Alejandro Fargosi no es solo un nombre más en la lista de diputados nacionales: es el hilo visible de una trama donde los juicios millonarios contra el Estado se cruzan con la política que dice hablar en nombre de ese mismo Estado. Según reconstruyó minutouno.com en una nota del 26 de marzo de 2026, fue presentado como “el abogado del fondo buitre Burford Capital que Milei puso como diputado” por haber representado a ese fondo en litigios clave contra la Argentina (“Alejandro Fargosi, el abogado del fondo buitre”). Durante años, su estudio fue parte de operaciones jurídicas que transformaron decisiones de política pública –como la reestatización de Aerolíneas Argentinas o la renacionalización de YPF– en oportunidades de negocio para un fondo buitre global, tal como describen crónicas políticas y económicas publicadas entre 2017 y 2026 (IISD; “Alejandro Fargosi, el abogado del fondo buitre”). Hoy, sentado en una banca por La Libertad Avanza, Fargosi encarna una pregunta incómoda: qué pasa cuando quienes aprendieron a hacer del Estado un deudor rentable pasan a ocupar el lugar de quienes deberían protegerlo.
Aerolíneas: cuando la reestatización se vuelve negocio
El primer gran capítulo es Aerolíneas Argentinas. En 2008, el Gobierno decide reestatizar la compañía, entonces en manos del Grupo Marsans, en medio de una crisis empresarial y de una fuerte disputa política por el destino de la línea aérea de bandera, tal como relató Investment Treaty News (IISD) el 29 de noviembre de 2008 (“Argentina Moves to Expropriate Airline”). Marsans responde con una demanda internacional: en 2009 inicia el arbitraje Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. Argentine Republic ante el CIADI (caso ARB/09/1), reclamando una indemnización por la expropiación, según consta en los registros de UNCTAD y del propio CIADI (“Teinver and Others v. Argentina,” UNCTAD; Teinver and Others v. Argentina (ICSID Case No. ARB/09/1)).
En septiembre de 2017, Investment Treaty News informó que el tribunal del CIADI condenó a la Argentina a pagar más de 320 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas, más intereses y parte de las costas (“Argentina Ordered to Pay”). El mismo laudo y sus fundamentos pueden leerse en el documento oficial del CIADI publicado en 2017 (Teinver and Others v. Argentina (ICSID Case No. ARB/09/1)). A partir de allí, el país intentó anular o reducir la condena, pero las decisiones posteriores mantuvieron la obligación de pago, consolidando el resultado adverso para la Argentina.
En ese contexto aparece Burford Capital. De acuerdo con el análisis de IISD y la cronología recogida en UNCTAD, el fondo adquirió en España los derechos de litigio ligados a Marsans, asumiendo el costo de la disputa a cambio de quedarse con una parte sustancial de cualquier monto que se lograra cobrarle a la Argentina (“Argentina Ordered to Pay”; “Teinver and Others v. Argentina,” UNCTAD). La prensa especializada señaló más tarde que el laudo se convirtió en un negocio notable: Burford obtuvo una ganancia estimada en torno a 140 millones de dólares cuando el crédito fue vendido y finalmente cobrado por Titan Consortium, el vehículo que compró el laudo (“Abogado macrista litigó”).
En diciembre de 2024, CIAR Global informó que una jueza de Estados Unidos ordenó ejecutar el laudo a favor de Titan por aproximadamente 390,9 millones de dólares, confirmando que la condena del CIADI se traducía en un pago efectivo que incluía intereses (“Jueza estadounidense ejecuta”). Una nota republicada por bilaterals.org en agosto de 2024 complementó esos datos al detallar que la justicia estadounidense obligó a la Argentina a enfrentar el pago del laudo en el marco del caso Aerolíneas (“La Justicia de EEUU ordenó al país que pague US$340 millones”).
