Lo ocurrido en Venezuela vuelve a poner sobre la mesa una discusión que buena parte de la dirigencia política y del progresismo regional evita enfrentar con honestidad: ¿cómo se defiende la soberanía de un pueblo sometido durante décadas por una dictadura que no acepta elecciones libres, reprime a su sociedad y expulsa a millones de ciudadanos?
El régimen de Nicolás Maduro es presentado por algunos gobiernos y organismos internacionales como un “actor legítimo” con el que hay que dialogar. Sin embargo, en los hechos, Venezuela reúne todas las características de una narco-dictadura consolidada: control total del aparato estatal, persecución sistemática de la oposición, anulación del proceso electoral y uso de la violencia como herramienta de disciplinamiento social.
Elecciones sin pueblo: la democracia vaciada
Hablar de “elecciones” en Venezuela es, como mínimo, una ficción. Según datos de organismos internacionales y de la ONU, más de 7,7 millones de venezolanos se encuentran exiliados o desplazados forzosamente, la mayor diáspora de la historia reciente de América Latina. No se trata de migración voluntaria: es exilio político y económico producto de un régimen que volvió inviable la vida cotidiana.
A esto se suma un dato central: decenas de dirigentes opositores fueron inhabilitados para competir electoralmente, entre ellos candidatos con amplio respaldo popular. A otros directamente se los encarceló o forzó al exilio. El resultado es obvio: cuando el régimen gana, lo hace sin rivales reales; cuando pierde apoyo, simplemente impide competir.
La existencia de presos políticos, centros de detención denunciados por torturas y desapariciones temporales, y la criminalización de la protesta completan el cuadro. Las marchas populares en Venezuela no son expresiones democráticas: son reprimidas con fuerzas armadas, colectivos parapoliciales y detenciones masivas.
Un caso que grafica el carácter del régimen es el del ciudadano argentino Nahuel Gallo, secuestrado hace más de un año sin garantías judiciales claras, en un contexto donde el sistema de justicia responde directamente al poder político. No hay Estado de Derecho: hay administración del miedo.
El derecho internacional y su límite moral
Frente a este escenario, buena parte de la comunidad internacional sostiene que cualquier intervención externa “viola la soberanía venezolana”. Es un argumento que suena bien en foros diplomáticos, pero que se vuelve frágil cuando se contrasta con la realidad.
El derecho internacional fue concebido para proteger a los pueblos, no a regímenes que los oprimen. Cuando un gobierno anula la voluntad popular, persigue opositores, manipula elecciones y condena a su sociedad a la miseria, la pregunta deja de ser jurídica y pasa a ser política y moral: ¿hasta cuándo la no intervención se convierte en complicidad?
¿Cómo se saca una dictadura que no acepta elecciones?
Esta es la pregunta que muchos evitan. Si no hay elecciones libres, si la protesta es reprimida y si la oposición es encarcelada o exiliada, ¿qué salida queda?
La historia demuestra que ninguna dictadura cayó solo por buena voluntad del poder. En distintos momentos del siglo XX y XXI, Estados Unidos participó activamente en procesos de transición política: desde Europa tras la Segunda Guerra Mundial hasta intervenciones diplomáticas, económicas y estratégicas en distintos países donde los regímenes autoritarios habían clausurado la vía democrática.
Hoy, lo ocurrido en Venezuela abre una ventana histórica: por primera vez en años, el régimen muestra fisuras reales. Y la intervención estadounidense, lejos de ser un acto colonial clásico, puede leerse como una presión externa decisiva para romper un sistema cerrado que ya no podía reformarse desde adentro.
Petróleo, pobreza y la gran estafa del “recurso soberano”
El argumento de que Estados Unidos intervino en Venezuela “solo por el petróleo” suele presentarse como una verdad revelada. Pero cuando se mira la realidad venezolana, ese razonamiento empieza a hacer agua. Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y, al mismo tiempo, uno de los más pobres del continente. Algo no cierra.
Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), más del 80% de los venezolanos vive en situación de pobreza y cerca del 50% en pobreza extrema. Es decir: tener petróleo no evitó el colapso social, ni garantizó salarios dignos, ni alimentos, ni servicios básicos. Al contrario, el petróleo se convirtió en el botín de una élite política y militar que gobierna de espaldas a la sociedad.
Durante años, el régimen de Nicolás Maduro utilizó a la petrolera estatal PDVSA como una caja política. Las ventas de crudo se realizaron mediante intermediarios opacos, empresas fantasmas y contratos sin licitación, muchas veces con descuentos de hasta el 40%, para esquivar sanciones internacionales. En numerosos casos, el petróleo ni siquiera ingresó como divisas al país: se intercambió por pagos en negro, favores políticos o cancelación de deudas con potencias extranjeras.
A esto se suman los acuerdos petroleros con China y Rusia bajo la modalidad de “petróleo por deuda”, donde Venezuela entregó millones de barriles durante años sin control parlamentario ni rendición pública. El resultado fue devastador: el país perdió recursos estratégicos sin mejorar la vida de su población, mientras la infraestructura petrolera se deterioraba y la producción caía a mínimos históricos.
Incluso las licencias otorgadas a empresas extranjeras —como el caso de Chevron— dejaron en evidencia el problema de fondo: el petróleo sí genera ingresos cuando hay reglas, instituciones y controles, algo inexistente bajo el chavismo. Donde hubo mínima transparencia, hubo resultados; donde mandó la discrecionalidad del régimen, hubo saqueo.
Este punto es clave para desmontar el relato simplista: el petróleo no es sinónimo de bienestar, y mucho menos de soberanía. Sin instituciones, sin libertad económica y sin controles democráticos, los recursos naturales se convierten en una maldición. Venezuela es el ejemplo más brutal de eso.
Por eso, afirmar que Estados Unidos “fue solo por el petróleo” omite una realidad incómoda: el petróleo ya estaba siendo explotado, pero no para los venezolanos. Se lo llevaba una casta gobernante que usó ese recurso para sostener su poder, financiar redes de corrupción y garantizar lealtades internas, mientras el pueblo hacía filas para conseguir comida o huía del país.
La discusión de fondo no es quién se queda con el petróleo, sino quién se beneficia de él. Y hoy está claro que bajo una dictadura, los recursos estratégicos no son soberanos: son rehenes. Recién en un escenario de transición política real, con elecciones libres y control ciudadano, el petróleo puede dejar de ser un instrumento de dominación y empezar a ser una herramienta de reconstrucción nacional.
En ese contexto, la intervención externa deja de leerse como una rapiña clásica y pasa a formar parte de una disputa más profunda: terminar con un régimen que convirtió la riqueza natural en miseria estructural.
Soberanía no es sostener dictadores
El gran error del debate es confundir soberanía con permanencia del régimen. La soberanía pertenece al pueblo, no al dictador. Defender la soberanía venezolana no puede significar defender a un poder que expulsó a millones de ciudadanos, destruyó la moneda, aniquiló la producción y convirtió al Estado en una estructura de control.
Hoy, Venezuela tiene una oportunidad que no tuvo en años: reconstruir su Estado, recuperar elecciones reales y permitir el regreso de su gente. No será un proceso limpio ni inmediato. Ninguna transición lo es. Pero seguir mirando para otro lado en nombre de un purismo jurídico sería, una vez más, condenar a un pueblo entero al encierro político.
El dilema es incómodo, pero inevitable:
cuando la democracia es imposible desde adentro, la presión externa deja de ser una intromisión y pasa a ser una herramienta. La historia dirá, pero lo que ya está claro es que la inacción solo garantizaba la continuidad de la dictadura. Y eso, definitivamente, no es soberanía.
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