William Acosta, CEO de Equalizer Investigations para FinGurú
Durante la última década, Uruguay se ha reafirmado como destino de capitales y patrimonios de alto perfil, especialmente de origen argentino y asiático. El atractivo de su marco normativo, fiscalidad baja, secretismo bancario y reputación de estabilidad institucional ha hecho del país una plaza privilegiada para empresarios, celebridades y figuras políticas. A la par, estas mismas cualidades han expuesto al territorio uruguayo a la infiltración de redes de lavado de dinero, estructuras de corrupción y el avance sofisticado del crimen organizado internacional, creando una vulnerabilidad que pone en riesgo la integridad de la economía y el sistema judicial (Chequeado, 2025).
El auge de residencias fiscales de argentinos, la llegada de fondos de origen asiático y los flujos ilegales del narcotráfico han generado presiones inéditas, revelando las debilidades del sistema y la necesidad de profundizar la cooperación internacional y la inteligencia financiera. Ante este contexto, Uruguay se enfrenta a un reto ético y político sin precedentes: consolidar el desarrollo económico y la imagen internacional, sin sacrificar la transparencia ni la legalidad.
Marco Institucional y Entramado de Corrupción
Uruguay cuenta con normas avanzadas y agencias dedicadas, como la Senaclaft y la Ley 19.574, para la prevención y combate del lavado de activos (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, 2025; IMPO, 2018). Sin embargo, persisten vacíos debido a la complicidad de actores públicos y privados —funcionarios aduaneros, escribanos, banqueros, empresarios— y prácticas negligentes en la supervisión real de transferencias sospechosas, compra de inmuebles y constitución de sociedades pantalla (Sudestada, 2019).
El caso Boston River y la Sociedad Anónima Deportiva ilustra cómo fondos provenientes de PDVSA y triangulados mediante empresas offshore ingresan al país y son utilizados en actividades deportivas y empresariales locales, con investigaciones y declaraciones judiciales en curso (La Diaria, 2025).
Bancos, Sector Financiero y Controles
El sector financiero uruguayo, con bancos como BROU y filiales internacionales, ha sido históricamente observado por deficiencias en la debida diligencia de sus clientes y actividades de banca privada con cuentas offshore. Las transferencias de grandes sumas y la canalización de fondos en inversiones inmobiliarias han evidenciado fallas en controles y reportes, motivando sanciones administrativas y recomendaciones por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (Unidad de Información y Análisis Financiero – BCU, 2025).
Expedientes Judiciales y Sentencias Clave
Destacan varios casos emblemáticos, como la Sentencia Definitiva Nº 644/2024 de la Suprema Corte, sobre lavado y decomiso de bienes gracias al rastreo de operaciones, análisis pericial y pruebas reunidas por UIF y Policía (Suprema Corte de Justicia, 2024). El Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió resoluciones —como el expediente Res. 0242020— que documentan sanciones administrativas ante deficiencias de reporte de operaciones sospechosas (TCA, 2024).
Figuras Clave: Empresarios, Política y Farándula
Entre los implicados figuran Andrés “Betingo” Sanguinetti (vinculado al caso Odebrecht), los hermanos Gianfranco y Mariano Macri (presuntamente ligados a tramas offshore entre Argentina y Uruguay), el estudio Posadas, Posadas & Vecino (operador de sociedades pantalla para gestión patrimonial y de fondos), y dirigentes y celebridades argentinos radicados en Uruguay, todos bajo activa vigilancia o investigación en expedientes periodísticos y oficiales (Sudestada, 2022; La Diaria, 2016; LR21, 2001).
El auge de residencias fiscales de celebridades argentinas, empresarios, deportistas y figuras mediáticas dinamizó el sector inmobiliario y de servicios, así como el clima reputacional, por las dudas que generan estos flujos patrimoniales en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia (Chequeado, 2025).
El Entramado Chino y el Lavado de Activos
En los últimos años, operadores asiáticos y empresarios chinos han expandido su presencia en Uruguay, constituyendo empresas pantalla y utilizando circuitos financieros globales para canalizar capitales de origen dudoso (Infobae, 2025). La llegada de capitales chinos coincidió con coberturas en sectores inmobiliarios y agroindustriales, la constitución de sociedades espejo, transferencias trianguladas y operaciones de importación-exportación, en ocasiones vinculadas a redes de narcotráfico como la de Sebastián Marset (State Department, 2025).
Fiscalías y unidades de análisis financiero han detectado operaciones por encima del promedio, beneficiarios de nacionalidad china y actividades ligadas a zonas francas y comercio mayorista, todos señalados como piezas clave en la estratificación del lavado a través del sistema uruguayo (Unidad de Información y Análisis Financiero – BCU, 2025).
Narcotráfico Internacional: El Caso de Sebastián Marset y otros Capos
El ejemplo más relevante es el de Sebastián Enrique Marset Cabrera, considerado por la DEA y la INTERPOL como uno de los capos de mayor influencia en la región (BBC, 2023). Marset y su red criminal utilizaron Uruguay para blanquear millones mediante empresas ficticias, transferencias a cuentas en China y Europa, y compra de bienes de lujo, pasando el dinero por Brasil, Paraguay y Bolivia (Infobae, 2025; El Observador, 2025; Wikipedia, 2025).
Estados Unidos ofreció dos millones de dólares por información relevante para su captura, y se formalizaron acusaciones por lavado en el sistema judicial estadounidense (State Department, 2025).
Otras estructuras criminales regionales —incluyendo cárteles mexicanos y mafias europeas— han usado cuentas empresariales y bancos uruguayos para transferencias globales, compras de inmuebles y operaciones de ocultamiento patrimonial de alto impacto (La Mañana, 2020; Caras y Caretas, 2023).
Conclusión
Uruguay enfrenta una encrucijada como plaza financiera y económica: debe consolidar su reputación internacional y desarrollo sin ceder ante la opacidad del capital ilícito ni la sofisticación del crimen transnacional. Los nombres y estructuras expuestas —nacionales, argentinas, asiáticas y multinacionales— confirman la urgencia de fortalecer el control patrimonial, la inteligencia financiera y la cooperación judicial, y de proteger la integridad institucional ante presiones de organizaciones delictivas cada vez más complejas y globalizadas. Solo una estrategia transversal y colaborativa permitirá a Uruguay reafirmar su liderazgo ético y jurídico, preservando la transparencia y seguridad para las próximas generaciones.
Sobre el Autor:William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, así como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional.
Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal.
Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte, Europa y América Latina
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