicos de aquella época trabajen hoy en el actual gobierno, aplicando una receta aceitada, que muchos consideran “más de lo mismo”, pero con varias lecciones aprendidas.
Diagnósticos enfrentados: escasez de dólares vs. déficit fiscal
La Libertad Avanza identifica el déficit fiscal como el núcleo de los problemas económicos de Argentina. El gasto público desmedido, financiado por emisión monetaria, genera inflación, depreciación cambiaria y un constante desincentivo a la inversión. Por otro lado, el Kirchnerismo, históricamente, ha diagnosticado el problema principal como una "escasez de dólares", atribuida a factores externos como la dependencia del comercio internacional o la especulación financiera. Ahora bien, esto omite que, desde una perspectiva lógica, el déficit fiscal es una variable preexistente y estructural en la economía argentina, que genera inflación, depreciación cambiaria y desincentivos a la inversión, todos los cuales contribuyen a la escasez de dólares. La relación causal es clara: el déficit fiscal genera emisión monetaria o endeudamiento externo, lo que aumenta la inflación y la demanda de dólares, reduce la confianza en la moneda local, desincentiva las exportaciones y agota las reservas internacionales. En cambio, la escasez de dólares, aunque puede ser agravada por factores externos, es principalmente una consecuencia de estas dinámicas internas.
Podemos resumir las características del modelo económico kirchnerista en el fomento del consumo, los controles de cambio y precios, controles aduaneros, regulación, emisión, déficit fiscal, estatización de todo beneficio social (subsidios, tarifas a la energía y el transporte, o hasta el simbólico “Fútbol para Todos”), además de estatización de empresas, deuda pública para financiar déficit y falta de reservas internacionales. Estas políticas reflejan un intervencionismo estatal excesivo que ha perpetuado la estanflación.
El manejo de la inflación es otro punto de divergencia. Durante el kirchnerismo, la inflación fue sistemáticamente subestimada mediante la manipulación de las estadísticas del INDEC, una práctica que comenzó en 2007 y fue rechazada incluso por sectores cercanos al gobierno. Alberto Fernández, en un intento de justificar esta situación, llegó a hablar de una "inflación autoconstruida", sugiriendo que las expectativas de los agentes económicos, más que las políticas monetarias, eran las responsables del aumento de precios. Esta narrativa, sin embargo, no logró ocultar el impacto de la emisión descontrolada y el déficit fiscal en la inflación, que alcanzó niveles superiores al 50% anual en varios períodos de su gestión.
Por el contrario, actualmente se propone un ajuste de shock, cerrando el "grifo de emisión" y priorizando el equilibrio fiscal: a más billetes en una economía, con igual cantidad de productos y servicios, más dinero requiere cada uno. Esta estrategia, implementada desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, busca atacar la inflación desde su raíz, reduciendo el gasto público y eliminando subsidios ineficientes. Esta política ha permitido un tipo de cambio casi flotante, un Banco Central saneado y un equilibrio fiscal que no se veía en décadas, rompiendo con un ciclo de 33 años de los últimos 96 en los que predominaron los límites cambiarios.
El kirchnerismo se caracterizó por un fuerte intervencionismo estatal, con regulaciones que abarcaban desde controles de precios hasta la creación de impuestos como el de la renta financiera, la riqueza o el lujo, regulación del transporte aéreo con prohibición de nuevas aerolíneas, rutas y empresas transportistas, o prohibiciones a la importación de cuestiones irrisorias, como la maquinaria agrícola usada. Estas medidas, aunque presentadas como progresistas, fueron criticadas por su ineficiencia y la distorsión en la progresividad impositiva, y su utilización política.
Comercio Internacional
El comercio internacional es otro terreno de disputa. Bajo el kirchnerismo, Argentina se convirtió en el país más cerrado del Mercosur, y uno de los más cerrados del mundo, con aranceles, permisos tipo SIRA y controles aduaneros que limitaron las exportaciones. Esta política proteccionista rompió sectores clave como el sistema energético y minero.
El gobierno actual, por su parte, busca abrir la economía al libre comercio, con la meta de ampliar los productos exportables del Mercosur, de 100 a 150 y explorar opciones como salir del Mercosur o reformular su rol en el bloque. Este cambio de paradigma, respaldado por un tipo de cambio competitivo y la eliminación del cepo, apunta a integrar a Argentina en los mercados globales, un objetivo que históricamente enfrentó resistencias políticas y empresariales.
La consolidación de espacios de centro y centro derecha, creyentes en el equilibrio fiscal, en la flotación del dólar y la apertura al comercio, generan un escenario nunca antes visto en la Argentina, sentando las bases de una economía normalizada. Por otro lado, el kirchnerismo como matrices ideológica y materialmente opuestas refleja otro modelo de país irreconciliable uno con el otro: uno basado en el libre mercado, la desregulación y el equilibrio fiscal; el otro en el intervencionismo, el proteccionismo y la expansión ilimitada del gasto público.
Mientras en el nuevo péndulo exista un partido o movimiento con potencial electoral que descrea de la normalización económica, el país enfrentará dificultades para construir un consenso que garantice sostenibilidad y crecimiento. El desafío, entonces, no es solo elegir un modelo, sino generar nuevas mayorías que garanticen una reversión del Pacto de Mayo: Bases y Puntos de Partida para la Reconstrucción Argentina.
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