El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asumió como presidenta del Perú, convirtiéndose en la décima presidenta del país en los últimos diez años. Su administración, que enfrenta graves problemas de crimen organizado, inseguridad pública, corrupción y fragmentación política, ha tenido un comienzo complicado.

El gobierno ha sido cuestionado por el descontento público generado por algunos de sus nombramientos ministeriales, ciertas demoras en la presentación de su agenda legislativa ante el Congreso y la percepción de muchos peruanos de que Keiko es más una dirigente orientada a buscar consensos —y menos una líder decidida, al estilo de su padre— de lo que muchos esperaban. Su primer ministro, Luis Galarreta, posee una importante experiencia política, aunque algunos lo consideran demasiado cercano a las élites izquierdistas denominadas “caviares” y demasiado moderado a la hora de comunicar la agenda presidencial.

Como contrapeso a estas preocupaciones, Keiko designó como ministro de Economía y Finanzas a un tecnócrata respetado, Elmer Cubas. Su canciller, Carlos Espa, ha dado pasos para reconstruir las relaciones del Perú con Estados Unidos, México y sus vecinos inmediatos, entre ellos Chile. El gobierno de Keiko también ha comunicado una visión razonable respecto de sus prioridades.

Ante los desafíos que enfrenta la nación, el gobierno de Keiko solicitó al Congreso peruano 120 días de facultades legislativas extraordinarias. Sin embargo, no está claro cuánto y qué parte de esa solicitud concederá la nueva Cámara de Diputados, dominada por la izquierda, ni cuánto tiempo demorará en tomar una decisión.

El presente artículo examina los principales desafíos y decisiones estratégicas del gobierno de Keiko Fujimori, con especial énfasis en el crimen organizado transnacional y la inseguridad, las relaciones del país con la República Popular China y Estados Unidos, y los problemas de corrupción y gobernabilidad. El análisis se basa en conversaciones del autor con especialistas durante su visita al Perú en agosto de 2026 y en investigaciones complementarias.

Crimen organizado e inseguridad

El descontento de la población con el crimen organizado y la inseguridad, junto con la percepción de que Keiko enfrentaría estos problemas mediante políticas similares al enfoque de “mano dura” de su padre, fue un factor importante en su elección.

La dinámica criminal peruana refleja una combinación entre importantes economías ilícitas rurales —impulsadas por el cultivo de coca, la minería ilegal y la tala ilegal— y economías igualmente criminales en las zonas urbanas, donde las ganancias provenientes de esas actividades son blanqueadas a través de la construcción y de actividades comerciales mayoritariamente informales.

Esta dinámica urbana se ve agravada por la presencia de al menos 1,5 millones de venezolanos y otras personas desplazadas y marginadas, que son víctimas de extorsiones, robos y explotación por parte de bandas violentas como el Tren de Aragua, Los Pulpos y Los Choneros, además de pequeños grupos integrados por colombianos, más concentrados en la extorsión y los préstamos usurarios conocidos como “gota a gota”.

Según la organización antidrogas peruana DEVIDA, existen unas 85.000 hectáreas de coca cultivadas en Perú, una superficie que solo Colombia supera a nivel mundial.

La producción ilícita se concentra no solamente en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro —el VRAEM— sino que también aumenta en zonas bajas de Loreto y Ucayali, particularmente a lo largo de las fronteras con Colombia y Brasil. Incluso se han detectado cultivos de coca en el sudeste, en Puno, cerca de Bolivia.

La minería ilegal continúa siendo un problema en todo el país, especialmente en Madre de Dios, Junín y en el norte, en lugares como Pataz y La Rinconada.

Actores internacionales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) de Brasil estarían involucrados tanto en actividades mineras como en la producción y transporte de cocaína.

La tala ilegal tiene particular presencia en los departamentos orientales de Loreto y Ucayali, donde existen redes humanas, logísticas y financieras que se superponen con la economía ilícita de la cocaína.

Según algunos especialistas consultados para este trabajo, la minería ilegal representa un riesgo particular para la democracia peruana debido a sus vínculos económicos con numerosos excongresistas y congresistas en ejercicio, políticos locales y otras élites.

A esta criminalidad y a la débil presencia del Estado se suma la continuidad de la actividad del grupo terrorista Sendero Luminoso, que mantiene aproximadamente 250 integrantes concentrados en el VRAEM, especialmente en Vizcatán.

Según distintos informes, el grupo ayuda a proteger actividades criminales en la región y recibe financiamiento proveniente de ellas, especialmente del cultivo de coca.

