Agostina tenía 14 años.
Cuando los investigadores encontraron sus restos en un descampado de Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, la noticia ya había atravesado durante una semana cada rincón de Argentina. Su fotografía circulaba desde hacía días en teléfonos celulares, portales de noticias y redes sociales. Miles de personas conocían su nombre. Miles de personas habían compartido la búsqueda. Miles de personas habían repetido la misma frase que acompaña cada desaparición de una niña: “Ojalá aparezca”.
Pero Agostina no apareció.
Lo que apareció fueron restos humanos.
Restos que debían ser identificados por peritos. Restos que obligaron a una familia a enfrentarse a una de las escenas más devastadoras que puede producir una sociedad. Restos que pusieron fin a una semana de incertidumbre y dieron comienzo a otra etapa, quizá todavía más dolorosa: la de entender que una adolescente de 14 años había sido asesinada.
Mientras Córdoba intentaba asimilar el horror, mientras los canales de televisión transmitían en vivo desde los tribunales y los móviles periodísticos seguían cada movimiento de la investigación, otra adolescente muerta ocupaba apenas algunas líneas dispersas en medios locales de Misiones. Se llamaba Dulce Beatriz Candia. Tenía 17 años. Había desaparecido el 17 de mayo en Eldorado y fue encontrada sin vida once días después en una construcción abandonada. La autopsia confirmó que había sido asesinada por asfixia mecánica.
Dos adolescentes.
Dos provincias.
Dos familias destruidas.
Dos investigaciones judiciales.
Dos comunidades atravesadas por la misma pregunta.
¿Cómo llegamos hasta acá?
La pregunta no apunta únicamente a los autores de los crímenes. La Justicia deberá establecer responsabilidades penales, reconstruir los hechos y determinar quiénes participaron. La pregunta es anterior. Mucho anterior. Tiene que ver con las condiciones que hicieron posible que dos adolescentes desaparecieran y terminaran asesinadas con apenas días de diferencia en un mismo país.
Porque el problema de observar estas historias únicamente como casos policiales es que permite reducirlas a la lógica del expediente. La discusión se limita entonces a las cámaras de seguridad, a los teléfonos celulares, a los recorridos de los sospechosos, a los allanamientos, a las autopsias y a las pericias. Se discute cómo murieron. Se discute quién las mató. Se discute dónde estuvieron sus cuerpos. Pero rara vez se discute cómo estaban viviendo antes de desaparecer.
Y tal vez ahí se encuentre la parte más incómoda de toda esta historia.
Porque ninguna adolescente aparece asesinada de un día para otro.
La muerte ocurre en unas horas.
La vulnerabilidad suele construirse durante años.
En el caso de Agostina, la investigación expuso una trama de vínculos complejos, relaciones desiguales y adultos que orbitaban alrededor de una niña de 14 años. En el caso de Dulce, vecinos de Eldorado denunciaron públicamente que la adolescente atravesaba situaciones de extrema fragilidad conocidas por gran parte de la comunidad. Ninguna de estas observaciones permite explicar un crimen. Mucho menos justificarlo. Pero sí obligan a mirar algo que suele quedar fuera de cuadro: las condiciones de riesgo que preceden a las tragedias.
Porque existe una diferencia enorme entre explicar y responsabilizar.
Explicar implica intentar comprender qué falló.
Responsabilizar implica buscar culpables.
Y en Argentina existe una tendencia casi automática cada vez que una adolescente es víctima de violencia extrema: buscar primero los errores de la familia.
¿Dónde estaba la madre?
¿Por qué salió sola?
¿Por qué nadie la acompañó?
¿Por qué no la controlaban?
Son preguntas comprensibles. También son insuficientes.
Lo son porque parten de una fantasía imposible: la idea de que la seguridad de una adolescente depende exclusivamente de la capacidad de vigilancia de sus padres.
Ninguna familia puede controlar cada conversación, cada mensaje, cada desplazamiento y cada vínculo de un hijo adolescente. Ninguna madre puede permanecer despierta las veinticuatro horas. Ningún padre puede anticipar cada riesgo. Si la protección de niños, niñas y adolescentes dependiera exclusivamente de eso, no existirían sistemas de protección, escuelas, organismos de niñez, equipos de salud mental ni políticas públicas. La existencia misma de esas instituciones demuestra que la protección de las infancias es una responsabilidad compartida.
Sin embargo, algo parece romperse sistemáticamente cuando se trata de adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad.
Lo que ocurre entonces es un fenómeno perverso: la vulnerabilidad se vuelve tan cotidiana que deja de sorprender.
