Estados Unidos y México: la nueva etapa de confrontación contra el narcotráfico
En enero de 2025, durante su discurso inaugural, el presidente Donald Trump dejó en claro que su segundo mandato colocaría al narcotráfico en el centro de la agenda bilateral con México. Allí anticipó su intención de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs), afirmando que el país vecino estaba “prácticamente gobernado por los cárteles”.
La estrategia se consolidó en septiembre, cuando el Ejecutivo incluyó a México en la lista presidencial de países de producción y tránsito de drogas ilícitas (Major’s List), junto con otras 22 naciones. Un mes después, Trump envió al Congreso un documento confidencial donde definió que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, marco legal que habilita a la Casa Blanca a desplegar facultades militares especiales, como operaciones marítimas contra embarcaciones sospechosas en el Caribe.
Datos y fundamentos de la estrategia
El problema del fentanilo aparece como uno de los principales justificativos de esta ofensiva. En 2023, las autoridades estadounidenses incautaron alrededor de 15 toneladas de esta sustancia (13,1 toneladas de polvo y 79 millones de píldoras). Más del 90 % de los decomisos fronterizos provienen del corredor México-EE. UU., con más de 27.000 libras interceptadas ese año en los pasos limítrofes del sur, frente a cifras mucho menores en la frontera con Canadá.
Si bien el gobierno mexicano sostiene que los flujos de fentanilo han disminuido un 40 % desde la asunción de Trump, los datos estadounidenses muestran que la magnitud del problema sigue siendo considerable. El propio mandatario ha señalado que las medidas de control fronterizo y sanciones financieras que incluyen congelamientos de activos y recompensas por líderes de cárteles buscan elevar el costo operativo de las redes criminales y restringir sus rutas de distribución.
México En Crisis
México aparece como actor central en esta política, tanto por la magnitud de los flujos como por su papel estratégico en la cadena de narcotráfico hacia Estados Unidos. Sin embargo, las medidas tomadas por Washington no se han limitado al ámbito territorial mexicano: recientes operaciones militares han destruido embarcaciones sospechosas en aguas cercanas a Venezuela, justificadas bajo el mismo marco legal.
Para Trump, los cárteles deben ser tratados como “combatientes ilegales” en una guerra no declarada, lo que permitiría un margen más amplio de acción en términos militares y judiciales. Altos funcionarios sostienen que este enfoque pretende suplir las limitaciones de las estrategias anteriores, centradas únicamente en cooperación policial.
Debates y cuestionamientos
La calificación de “conflicto armado” ha generado controversia en ámbitos legales y diplomáticos. Expertos en derecho internacional advierten que aplicar categorías propias de la guerra a organizaciones criminales podría abrir la puerta a abusos y choques de soberanía con México. Legisladores opositores también han cuestionado que la Casa Blanca avance con esta política sin aprobación explícita del Congreso.
A pesar de estas críticas, la Casa Blanca sostiene que la urgencia de la crisis justifica medidas extraordinarias. Los mercados financieros y organismos de seguridad en EE. UU. han respaldado el enfoque, señalando que un control más firme del narcotráfico refuerza la seguridad interna y envía un mensaje claro a los grupos criminales de la región.
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