El punto de fricción: El ambiente periglacial
Si bien nadie se atreve a cuestionar la protección del glaciar "blanco" (la masa de hielo visible), la verdadera batalla política y legal se libra en el ambiente periglacial. Qué son suelos congelados que contienen hielo saturado, que actúan como reservas hídricas críticas en zonas áridas. Gran parte de los yacimientos metalíferos más codiciados de la Cordillera de los Andes se encuentran precisamente bajo este suelo. Para la industria, el periglacial es un estorbo geográfico; para el ecosistema, es la garantía de agua en épocas de sequía.
Crítica a la implementación: Un inventario a cuentagotas
El mayor talón de Aquiles de la ley ha sido su ejecución. El Inventario Nacional de Glaciares, aunque finalizado por el IANIGLA, fue blanco de judicializaciones constantes por parte de provincias mineras y empresas que buscaban redefinir qué es y qué no es un glaciar para "liberar" áreas de explotación. La demora en la aplicación efectiva permitió que proyectos mineros en zonas dudosas siguieran operativos, operando en un vacío de control.
Amenazas actuales y retrocesos
En los últimos tiempos, el espíritu de la ley ha enfrentado intentos de reforma que buscan "flexibilizar" las definiciones técnicas. Bajo el argumento de atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico, se propone reducir la protección solo a glaciares de gran tamaño o que tengan un aporte hídrico "demostrado" y "relevante". Esta lógica es peligrosa. La ciencia advierte que en el contexto global, los glaciares pequeños son los más vulnerables y, a menudo, los que primero desaparecen, afectando el microclima y la humedad del suelo de forma irreversible.
Minería a Cielo Abierto: El impacto directo
La minería metalífera en la cordillera no es una actividad de bajo impacto. Para extraer unos pocos gramos de oro o cobre por tonelada, se requiere remover volúmenes masivos de roca. En zonas glaciares y periglaciares, esto genera tres problemas críticos:
Destrucción del "permafrost": Al remover el suelo en ambiente periglacial, se destruye la capa de suelo congelado que retiene el agua. Una vez que ese hielo se funde por la remoción de tierra, el ecosistema pierde su capacidad de regular el agua para los valles bajos.
El polvo atmosférico: El tránsito de maquinaria pesada y las voladuras generan nubes de polvo. Cuando este polvillo se asienta sobre el hielo blanco, disminuye el albedo (la capacidad de la nieve de reflejar la luz solar). El hielo se vuelve más oscuro, absorbe más calor y se derrite mucho más rápido.
Drenaje Ácido de Roca (DAR): Al remover rocas que estaban bajo tierra, estas entran en contacto con el oxígeno y el agua de deshielo, generando ácidos que pueden contaminar las cuencas hídricas que nacen precisamente en esos glaciares.
El Inventario Nacional de Glaciares (ING), coordinado por el IANIGLA, no es solo un mapa; es un documento legal. Si un área está en el inventario, es intocable.
El debate por el "tamaño"
Uno de los puntos más criticados por los sectores pro-mineros es que el inventario incluye cuerpos de hielo de hasta 0,1 hectáreas (una superficie pequeña, similar a un tercio de una cancha de fútbol).
La postura minera: Argumentan que proteger "manchones de hielo" tan pequeños frena proyectos de miles de millones de dólares sin un beneficio hídrico real.
La postura científica: Sostiene que la suma de miles de pequeños cuerpos de hielo y suelo congelado es lo que mantiene vivos los ríos en provincias áridas como San Juan, Mendoza o Catamarca. Eliminar los pequeños es, por goteo, secar la cuenca.
¿Por qué es tan difícil fiscalizar?
Aquí entra la crítica a la gestión política. Aunque la ley existe y el inventario también, la fiscalización es débil por dos razones:
Jurisdicción: Los recursos naturales son de las provincias (por Constitución), pero la ley es nacional. Esto genera un choque constante donde las provincias mineras sienten que la Nación "les pone el pie encima".
Falta de presupuesto: Monitorear glaciares a 4.000 metros de altura requiere tecnología, helicópteros y personal especializado. Sin fondos, la ley es un "tigre de papel".
Dato Clave: Proyectos emblemáticos como Pascua-Lama (frenado en Chile pero con impacto en Argentina) y Veladero han estado en el ojo de la tormenta precisamente por su cercanía o superposición con áreas que el inventario define como protegidas.
¿Hacia dónde vamos?
Tras un debate de más de diez horas y en el marco de las sesiones extraordinarias, el proyecto impulsado por el oficialismo (La Libertad Avanza) logró la aprobación con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.
Lo más llamativo políticamente fue el quiebre de los bloques tradicionales:
Aliados estratégicos: El oficialismo contó con el apoyo de sectores del PRO y, fundamentalmente, de senadores del PJ vinculados a provincias mineras (como San Juan y Catamarca).
El argumento del "Federalismo": Los defensores del cambio, como los gobernadores de la mesa del litio y el cobre, sostuvieron que la ley actual es "centralista" y que las provincias deben recuperar la potestad sobre sus recursos naturales.
¿Qué cambió exactamente? (El fondo de la nota crítica)
La reforma aprobada en el Senado no deroga la ley, pero perfora su corazón técnico. Los puntos clave son:
Reclasificación del Ambiente Periglacial: Se introdujo una diferenciación entre áreas periglaciales con "función hídrica demostrada" y las que no la tienen. Esto permite que, si un estudio financiado (muchas veces por la propia minera) dice que ese suelo congelado no aporta agua "relevante" a la cuenca, se pueda dinamitar.
Fin de la Prohibición Absoluta: Se pasa de una lógica de "presupuestos mínimos" (un piso de protección nacional) a una lógica donde las provincias tienen más margen para decidir qué áreas son explotables.
El factor RIGI: Esta reforma está íntimamente ligada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin el cambio en la Ley de Glaciares, varios proyectos de cobre y oro de escala mundial (como Vicuña en San Juan) no podrían avanzar legalmente.
Etapa Política: ¿Qué sigue ahora?
La ley no está vigente aún; ahora la pelota pasa a la Cámara de Diputados.
La batalla parlamentaria: Se espera que en Diputados la resistencia sea mayor. Los bloques ambientalistas y la oposición más dura intentarán bloquear el quórum o introducir modificaciones que devuelvan el proyecto al Senado.
Presión social: Organizaciones como la Asociación de Abogados Ambientalistas y asambleas ciudadanas ya han declarado el "estado de alerta", argumentando que esta reforma es inconstitucional porque viola el principio de "no regresión" ambiental (una ley no puede proteger menos que la anterior).
Estamos ante una "mercantilización" del criterio científico. Al supeditar la protección de un glaciar a su "relevancia económica" actual, el Senado ha ignorado que el ciclo del agua no entiende de balances contables ni de cierres fiscales.
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