El 1° de agosto se instala la negociación entre la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 y representantes del gobierno encargado, proceso impulsado por la administración de Donald Trump.
Hoy es la vía institucional más viable para construir una salida electoral confiable en Venezuela, renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y convocar elecciones. Este proceso tiene un beneficiario claro: el pueblo de Venezuela, pero además cualquier proceso electoral medianamente confiable lo ganaría María Corina Machado. Un nuevo CNE no es una amenaza a su liderazgo, al contrario es la manera de ratificarlo en las urnas.
Estamos ante un escenario de transición pactada. En su obra clásica Transiciones desde un gobierno autoritario (1986), Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter identificaron un patrón que se repite en estos procesos: los regímenes que negocian su salida buscan garantías de que no serán aniquilados políticamente, y por eso favorecen vías graduales antes que rupturas abruptas. España lo resolvió con Adolfo Suárez desmontando el franquismo de la ley a la ley. Chile jugó su plebiscito de 1988 dentro del Servicio Electoral heredado del régimen. Suráfrica negoció su Comisión Electoral en el CODESA, tras años de andamiaje previo. El denominador común no es que la oposición controle el árbitro desde el día uno, sino que exista una vía formal que reduzca la incertidumbre para quienes ceden el poder.
La oposición venezolana tiene a su favor algo que ni Suráfrica ni Chile tenían al inicio: un mecanismo constitucional, reconocido internacionalmente, la Asamblea Nacional de 2015, cuya mayoría opositora nunca fue disuelta por cauces legítimos. Representada por su presidenta, la diputada Dinorah Figuera, quien no actúa a título personal; representa a la Asamblea Nacional, que tiene la competencia constitucional para designar al CNE y el TSJ.
No caigamos en un falso dilema de confundir el liderazgo político-electoral con la competencia constitucional. Ni siquiera Edmundo González Urrutia, presidente electo el 28 de julio de 2024, tiene la potestad de nombrar rectores del CNE o magistrados del TSJ: esa es atribución exclusiva del poder Legislativo, no del ejecutivo. Hay una Constitución que reparte funciones distintas a poderes distintos. Y hay que empezar a cumplirla.
Esperar la negociación perfecta es una utopía: las transiciones son procesos caóticos, con amigos y enemigos. Pero gracias a Dios hay una posibilidad real luego del 3 de enero y el apoyo de EE UU. No abusemos de la suerte: mientras más factores apoyemos la vía electoral, más posibilidad de éxito tendrá.
Debemos empujar una coalición nacional por la transición, que va más allá del CNE y el TSJ: se trata de reinstitucionalizar la República, desmantelada por más de dos décadas desde un fraude constitucional avalado por la Corte Suprema de 1999.
“Los venezolanos el 28 de julio le ganamos al CNE de Maduro, y nos robaron la elección. ¿Por qué esta vez será diferente? Para empezar, Maduro ya no está, y hay una ruta institucional clara, en tres etapas: primero, restaurar el CNE y el TSJ; luego, generar las condiciones y garantías para una salida electoral; y finalmente, la transición misma. No es un salto de fe, es un proceso verificable paso a paso, y podemos evaluarlo por sus resultados concretos: reforma electoral comprobable, calendario claro, garantías reales. Transitar otro camino no solo es inviable, es inconstitucional; en criollo, ‘esto es lo que hay’.”
PD: ¿Que los venezolanos tienen derecho a desconfiar? Por supuesto. Pero desconfíen también de quien propone salidas fuera de la constitución, que así llegó Hugo Chávez. Los rectores del CNE los tiene que nombrar la Asamblea Nacional. La Constitución es clara.
Roberto Marrero es Abogado y Dirigente Político venezolano. Fue perseguido por el régimen de Nicolás Maduro y encarcelado por más de un año en el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) conocido como ¨ El Helicoide ¨. Una vez liberado se exilió en Estados Unidos y pudo regresar a su país luego de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de Enero.
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