Jesús Daniel Romero y William Acosta desde Miami Strategic Intelligence Institute para Poder & Dinero y FinGurú
Los Colectivos en Nicaragua: Herramientas de Represión y Control Social
Los colectivos en Nicaragua son grupos organizados que han surgido en el contexto de la política y la represión social, especialmente bajo el régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Estos colectivos han sido utilizados como herramientas de control social y represión contra la disidencia, desempeñando un papel crucial en la dinámica de poder en el país (Human Rights Watch, 2024).
Este artículo examina el papel de los colectivos en Nicaragua, su impacto en la represión social y la militarización del país, comparándolo con el caso de Venezuela. Además, se proponen estrategias para que el gobierno de EE.UU. contrarreste estas tácticas autoritarias.
Origen y Funciones de los Colectivos
Los colectivos en Nicaragua tienen sus raíces en la revolución sandinista de la década de 1980, cuando fueron formados como grupos de apoyo a la lucha revolucionaria. Sin embargo, en la actualidad, su función ha cambiado significativamente. Bajo el régimen actual, estos grupos han sido reconfigurados para actuar como fuerzas paramilitares que defienden los intereses del gobierno y reprimen a la oposición (Amnistía Internacional, 2023).
El control social es una de las funciones principales de los colectivos, que son utilizados para monitorear y controlar a la población, creando un ambiente de miedo y desconfianza. Su presencia en las comunidades busca disuadir cualquier forma de oposición al régimen (Organización de los Estados Americanos [OEA], 2023).
Otra actividad notable de los colectivos ha sido la represión de protestas. Durante las manifestaciones masivas que comenzaron en 2018, estos grupos han estado involucrados en la represión violenta de manifestantes. Actúan como grupos de choque, atacando a quienes se oponen al gobierno y defendiendo las políticas del régimen (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2023).
Estos colectivos suelen recibir apoyo logístico y financiero del gobierno, lo que les permite operar con impunidad. Este respaldo fortalece su capacidad para llevar a cabo actividades de represión sin temor a represalias. Estos grupos, con entrenamiento paramilitar patrocinado por el gobierno y disfrazados con legitimidad institucional, no son más que colectivos al servicio de los regímenes socialistas (Wilson Center, 2024).
La Militarización de Nicaragua
Desde 2018, el régimen de Ortega ha aumentado progresivamente la militarización del país. En enero de 2024, se juramentaron 1,700 “policías voluntarios” en Estelí, un nuevo cuerpo auxiliar de la Policía Nacional que legitima la existencia de fuerzas paramilitares (OEA, 2024).
En 2024, miles de empleados públicos fueron obligados a recibir entrenamiento militar en campamentos clandestinos. Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el control del régimen en un contexto de creciente descontento popular (Amnistía Internacional, 2024).
Entre enero y febrero de 2025, el régimen juramentó más de 73,720 nuevos efectivos, incluyendo policías voluntarios y nuevos oficiales, llevando el tamaño de la Policía Nacional de 20,474 en 2024 a más de 100,000 en 2025, quintuplicando su tamaño en un corto período (CIDH, 2025).
La creación de estos “policías voluntarios” se considera una continuación de los grupos paramilitares que participaron en la represión violenta de las protestas de 2018, dejando al menos 355 muertos y miles de heridos (Human Rights Watch, 2024).
El modelo represivo de Ortega no es único en la región. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha seguido estrategias similares, lo que permite establecer paralelismos entre ambos gobiernos.
Comparación con Venezuela
El modelo de represión aplicado en Nicaragua bajo el régimen de Ortega-Murillo tiene similitudes notables con la estrategia utilizada en Venezuela por Nicolás Maduro (Freedom House, 2024).
1. Uso de grupos paramilitares: En Venezuela, los colectivos chavistas actúan como fuerzas de choque para intimidar y reprimir a la oposición. En Nicaragua, el régimen ha institucionalizado esta estrategia a través de la Policía Voluntaria y grupos paraestatales.
2. Control social mediante el miedo: Ambos regímenes utilizan una combinación de represión, vigilancia y amenazas para sofocar cualquier intento de protesta.
3. Militarización del aparato estatal: Tanto en Venezuela como en Nicaragua, las fuerzas de seguridad han sido ampliadas y reconfiguradas para operar bajo una lógica de guerra interna contra la disidencia.
4. Ataques a la sociedad civil: En ambos países, miles de ONG han sido clausuradas, periodistas perseguidos y defensores de derechos humanos criminalizados.
