Un anuncio que no pasó desapercibido

En medio de una creciente tensión por los recursos del Estado y la seguridad interna, el Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con una reforma migratoria por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya genera debate. El anuncio lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni desde Casa Rosada, flanqueado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios. Según informaron, el objetivo es claro: restringir el ingreso de inmigrantes condenados, facilitar deportaciones y reducir el gasto estatal en salud y educación para residentes no permanentes.

Este cambio no es menor. Afecta directamente a quienes piensan ingresar al país o se encuentran en situación migratoria transitoria, pero también reabre un viejo debate sobre qué tipo de país quiere ser Argentina.

Puntos centrales del nuevo decreto

El DNU, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial, contiene varios cambios sustanciales:

• Prohibición de ingreso a condenados: Cualquier extranjero con condena judicial no podrá ingresar al país.

• Expulsión por delitos cometidos en Argentina: Aún sin condena firme, cualquier extranjero que cometa un delito podrá ser deportado.

• Rechazo a delitos menores: Delitos con penas inferiores a 5 años también podrán usarse para negar el ingreso o proceder con la expulsión.

• Arancelamiento de la salud pública: Los residentes transitorios, temporarios e irregulares deberán pagar por la atención médica. Se exigirá un seguro médico obligatorio para entrar al país.

• Educación universitaria paga: Las universidades nacionales podrán imponer aranceles a extranjeros no residentes permanentes. La medida no incluye la educación obligatoria (inicial, primaria y secundaria).

Las razones del Gobierno: seguridad y gasto

“Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresaron de forma irregular”, argumentó Adorni. Patricia Bullrich, una de las impulsoras del DNU, ya había aplicado medidas similares en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, a través del controvertido DNU 70/2017, que fue luego derogado por el gobierno de Alberto Fernández y declarado inconstitucional por la Justicia.

Según cifras oficiales, el gasto en salud para extranjeros asciende a $114.000 millones anuales. El Gobierno busca reducirlo, trasladando parte de ese costo a quienes no son ciudadanos ni residentes permanentes.

Migración y delitos: ¿cuántos son y de dónde vienen?

El tema de los extranjeros en las cárceles suele aparecer como argumento para justificar reformas migratorias. Pero, ¿qué dicen los números?

• 6% de la población carcelaria total es extranjera, según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena.

• En el Sistema Penitenciario Federal, 16,1% de los detenidos son extranjeros, la mayoría de Paraguay, Bolivia y Perú.

• En la provincia de Buenos Aires, el 45% de la población carcelaria extranjera corresponde a estos tres países.

Aunque el dato suena alto, más del 39% de los presos en general no tienen condena, y la sobrepoblación carcelaria alcanza el 20%, lo que plantea un problema estructural más allá de la nacionalidad.

Un decreto con historia (y con oposición)

La reforma actual busca retomar el espíritu del DNU 70/2017, que fue rechazado por organismos de derechos humanos y declarado inconstitucional en 2021. Entre los puntos cuestionados de aquel decreto se encontraban:

• Plazos insuficientes para apelar expulsiones (apenas tres días).

• Ausencia de garantías procesales para los migrantes.

• Concentración de poder en Migraciones sin revisión judicial.

• Relación directa (y criticada) entre migración y criminalidad.

Los mismos argumentos volverán ahora al centro de la escena. El uso del DNU para este tipo de reformas también será discutido en el Congreso y en los tribunales.

¿Qué significa esto para el ciudadano común?

Este tipo de reformas tienen efectos directos e indirectos en la vida cotidiana:

• Si sos extranjero sin residencia permanente, podrías tener que pagar por atenderte en un hospital o inscribirte en una universidad.

• Si tenés familiares en situación migratoria irregular, podrías enfrentar procesos de deportación rápidos.

• Si sos argentino, podrás notar cambios en el acceso y congestión de algunos servicios públicos, aunque también se podría abrir un debate sobre discriminación y derechos humanos.

Un país más estricto, ¿más justo?

El Gobierno busca consolidar una imagen de "país serio" que impone reglas claras. Pero el equilibrio entre soberanía y derechos humanos será clave en la discusión que se abre.

No está claro todavía cuáles serán los mecanismos de aplicación, cuánto tiempo tomará cada proceso ni cómo se resolverán los posibles amparos o conflictos judiciales que se presenten. Lo cierto es que este nuevo DNU, como el anterior, vuelve a poner a la migración en el centro del debate nacional.

Y en ese debate, no solo se juega la economía o la seguridad, sino también la identidad de un país que siempre se pensó a sí mismo como tierra de oportunidades.