La dimensión política local se vuelve clara cuando se observa quiénes participaron del armado jurídico. Un artículo de bilaterals.org del 23 de octubre de 2025, que retoma información de medios argentinos, señala que el estudio de Diego y Alejandro Fargosi intervino en la estrategia que llevó a ese resultado y que terminó percibiendo honorarios pagados por el Estado (“Abogado macrista litigó”). En la misma línea, el portal En Orsai describió a Fargosi como “el candidato que hizo perder al país 400 millones de dólares” por su rol profesional en el caso Aerolíneas, haciendo eje en la paradoja de que quien litigó contra el Estado terminara luego postulándose para representarlo (“Fargosi: El candidato que hizo perder al país 400 millones de dólares”). La imagen es fuerte: el país pierde un juicio y, con la misma billetera pública, paga la cuenta del laudo y la de los abogados que trabajaron para el otro lado.
YPF: la apuesta de 16.100 millones que se cayó
El otro gran frente de Burford frente a la Argentina fue YPF. En 2012, el Congreso declaró de utilidad pública el 51% del capital de la petrolera y se expropiaron las acciones que estaban en manos de Repsol, mientras las sociedades Petersen –que poseían cerca del 25%– terminaron en situación de quiebra. La cronología elaborada por el Buenos Aires Herald en julio de 2025 explica que, tras esa crisis, Burford compró los derechos de litigio de Petersen y, más tarde, también los de Eton Park, quedándose con la posibilidad de demandar a la Argentina por la forma en que se realizó la renacionalización (“YPF Case: Timeline of Events since Preska Order”).
El caso se tramitó durante años en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según esa misma cronología, en septiembre de 2023 la jueza Loretta Preska dictó una sentencia de primera instancia que fijó una indemnización de 16.100 millones de dólares contra la Argentina, al considerar que el Estado violó las reglas del estatuto de YPF al no lanzar una oferta pública de adquisición sobre las acciones restantes cuando decidió expropiar el paquete de Repsol (“YPF Case: Timeline of Events since Preska Order”). Para Burford, el escenario parecía perfecto: un fallo gigantesco que confirmaba el modelo de negocio del financiamiento de litigios contra Estados soberanos.
Sin embargo, el 27 de marzo de 2026, la agencia Reuters informó que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan revocó por mayoría la sentencia de Preska y dejó sin efecto los 16.100 millones, al concluir que las demandas por incumplimiento de contrato fallaban como cuestión de derecho argentino (“US Appeals Court Voids $16.1 Billion Judgment against Argentina over YPF Seizure”). El mismo cable fue reproducido por WHTC/Thomson Reuters, que destacó que las acciones de Burford llegaron a caer alrededor de 40% tras conocerse el fallo (“US Appeals Court Voids $16.1 Billion Judgment against Argentina over YPF Seizure”). Poco antes, el propio fondo había difundido un comunicado a través de PR Newswire en el que reconocía el impacto negativo de la decisión sobre su posición en el caso (“Statement Re YPF Appeal Decision”).
El Buenos Aires Herald también explicó, en una nota paralela del 15 de julio de 2025, las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos había expresado un apoyo sólido a la posición argentina en la causa, subrayando la relevancia geopolítica y económica del caso (“YPF Case: The US Government’s Reasons for Expressing Its Resounding Support for Argentina”). Ese contexto internacional refuerza la idea de que el juicio YPF fue algo más que un conflicto comercial: fue un escenario donde se cruzaron finanzas, energía y soberanía.
En medio de ese cimbronazo judicial y diplomático, la prensa argentina volvió a poner el foco en Fargosi. La nota de minutouno.com ya citada, junto con artículos en portales críticos como En Orsai, lo presentaron como “el abogado del fondo buitre” que había asesorado a Burford en litigios contra el Estado y que ahora ocupaba un rol clave en la Cámara de Diputados (“Alejandro Fargosi, el abogado del fondo buitre”; “Fargosi: El candidato que hizo perder al país 400 millones de dólares”). Para cualquier ciudadano que mira desde afuera, cuesta no ver un mismo hilo conductor: el de un profesional que se mueve con soltura entre los tribunales donde se disputan miles de millones y el recinto donde se definen las reglas de juego.
