El Senado de la Nación se prepara para tratar uno de los proyectos más sensibles del año legislativo: la reforma del Régimen Penal Juvenil y la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en Diputados con 149 votos afirmativos, propone reemplazar el régimen vigente desde 1980 dictado durante la última dictadura por un esquema actualizado que redefine la responsabilidad penal de los adolescentes.
El cambio central: imputabilidad desde los 14
El núcleo del proyecto es claro: los jóvenes de entre 14 y 18 años podrán ser penalmente responsables. Actualmente, los menores de 16 no pueden ser imputados por delitos.
El nuevo régimen establece un sistema diferenciado por edades. Los menores de 14 años quedarán fuera del sistema penal y serán derivados a organismos de protección de derechos.
Un sistema de penas progresivo
La reforma introduce escalas diferenciadas:
Para adolescentes de 14 años, la pena prevista se reduce a la mitad.
Para los de 15 años, la reducción es de un tercio.
A partir de los 16 y 17 años, no habrá reducción de escala, aunque se mantiene la prohibición de prisión perpetua.
Además, se fija un tope máximo de 15 años de prisión para los delitos más graves y se limita la prisión efectiva a casos cuya escala penal supere los 10 años.
Alternativas a la prisión
El proyecto contempla sanciones no privativas de la libertad para delitos menores: trabajos comunitarios, medidas de reparación, prohibiciones de acercamiento y otras herramientas orientadas a evitar el encarcelamiento como primera respuesta.
La privación de libertad, según el texto, se reserva para los casos de mayor gravedad.
Garantías y reinserción
Uno de los ejes centrales es la diferenciación respecto del sistema penal adulto. El proyecto establece que los menores no podrán ser alojados junto a personas mayores de edad y prevé institutos especializados.
También prohíbe castigos físicos y el aislamiento, y dispone que los antecedentes penales generados durante la minoría de edad se eliminen al alcanzar la mayoría, con el objetivo de no condicionar la reinserción futura.
El contexto político
El tratamiento se aceleró tras el asesinato de un adolescente en Santa Fe, hecho que reavivó el debate público sobre la responsabilidad penal juvenil.
En Diputados, la iniciativa fue respaldada por el oficialismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que el kirchnerismo y la izquierda votaron en contra. En el Senado, los números son más ajustados y el debate promete ser intenso.
Opinión pública y críticas
Encuestas recientes indican un alto nivel de respaldo social a la reducción de la edad de imputabilidad. Sin embargo, organismos especializados en niñez y sectores académicos advierten que la reforma debería estar acompañada por políticas de prevención, educación y salud mental.
La discusión es también social y estructural: cómo responde el Estado frente al delito juvenil y qué herramientas prioriza.
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