5. Exilio masivo: La represión ha provocado el éxodo de millones de ciudadanos, con Venezuela enfrentando la crisis migratoria más grande del continente y Nicaragua viendo una salida masiva de opositores al régimen (Wilson Center, 2024).
Ante esta consolidación del autoritarismo en Nicaragua, la comunidad internacional debe responder con medidas efectivas para evitar que el país siga el mismo camino de Venezuela. A continuación, se presentan posibles acciones que EE.UU. podría tomar para contrarrestar el régimen de Ortega.
Sanciones y Medidas para Contrarrestar el Régimen de Ortega
1. Ampliar y fortalecer sanciones económicas y diplomáticas
• Implementar sanciones más severas dirigidas a altos funcionarios del gobierno nicaragüense y a entidades vinculadas al régimen.
• Bloquear activos financieros y restringir el acceso de Ortega y Murillo a financiamiento internacional (Departamento de Estado de EE.UU., 2025).
2. Aplicar y extender la NICA Act
• La Nicaragua Investment Conditionality Act (NICA Act) impide que Nicaragua acceda a préstamos internacionales hasta que implemente reformas democráticas.
• Reforzar esta ley aumentaría la presión sobre el régimen para cambiar sus políticas represivas (Congreso de EE.UU., 2024).
3. Apoyar a la sociedad civil y medios independientes
• Brindar asistencia técnica y financiera a organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes en Nicaragua.
• Proteger periodistas en el exilio y apoyar plataformas de información libre (Freedom House, 2024).
4. Coordinar esfuerzos internacionales
• Movilizar a la OEA y la ONU para denunciar violaciones de derechos humanos y promover sanciones colectivas contra el régimen.
• Trabajar con aliados regionales para aumentar el aislamiento diplomático de Ortega (OEA, 2024).
5. Designar a los colectivos como organizaciones criminales
• El Gobierno de EE.UU. debería clasificar a estos grupos como organizaciones criminales similares a los cárteles y al Tren de Aragua.
• Identificar a sus líderes y miembros involucrados en asesinatos y actividades ilícitas para prevenir su expansión.
• Aplicar sanciones, restricciones de visa y congelación de activos a individuos y redes vinculadas a estos grupos.
Conclusión
La situación en Nicaragua, marcada por la militarización de la Policía Nacional, la represión sistemática y el fortalecimiento del control social, refleja una estrategia del régimen de Ortega y Murillo para consolidar su poder mediante el miedo.
El gobierno del presidente Trump tiene la oportunidad de liderar una estrategia más agresiva para debilitar el régimen de Ortega, evitando que Nicaragua se convierta en otro bastión del autoritarismo en la región. Para ello, debe tratar a los colectivos como organizaciones criminales, fortalecer sanciones y apoyar a la sociedad civil.
Referencias
• Amnistía Internacional. (2023). Represión en Nicaragua: Un Estado de terror. https://www.amnesty.org
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Informe sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua. https://www.cidh.oas.org
• Departamento de Estado de EE.UU. (2025). Sanciones contra el régimen de Ortega-Murillo. https://www.state.gov
• Freedom House. (2024). Nicaragua y Venezuela: Estados autoritarios en América Latina. https://freedomhouse.org
• Human Rights Watch. (2024). Nicaragua: Informe anual sobre violaciones de derechos humanos. https://www.hrw.org
• Organización de los Estados Americanos. (2023). Situación política y social en Nicaragua. https://www.oas.org
• Wilson Center. (2024). Militarización y represión en América Latina: El caso de Nicaragua y Venezuela. https://www.wilsoncenter.org
Sobre los Autores
William L. Acosta: Graduado Magna Cum Laude de PWU y Universidad de Alianza. Oficial de policía retirado de Nueva York y fundador de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Desde 1999, ha dirigido investigaciones sobre narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, participando en defensa penal estatal y federal. Especialista en casos internacionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina.
Jesús D. Romero: Graduado Magna Cum Laude de la Universidad Estatal de Norfolk. Oficial retirado del servicio de inteligencia de la Marina de EE.UU. y de Operaciones de Inteligencia del Ejército con 37 años de servicio. Trabajó en la industria de defensa con British Aerospace Systems y Booz Allen Hamilton. Comandó una unidad de la Agencia de Inteligencia de Defensa en Panamá y supervisó operaciones en el Caribe, América Central y América del Sur. Miembro y co-fundador de Miami Strategic Intelligence Institute. Autor bestseller en Amazon y comentarista en radio, televisión y medios impresos. Miembro y cofundador del grupo de expertos Miami Strategic Intelligence Institute.
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