Ética pública, puertas giratorias y representación política
Cuando se ponen estos elementos en serie, el problema deja de ser exclusivamente jurídico y se vuelve íntimamente político. La combinación de laudo del CIADI, ejecución en tribunales extranjeros y representación parlamentaria posterior no es una hipótesis, sino una secuencia documentada por organismos internacionales, medios económicos y portales políticos (Teinver and Others v. Argentina (ICSID Case No. ARB/09/1); “Argentina Ordered to Pay”; “US Appeals Court Voids $16.1 Billion Judgment against Argentina over YPF Seizure”; “Alejandro Fargosi, el abogado del fondo buitre”).
Un mismo actor –o, más precisamente, un mismo estudio– participa del armado de litigios internacionales que terminan obligando al Estado a pagar cientos de millones de dólares y, al poco tiempo, uno de sus socios se sienta en una banca del Congreso a discutir reformas económicas e institucionales en nombre de la ciudadanía.
No se trata de negar que los abogados deben cobrar honorarios por su trabajo ni que los Estados pueden perder juicios cuando han incumplido normas o tratados, algo que las crónicas del caso Aerolíneas señalan con claridad (“Argentina Ordered to Pay”). El punto es otro: la naturalización de un modelo donde el derecho deja de ser un lenguaje de derechos y obligaciones compartidas para convertirse en una sofisticada herramienta de extracción de recursos públicos, puesta al servicio de fondos financieros globales y de una élite jurídica muy pequeña (“Abogado macrista litigó”; “YPF Case: Timeline of Events since Preska Order”). Cuando esa misma élite salta a la política, la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser profundamente humana: quién está realmente sentado en la banca, el representante de un pueblo que paga impuestos o el abogado de un fondo que aprendió a convertir al Estado en una fuente estable de rentas (“Alejandro Fargosi, el abogado del fondo buitre”).
En el caso de La Libertad Avanza, la paradoja se vuelve especialmente visible. El relato oficial se presenta como una cruzada contra la “casta” política y el “saqueo del Estado”, pero al mismo tiempo incorpora a sus filas a abogados que hicieron de ese mismo Estado un objeto rentable de disputa judicial para clientes de altísimo perfil económico (“Alejandro Fargosi, el abogado del fondo buitre”).
Fargosi encarna ese cruce: es al mismo tiempo el “abogado macrista” que litigó contra la Argentina por Aerolíneas, tal como remarcaron bilaterals.org y En Orsai en 2025, y el diputado libertario que se sienta hoy a votar el rumbo del país (“Abogado macrista litigó”; “Fargosi: El candidato que hizo perder al país 400 millones de dólares”). Para cualquier ciudadano que mira la boleta electoral, esa doble vida profesional y política no es un tecnicismo: es un dato que interpela la confianza básica en quienes toman decisiones en su nombre.
Desde una perspectiva de ética pública, el caso invita a revisar con lupa las reglas de transparencia, incompatibilidades y conflicto de interés. No solo para juzgar conductas individuales, sino para discutir si queremos que los mismos actores que diseñan estrategias para hacerle perder juicios multimillonarios al Estado tengan la potestad de fijar, desde adentro, las normas que luego harán posible –o no– esos litigios (“El abogado del fondo buitre en contra de YPF”; “Argentina Ordered to Pay”). Aerolíneas e YPF, en ese sentido, son mucho más que dos causas ruidosas: son espejos donde se refleja qué lugar le damos, como sociedad, a la defensa del interés público frente a la lógica de los fondos de litigio y sus socios locales (“YPF Case: Timeline of Events since Preska Order”).
La conclusión, entonces, no es una simple fórmula de cierre, sino un llamado a mirar de frente algo que suele quedar oculto detrás de tecnicismos jurídicos. Cada dólar que sale del Estado en un laudo o en un acuerdo no es una abstracción: es dinero que deja de ir a salarios, jubilaciones, escuelas, hospitales, como recuerdan de manera más o menos explícita las notas que contabilizan los montos de Aerolíneas y YPF (“Argentina Ordered to Pay”; “US Appeals Court Voids $16.1 Billion Judgment against Argentina over YPF Seizure”). Que quienes ayudaron a maximizar esos cobros se sienten luego en las bancas donde se decide el futuro de ese mismo Estado debería encender, al menos, una alarma.