Una adolescente que pasa demasiado tiempo en la calle.
Una adolescente que se vincula con adultos.
Una adolescente rodeada de consumos problemáticos.
Una adolescente atravesada por conflictos familiares.
Una adolescente que desaparece durante horas.
Una adolescente que deja de responder mensajes.
Todo eso empieza a percibirse como parte del paisaje.
Y cuando la vulnerabilidad se vuelve paisaje, las alarmas dejan de sonar.
Hasta que un día aparece un cuerpo.
Recién entonces comienza la urgencia.
Recién entonces aparecen los recursos extraordinarios.
Recién entonces llegan los móviles de televisión.
Recién entonces llegan los funcionarios.
Recién entonces llegan las conferencias de prensa.
Recién entonces una adolescente se convierte en prioridad.
Hay una escena ocurrida durante la investigación por el asesinato de Agostina que resume de manera brutal esta contradicción. En la conferencia de prensa posterior al hallazgo de los restos, una parte importante del discurso institucional estuvo dedicada a destacar el trabajo realizado para localizar el cuerpo. Se habló de la tecnología utilizada. Del análisis de cámaras. De los teléfonos celulares. Del despliegue policial. Del trabajo de los perros entrenados.
Y todo eso era cierto.
Nada de eso era falso.
Pero había algo profundamente perturbador en el contraste.
Porque mientras se describía la eficacia del operativo, una niña de 14 años yacía muerta.
Porque una sociedad puede sentirse orgullosa de muchas cosas, pero jamás debería sentirse satisfecha por haber encontrado a tiempo los restos de una adolescente asesinada.
Encontrar un cuerpo no es una victoria.
Es la confirmación de una derrota.
La derrota de una niña.
La derrota de una familia.
La derrota de una comunidad.
Y, en algún punto, también la derrota de todas las instituciones que existen precisamente para evitar que una historia termine de esa manera.
Lo más doloroso es que el caso de Agostina no ocurrió en soledad.
Mientras millones de argentinos conocían su nombre, Dulce Candia desaparecía y era encontrada muerta en circunstancias igualmente estremecedoras. La diferencia fue la atención.
Y esa diferencia también debería preocuparnos.
Porque el acceso a la visibilidad se ha convertido en una forma de desigualdad.
Hay desapariciones que logran atravesar las fronteras provinciales y convertirse en noticia nacional.
Y hay desapariciones que permanecen confinadas al ámbito local hasta que ya es demasiado tarde.
Hay familias que reciben cobertura permanente.
Y hay familias que deben suplicar para que alguien publique una fotografía.
Hay víctimas que movilizan recursos extraordinarios.
Y otras cuya ausencia parece diluirse en el ruido cotidiano.
La pregunta que dejan Agostina y Dulce no es únicamente qué clase de hombres son capaces de asesinar adolescentes.
La pregunta es qué clase de sociedad observa estas tragedias repetirse una y otra vez sin revisar seriamente las condiciones que las hacen posibles.
Porque ninguna democracia puede conformarse con resolver homicidios.
Su obligación es impedirlos.
Y cuando dos adolescentes aparecen asesinadas en la misma semana, cuando una de ellas tiene apenas 14 años, cuando las comunidades denuncian vulnerabilidades previas, cuando la respuesta pública sigue llegando después de la desaparición y no antes, entonces el problema deja de pertenecer exclusivamente a los tribunales.
Se convierte en un problema colectivo.
Un problema que habla de infancia, de desigualdad, de violencia, de abandono, de instituciones debilitadas y de una preocupante incapacidad para detectar riesgos antes de que se conviertan en tragedias.
Agostina Vega y Dulce Candia ya no pueden ser protegidas. Esa posibilidad terminó el día en que fueron asesinadas. Lo único que queda ahora es la investigación judicial, la búsqueda de responsabilidades y el reclamo de justicia.
Pero si sus nombres van a significar algo más que un expediente, si sus muertes van a dejar alguna enseñanza en medio del horror, tal vez la discusión deba empezar en otro lugar. No en cómo fueron encontradas. No en quién llegó primero al descampado. No en qué perro marcó el terreno correcto.
La discusión debería empezar mucho antes.
En el momento exacto en que una adolescente comienza a volverse vulnerable y nadie parece verlo.
Porque el verdadero fracaso de una sociedad nunca ocurre cuando encuentra a una niña muerta.
Ocurre cuando no fue capaz de protegerla mientras estaba viva.
Jazmín Abdala | Estudiante de Periodismo.
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