En las zonas urbanas, durante 2026 los medios locales informaron sobre casos de alto perfil relacionados con extorsiones, no solamente en los barrios pobres del norte del área metropolitana de Lima y el Callao, sino también en otras regiones, particularmente en los departamentos de La Libertad y Piura.

A estos problemas se suma la expectativa de un fenómeno de El Niño particularmente intenso, con temperaturas elevadas del agua que afectan la pesca y precipitaciones récord que perjudican la agricultura y provocan inundaciones y deslizamientos de tierra, afectando los medios de vida de aproximadamente 1,2 millones de peruanos.

Las primeras respuestas del gobierno

El gobierno saliente había logrado avances modestos frente al crimen organizado y la inseguridad.

Las 85.000 hectáreas de coca representaban un 5,8 % menos que el año anterior, constituyendo el tercer descenso anual consecutivo.

La tasa de homicidios, de siete asesinatos cada 100.000 habitantes, era aproximadamente un 7 % inferior a la de 2025 y considerablemente menor que el máximo de 10,1 por cada 100.000 habitantes registrado en 2024.

La Policía Nacional también informó que las extorsiones durante el primer trimestre de 2026 habían disminuido un 46 % respecto del mismo período de 2025. Sin embargo, algunos especialistas consultados advirtieron que esa reducción podría deberse en parte a que las bandas criminales han consolidado su control territorial y, por lo tanto, las víctimas denuncian menos.

A partir de una planificación que probablemente había comenzado antes de la asunción de Keiko, las fuerzas militares y policiales lanzaron varias operaciones importantes contra el crimen organizado.

Un día después de la asunción presidencial, las fuerzas peruanas abatieron en el VRAEM al “camarada Richard”, un importante dirigente de Sendero Luminoso. Keiko visitó personalmente la región el 1 de agosto.

Otras operaciones importantes incluyeron la denominada “Jaguar”, contra traficantes de cocaína en Ramón Castilla, cerca de la triple frontera con Brasil y Colombia.

En las semanas posteriores también se desarrollaron importantes operaciones militares contra la minería ilegal en Pataz y Madre de Dios, aunque algunas de las principales zonas de minería ilegal, como La Rinconada, recibieron mucha menos atención estatal.

Como respuesta a la inseguridad urbana, el gobierno de Keiko puso en marcha el “Plan Escudo”, utilizando una denominación que toma como referencia la iniciativa estadounidense “Shield of the Americas”.

La operación incorporó otros 4.000 policías nacionales al área metropolitana de Lima, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, especialistas consultados señalaron que gobiernos peruanos anteriores ya habían realizado operaciones similares y que, hasta ahora, estas medidas no habían producido un cambio significativo en la situación de seguridad.

El gobierno también está tomando medidas para prepararse ante la intensificación del fenómeno de El Niño. Ha destinado 450 millones de soles para reforzar 80 puentes identificados como vulnerables y fortalecer 380 puntos de intervención, concentrando además las tareas preventivas en 607 distritos considerados especialmente vulnerables.

Los especialistas consultados, sin embargo, expresaron dudas acerca de si el gobierno podrá financiar y ejecutar adecuadamente una respuesta mínima frente a las inundaciones y deslizamientos que se esperan en comunidades de la costa noroeste.

A diferencia del crimen organizado, al que los peruanos se han acostumbrado en cierta medida, consideran que la respuesta gubernamental ante El Niño tendrá un impacto directo sobre la percepción ciudadana de la capacidad del gobierno para atender necesidades básicas urgentes.

Dudas sobre la conducción de la seguridad

Aunque estas acciones muestran que el gobierno está tomando medidas frente a los graves problemas de seguridad, varias de las personas consultadas manifestaron preocupación por la selección de los responsables del área y por la posibilidad de que Keiko no posea los atributos de liderazgo decisivo y carismático que muchos peruanos valoraban en su padre.

Entre las principales dudas aparece el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, un ex candidato presidencial percibido por algunos como progresista y que ha sido crítico de las Fuerzas Armadas.

También se cuestiona su experiencia para ocupar el cargo y sus vínculos públicos con la minera Poderosa, en el norte del país, donde las Fuerzas Armadas llevan adelante importantes operaciones contra actividades ilegales.

Otros consultados plantearon interrogantes sobre vínculos familiares y personales del ministro con Chile, considerado históricamente un rival geopolítico del Perú.