La situación de un abogado que primero litiga contra el Estado y luego ingresa a la política para representar a ese mismo Estado plantea un conflicto de interés de enorme gravedad ética. No se trata solo de un cambio de rol, sino de la coexistencia de dos lealtades potencialmente incompatibles: por un lado, la obligación profesional de maximizar el beneficio de clientes privados que buscan obtener grandes sumas de dinero de las arcas públicas; por otro, el deber de proteger el interés general y el patrimonio de la ciudadanía desde un cargo electivo.
Cuando la misma persona diseña, en una etapa, estrategias para debilitar jurídicamente al Estado y, en la siguiente, participa en la elaboración de leyes y políticas que pueden facilitar o dificultar nuevas demandas, la línea entre servicio público y negocio privado se vuelve peligrosamente difusa. Incluso si todo es formalmente legal, la percepción social de captura del Estado por parte de intereses particulares erosiona la confianza democrática: la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si sus representantes trabajan para quienes los votan o para quienes ya les pagaron honorarios.
No para demonizar profesiones ni prohibir trayectorias, sino para recordar que la democracia se resiente cuando los conflictos de interés dejan de ser la excepción y se convierten en el modo habitual de hacer política. Si algo muestran los casos Aerolíneas y YPF es que, detrás de cada expediente y cada laudo, siempre hay una pregunta que nos involucra a todos: quién gana, quién pierde y quién habla realmente en nuestro nombre cuando se apaga la cámara y empieza la negociación real.
Referencias
“Abogado macrista litigó contra la Argentina por Aerolíneas haciéndola perder un juicio de 400 millones.” bilaterals.org, 23 Oct. 2025, https://www.bilaterals.org/?abogado-macrista-litigo-contra-la.
“Alejandro Fargosi, el abogado del fondo buitre Burford Capital que Milei puso como diputado.” minutouno.com, 26 Mar. 2026, https://www.minutouno.com/politica/alejandro-fargosi-el-abogado-del-fondo-buitre-burford-capital-que-milei-puso-como-diputado-n1267890
.“Argentina Moves to Expropriate Airline under Threat of US$1 Billion Arbitration Claim.” Investment Treaty News (IISD), 29 Nov. 2008.
Burford Capital. “Statement Re YPF Appeal Decision.” PR Newswire, 26 Mar. 2026.
“Fargosi: El candidato que hizo perder al país 400 millones de dólares.” En Orsai, 21 Oct. 2025.
“Jueza estadounidense ejecuta laudo de Aerolíneas Argentinas.” CIAR Global, 11 Dec. 2024, https://ciarglobal.com/jueza-estadounidense-ejecuta-laudo-de-aerolineas-argentinas/.
“La Justicia de EEUU ordenó al país que pague US$340 millones por el caso Aerolíneas.” bilaterals.org, 19 Aug. 2024, https://isds.bilaterals.org/?la-justicia-de-eeuu-ordeno-al-pais.
Teinver and Others v. Argentina (ICSID Case No. ARB/09/1). International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 2017,
http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C520/DS12192_En.pdf.
“Teinver and Others v. Argentina.” UNCTAD Investment Dispute Settlement Navigator, 15 Jan. 2026, https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/335/teinver-and-others-v-argentina.
“US Appeals Court Voids $16.1 Billion Judgment against Argentina over YPF Seizure.” Reuters, 27 Mar. 2026.
“US Appeals Court Voids $16.1 Billion Judgment against Argentina over YPF Seizure.” WHTC / Thomson Reuters, 27 Mar. 2026.
“YPF Case: Timeline of Events since Preska Order.” Buenos Aires Herald, 15 July 2025, https://buenosairesherald.com/business/ypf-case-timeline-of-events-since-preska-order.
“YPF Case: The US Government’s Reasons for Expressing Its Resounding Support for Argentina.” Buenos Aires Herald, 15 July 2025.
Sobre el Autor:
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un
oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, Ex militar del Ejército de
Estados Unidos asi como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations &
Security Services Inc.,, una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con
proyección internacional. Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de
narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la
defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casos
internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del
Norte. Europa y América
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