El Helicoide, un edificio brutalista en Caracas que inicialmente fue concebido como un centro comercial, se transformó desde comienzos de los años 80 en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y en uno de los centros de detención más infames de Venezuela. Desde entonces, activistas, presos liberados y organizaciones de derechos humanos han testificado que en su interior se practicaron torturas, malos tratos, condiciones inhumanas y aislamiento extremo de detenidos políticos.
Los testimonios se multiplicaron especialmente tras las protestas masivas de 2014 y 2017, cuando miles de manifestantes antigubernamentales fueron detenidos arbitrariamente.
Informes internacionales que documentan violaciones graves
a) Informe de la ONU — 2019-2022
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó entre 2019 y 2022 varios informes sobre Venezuela. En ellos se denunciaron ejecuciones extrajudiciales de miles de personas, detenciones arbitrarias, torturas y la estrategia de criminalización de la oposición y los críticos del gobierno, incluidos dentro y fuera de El Helicoide.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó estos documentos, lo que condujo a la apertura de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela.
b) Misiones de Naciones Unidas — 2022
En septiembre de 2022, una misión de la ONU concluyó que los abusos cometidos por los organismos de inteligencia venezolanos, incluyendo actos de tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y represión sistemática, “pueden equivaler a crímenes contra la humanidad”.
c) Amnistía Internacional y otros organismos
Amnistía Internacional, en su informe de 2025, afirmó que los actos de desaparición forzada, tortura y represión forman parte de una política estatal sistemática de ataques contra la población civil desde al menos 2014, lo que enmarca estos hechos como crímenes bajo el derecho internacional.
d) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La CIDH ha presentado casos relativos a detenciones arbitrarias, torturas y solicitudes de visita in loco a El Helicoide ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidenciando la continuidad de los mecanismos de represión en Venezuela.
¿La burocracia internacional o la praxis pragmática de los Estados?
El progreso concreto en sanciones internacionales o en transformaciones jurídicas dentro de Venezuela ha sido limitado. La propia Corte Penal Internacional cerró su oficina en Caracas en 2025, citando falta de cooperación real por parte del régimen y escasos avances verificables sobre la rendición de cuentas.
Aquí surge una pregunta crucial para entender la política global frente a crímenes de Estado:
¿Es más útil la labor “burocrática” de las Naciones Unidas y cortes multilaterales, que documentan, reportan y recomiendan, o la intervención pragmática y directa de estados poderosos que actúan con decisión —aunque motivados también por intereses geopolíticos y económicos— como motor de cambio?
Un ejemplo paradigmático en este debate es la intervención de gobiernos como el de Estados Unidos, cuya presión —en ocasiones acompañada de acciones de fuerza o condicionamientos económicos— tuvo impactos más tangibles en la liberación de presos políticos o en la desarticulación de estructuras represivas que las exhortaciones o recomendaciones de organismos multilaterales. En el caso reciente de El Helicoide, luego de que el dictador Nicolás Maduro fuera capturado y detenido en Nueva York, comenzó en Venezuela un cambio dentro del régimen donde tuvieron que acatar una serie de condiciones por parte de Estados Unidos. Entre ellos hay condiciones económicas, como la autorización de privatizar el petroleo, y en las últimas horas el cierre definitivo de El Helicoide acompañado de la liberación de presos políticos.
Un dilema global en el siglo XXI
La existencia de informes abundantes y fundamentados sobre violaciones graves de derechos humanos contrasta con la percepción de lentitud o ineficacia de muchos mecanismos internacionales para transformar esas denuncias en justicia efectiva dentro de los países que las cometen.
Mientras tanto, actores estatales con poder militar o diplomático —aunque motivados también por cálculos propios— pueden obtener resultados distintos, rápidos y concretos.
Ese choque entre legalidad internacional y pragmatismo geopolítico aún configura uno de los dilemas más relevantes de la política internacional contemporánea, especialmente en escenarios donde la vida y la libertad de miles de personas están en juego.
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