El nombramiento del ministro del Interior, César Astudillo, un general retirado del Ejército ampliamente respetado, también generó cierto malestar dentro de la Policía Nacional, acostumbrada a que uno de sus propios miembros ocupe esa cartera. Particularmente porque Astudillo designó a varios ex compañeros del Ejército en puestos importantes del Ministerio del Interior.

En cambio, otros nombramientos recibieron evaluaciones más positivas, entre ellos el del general retirado Hugar Cornejo Valdivia, designado para dirigir el servicio nacional de inteligencia, DINI.

Cornejo ya había encabezado la organización durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Keiko confiaría particularmente en él, en parte por la relación que mantuvo con el padre de la presidenta cuando este era decano universitario.

Algunos especialistas, sin embargo, manifestaron preocupación por el delicado estado de salud de Cornejo y por si tendrá el tiempo y la energía necesarios para implementar las reformas que requiere la DINI, especialmente para fortalecer sus capacidades analíticas y darle un enfoque de inteligencia estratégica nacional.

China y Estados Unidos

La navegación del gobierno de Keiko entre el fortalecimiento de las relaciones con Washington y los riesgos estratégicos derivados de los profundos vínculos comerciales del Perú con China probablemente será uno de los principales desafíos de política exterior de su presidencia.

Keiko se comprometió a fortalecer las relaciones con Washington, incluida la incorporación del Perú a la coalición Shield of the Americas.

Su decisión de incrementar el uso de las Fuerzas Armadas para responder a los problemas internos de seguridad complementará compromisos ya existentes, como la compra peruana de aviones de combate F-16 estadounidenses y el paquete de apoyo asociado destinado a fortalecer los vínculos con Washington.

Las actividades comerciales y las redes humanas de China en Perú, por su magnitud y naturaleza, seguirán generando preocupación en Washington, pero serán difíciles de reducir o controlar para el gobierno de Keiko.

El actual ministro de Defensa habría sido recibido en China antes de ser designado oficialmente para el cargo, mientras que varios congresistas peruanos también han sido invitados a visitar ese país.

Uno de los principales elementos de la presencia china es la expansión del megapuerto de Chancay, operado exclusivamente y con escasa supervisión administrativa peruana por el gigante logístico chino COSCO.

El autor plantea que, en un eventual escenario de guerra, la operación de COSCO, combinada con un gobierno peruano dispuesto o incapaz de impedirlo, podría permitir a la Armada del Ejército Popular de Liberación chino utilizar el puerto para reabastecer buques de guerra destinados a operaciones contra Estados Unidos en el Pacífico oriental.

Un analista de seguridad peruano consultado sostiene que COSCO emplea cientos de agentes de seguridad chinos en el puerto.

Chancay también se está convirtiendo en un puerto cada vez más importante para las importaciones provenientes de China. Esto genera desafíos relacionados con el transbordo de productos y componentes chinos que podrían ingresar por Chancay y luego ser exportados a Estados Unidos libres de aranceles bajo el acuerdo comercial entre Perú y Washington.

En tiempos de paz, la escala, automatización y ventajas de costos de las operaciones de COSCO en Chancay podrían permitir a China desplazar a competidores del transporte transpacífico como Maersk y Mediterranean Shipping.

Esto otorgaría a Beijing influencia no solamente sobre las rutas entre Perú y Asia, sino también sobre otros puertos latinoamericanos del Pacífico, a medida que Chancay se consolide como un gran centro logístico regional.

La construcción de una eventual conexión ferroviaria transcontinental entre Brasil y Chancay, atravesando los Andes, ampliaría aún más la influencia comercial china en el continente.

La influencia china en Perú va mucho más allá de Chancay.

China es el mayor inversor en el sector minero peruano. También controla el 100 % de la distribución eléctrica en el área metropolitana de Lima, es uno de los mayores productores de petróleo del país y posee una presencia importante en la construcción, con cientos de proyectos.

Las empresas chinas también tienen una fuerte presencia en las telecomunicaciones.

El gobierno chino habría donado teléfonos Xiaomi a todos los asesores del Congreso peruano anterior, lo que, según el autor, podría convertir esa presencia digital en una oportunidad para obtener información de inteligencia.

China también se está convirtiendo en un destino importante para determinados productos agrícolas peruanos. Por ejemplo, las exportaciones peruanas de arándanos hacia China aumentaron un 86 % en 2026 respecto de 2025.

En materia militar, China posee una influencia considerable gracias a las redes informales construidas a partir de anteriores ventas de armamento y de los numerosos oficiales militares peruanos que han viajado a ese país.

