William Acosta, CEO de Equalizer Investigations para Poder & Dinero y FinGurú
Antecedentes del Caso
En agosto de 2018, la filtración de los cuadernos manuscritos de Oscar Centeno, chofer del ex funcionario Roberto Baratta, desencadenó la investigación judicial más trascendente de la historia reciente argentina (Infobae, 2025, octubre 24). Durante más de diez años, Centeno registró con escrupuloso detalle los recorridos, entregas de dinero y destinatarios de supuestos sobornos destinados a funcionarios kirchneristas.
Funcionamiento Del Sistema De Sobornos
A partir de estas anotaciones, más de 25 empresarios y altos funcionarios admitieron ante la justicia que el pago de coimas era condición básica para el acceso y el mantenimiento de contratos públicos, subsidios y concesiones. Muchos de ellos ofrecieron detalles de fechas, montos, rutinas establecidas y las presiones ejercidas para asegurar la recaudación (Identidad Correntina, 2025, Noviembre 6). Testimonios y documentación bancaria aportaron pruebas sobre transferencias a cuentas en el exterior, adquisición de propiedades y gastos para campañas electorales disimulados en complejas cadenas de testaferros e intermediarios (La Nación, 2025, noviembre 12).
Evidencia Material Y Testimonios
En paralelo, los informes periciales confirmaron que, pese a las casi 1,500 alteraciones contables identificadas en las libretas de Centeno, la mayoría del contenido coincidía en tiempos, trayectos y detalles con datos cruzados por cámaras de seguridad y movimientos verificados de la flota oficial (Perfil, 2025, agosto 17). Varios empresarios, como Juan Carlos de Goycoechea y Héctor Zabaleta, reconocieron en sede judicial haber abonado sobornos y facilitaron correos electrónicos, actas de pago y nóminas internas donde quedaban evidenciadas las prácticas corruptas (El Cronista, 2025, noviembre 5).
Principales Imputados Y Montos
El rol de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dominó la mayor parte de los cargos. En el juicio, se le atribuye haber encabezado una asociación ilícita para la recaudación de fondos ilegales y la organización de una red de cohecho para financiar campañas y mantener el control sobre la obra pública estratégica (RTVE, 2025, noviembre 5; Infobae, 2025, noviembre 5). A su lado, el exministro Julio De Vido figura como jefe operativo del circuito de sobornos, y Roberto Baratta, como recaudador principal y articulador de la logística (Noticias Perfil, 2025, noviembre 9). Otros nombres clave son José López, recordado por el hallazgo de casi nueve millones de dólares en efectivo en un convento, y Daniel Muñoz, exsecretario presidencial, que habría sido intermediario en transferencias y ocultamiento de fondos (Perfil, 2025, agosto 17).
Impacto Y Final Del Proceso
Según la acusación fiscal, el monto global de sobornos en juego supera los 200 millones de dólares, cifra ratificada por los testimonios y registros bancarios aportados durante la instrucción (La Nación, 2025, noviembre 12). El expediente principal, caratulado como “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, con número 9608/2018, comprende más de cien imputados, varios de ellos empresarios líderes en los sectores de obra pública, transportes y energía (InfoBae, 2025, octubre 24).
Finalmente, la estructura delictiva desvelada en el caso no solo financió campañas oficiales y enriqueció funcionarios particulares, sino que también impactó el clima de negocios en todo el país. Durante el juicio, destacados empresarios revelaron que negarse a los pagos implicaba quedar excluidos de licitaciones, recibir inspecciones o sanciones arbitrarias, o incluso el desplome total de actividades en sectores regulados (El Cronista, 2025, noviembre 5).
Conclusion
En síntesis, la Causa Cuadernos, bajo la órbita del Tribunal Oral Federal N° 7, expone la dificultad de separar intereses públicos y privados en el aparato estatal argentino, los riesgos de impunidad sistémica y la urgencia de un control judicial, político y ciudadano más efectivo. Su desarrollo y desenlace marcarán, probablemente, el futuro del combate contra la corrupción estructural en el país.
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un ex Militar del Ejercito de Estados Unidos y oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional.
Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina
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