Como comentó uno de los colegas militares retirados peruanos del autor: “nos dejamos seducir por toda la atención y los viajes a China”.

Actualmente, el Ejército Popular de Liberación chino mantiene dos coroneles como alumnos en la Escuela Superior de Guerra del Ejército peruano y otros dos en el Centro de Altos Estudios Nacionales.

Durante la visita del autor a Lima, un grupo de alumnos habría estado planificando visitar el puerto de Chancay, facilitado por esos oficiales chinos y por la embajada de China.

China también ha vendido a Perú diversos equipos militares, entre ellos camiones y sistemas lanzacohetes múltiples.

Asimismo, tiene acceso a información procedente del satélite peruano PerúSat-1 y envía regularmente delegaciones a instituciones militares peruanas.

Sin embargo, los camiones Dong Feng y los sistemas lanzacohetes Tipo 90B serían considerados dentro de las Fuerzas Armadas peruanas como equipos con numerosos problemas y de baja calidad.

Más allá del ámbito militar, China recibe regularmente delegaciones del Congreso peruano, políticos, periodistas y profesionales de centros de estudios.

También mantiene relaciones con empresarios peruanos vinculados a China a través de instituciones como la Asociación de Empresas Chinas en Perú y la Asociación Peruano China.

La relación con Estados Unidos

En cuanto a la relación con Estados Unidos, el canciller peruano Carlos Espa ya está trabajando para fortalecer los vínculos.

Aunque no es diplomático de carrera, es periodista y creció en un ambiente internacionalmente orientado. También ocupó un cargo importante de apoyo en relaciones públicas en la embajada estadounidense en Lima.

Esa experiencia le habría proporcionado conocimiento directo de Estados Unidos, de su sistema diplomático y de las relaciones internacionales.

Espa también fue candidato en las elecciones presidenciales de 2026 y era ampliamente respetado por sus propuestas.

Aunque Keiko no posee la relación personal previa con el presidente Trump que ha facilitado los vínculos de otros dirigentes latinoamericanos con Washington, el conocimiento y los contactos de Espa podrían ayudar al Perú a manejar las sensibilidades de su relación con Estados Unidos.

Durante la visita del autor, Espa también adoptó posiciones favorables a Washington al romper relaciones diplomáticas con Irán, una decisión independiente pero fuertemente alineada con los objetivos estadounidenses.

Sin embargo, cualquier intento de atender las preocupaciones de Washington que implique afectar las actividades de China y de sus empresas podría resultar mucho más complicado.

El peso de las empresas chinas que compran productos peruanos, operan sectores estratégicos de la economía y mantienen redes de influencia mediante relaciones legítimas y también corruptas con políticos, funcionarios y empresarios hará difícil que Keiko responda plenamente a las preocupaciones estadounidenses.

Corrupción y gobernabilidad

A medida que la administración de Keiko avance, su capacidad para manejar los problemas de corrupción y gobernabilidad profundamente arraigados en el sistema peruano probablemente será uno de los principales factores que determinarán su éxito.

Según el índice de percepción de corrupción de Transparency International, en 2025 Perú ocupó el puesto 130 entre 182 países, uno de los peores resultados de la región.

La corrupción aparece regularmente en la Policía y en el Ministerio Público y ha contribuido reiteradamente a la parálisis y salida anticipada de presidentes peruanos.

Entre ellos estuvieron Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, además del propio padre de Keiko, Alberto Fujimori, condenado por delitos vinculados con corrupción.

Dina Boluarte y los presidentes de transición José Jerí también fueron removidos mediante votaciones relacionadas con acusaciones de corrupción, aunque ninguno de los dos fue condenado.

En 2019, la propia Keiko Fujimori fue sometida a prisión preventiva por acusaciones de corrupción que nunca fueron probadas, una experiencia que, según el autor, la afectó profundamente.

Un colega peruano consultado de manera extraoficial se preguntó si los “acuerdos” que Keiko podría haber tenido que realizar con el establishment corrupto podrían impedirle tomar las medidas necesarias para desafiar esos intereses.

Aunque el Congreso peruano continúa fragmentado entre numerosos partidos, el partido de Keiko, Fuerza Popular, posee una fuerte representación en ambas cámaras del nuevo Congreso bicameral.

No obstante, tanto la derecha como la izquierda representan riesgos políticos.

En la izquierda aparecen figuras como Alfonso López Chau, Jorge Nieto Montesinos, el encarcelado expresidente Pedro Castillo y el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

Según los consultados, la izquierda espera los resultados de las elecciones locales de octubre para aprovechar el creciente descontento con la percepción de un gobierno demasiado moderado, el aumento de los precios del petróleo, las extorsiones a transportistas y otros problemas, con el objetivo de impulsar huelgas y otras acciones destinadas a presionar o paralizar al gobierno.

En la derecha, Keiko también enfrenta la presión de su antiguo rival electoral y actual aliado Rafael “Porky” López Aliaga y su partido Renovación Popular.

López Aliaga se comprometió a respaldar al gobierno de Keiko. Sin embargo, respecto de la solicitud de 120 días de facultades legislativas extraordinarias, afirmó que su partido evaluaría cada parte de la propuesta por separado.

Su fuerte retórica y estilo político también habrían generado algunas fricciones con el equipo de Keiko.

Además de estos actores, Keiko podría encontrar alianzas inesperadas con algunos congresistas de centro e izquierda.

Entre ellos se encuentra Fernando Respigiosi, senador que en el pasado fue crítico del fujimorismo pero que actualmente es un miembro experimentado de su bancada.

También aparece Marlon Aguirre, del partido izquierdista Juntos por el Perú, quien estaría evaluando abandonar su bancada para incorporarse a Fuerza Popular.

Más remotamente, Keiko podría encontrar coincidencias ocasionales con el general Óscar Reto Otero, del partido izquierdista “Buen Gobierno”, quien en ocasiones se ha acercado y en otras se ha distanciado de los sectores más antimilitares de la coalición opositora de izquierda.

La supervivencia política de Keiko también se ve favorecida por el nuevo Congreso bicameral, que dificulta que una coalición de opositores pueda remover a un presidente mediante argumentos ambiguos como la anterior figura de la “incapacidad moral”.

Sin embargo, los políticos peruanos todavía están aprendiendo a desenvolverse y aprovechar las nuevas reglas del sistema.

Conclusión

Durante la mayor parte de las últimas dos décadas y aun antes, los gobiernos peruanos no han demostrado ser suficientemente capaces, transparentes o estables para administrar los problemas cada vez más graves del país.

Durante ese período, los desafíos de la nación solamente aumentaron y todavía no existe una evidencia convincente de que Keiko vaya a romper esa tendencia.

Como expresó cínicamente uno de los colegas peruanos del autor:

“Los presidentes peruanos siempre llegan al poder hablando de todo lo que van a hacer, pero terminan sin hacer nada.”

Varias de las personas entrevistadas en Lima anticiparon una posible crisis después de las elecciones locales de octubre, aproximadamente cuando termine el período de “luna de miel” correspondiente a los primeros cien días del gobierno de Keiko.

En ese momento, señalaron, los grupos criminales locales que se han mantenido relativamente contenidos durante los últimos meses podrían incrementar la violencia para consolidar su influencia sobre los territorios y sobre los políticos elegidos en octubre.

Un brutal secuestro seguido de un cuádruple homicidio en Trujillo, ocurrido poco antes de la visita del autor, recordó el efecto aterrador que puede producir la violencia descontrolada.

La respuesta del gobierno, incluida la detención y presentación de sospechosos cuya contextura física y características no parecían coincidir con las imágenes públicas del crimen, profundizó el desencanto con los primeros pasos de la administración de Keiko.

Para el gobierno, ese desencanto podría verse reforzado en los próximos meses por otros factores de tensión, como la intensificación de los efectos de la temporada de lluvias asociada a El Niño.

La combinación de un avance opositor en las elecciones de octubre y estas tensiones podría impulsar a la izquierda a adoptar una postura más agresiva para aprovechar el creciente descontento y paralizar o incluso derribar al gobierno de Keiko.

El potencial conflicto político se verá además condicionado por las elecciones nacionales en Brasil, una posible crisis política en Bolivia, las elecciones de medio término en Estados Unidos y la visita del papa León a Perú.

Durante su visita, el autor preguntó a un político peruano de muy alto nivel si, en caso de que Estados Unidos invirtiera en una relación de seguridad y comercial más amplia con Perú, Washington podría esperar que el gobierno de Keiko sobreviviera más tiempo que los nueve gobiernos anteriores.

La respuesta fue categórica:

“Su gobierno no debería preocuparse por Keiko… ella estará bien.”

El autor concluye, sin embargo, que espera que esa afirmación sea correcta, aunque no puede darla por segura.