Los Estados no colapsan de golpe. Se desmoronan desde adentro, en silencio, mientras las instituciones siguen funcionando en apariencia y la gente sigue votando con la esperanza de que algo cambie. Colombia llegó al 31 de mayo de 2026 en ese punto exacto: el de un país que todavía tenía forma de democracia pero cuyo aparato de inteligencia estaba siendo usado, con precisión quirúrgica, para garantizar que ciertos resultados fueran imposibles o, si ocurrían, incómodos de sostener.
No lo digo como hipótesis. Lo digo porque el expediente ya existe. Un ministro del gobierno en funciones presentó ante los medios un informe forense que certifica que su propio Estado lo espió durante meses, extrajo 2.3 gigabytes de su celular y activó su cámara y micrófono 124 veces mientras él investigaba corrupción dentro del Ejército. Un excandidato presidencial fue presionado a retractarse públicamente por haberse atrevido a preguntar si existía una operación de vigilancia contra la oposición. Una candidata tuvo que contratar penalistas para defender la privacidad de su teléfono. Y un senador republicano de Ohio voló a Bogotá, no como turista político, sino como observador electoral formal, para advertir en voz alta que Washington podría no reconocer el resultado si los votos se contaban bajo intimidación.
Cada uno de esos hechos, por separado, sería grave. Juntos, forman algo diferente: una arquitectura. Y las arquitecturas no se construyen solas. Alguien las diseña.
Leí la denuncia de Francisco Santos, revisé el expediente forense del ministro Andrés Idárraga, verifiqué cada fuente disponible y evalué la coherencia del conjunto. Lo que encontré no requiere especulación. Requiere que alguien lo lea con los ojos abiertos y llame a cada cosa por su nombre.
El hombre que habla y la razón por la que vale la pena escucharlo
Francisco "Pacho" Santos no llegó a hacer esta denuncia desde un escritorio de analista. Fue vicepresidente de Colombia durante ocho años, bajo Álvaro Uribe. Fue embajador en Washington durante la administración Duque. Lleva décadas en el espacio donde la política, la inteligencia y la seguridad nacional se cruzan sin aviso. Cuando habla de operaciones encubiertas, habla desde adentro de ese mundo, no desde afuera.
Lo que Santos denunció públicamente, en los días previos al 31 de mayo de 2026, tiene dos ejes que conviene separar. El primero: según él, existe una operación activa y en curso para llevar al candidato del Pacto Histórico a la presidencia por cualquier medio disponible legal o no. El segundo, si esa vía fracasa: desestabilizar la institucionalidad hasta hacer imposible la posesión de quien gane. No se trata de una derrota incómoda ni de una transición difícil. Se trata de dejar al Estado sin piso.
Eso no lo dice alguien que busca un titular. Lo dice alguien que lleva décadas sentado en reuniones donde esas palabras tienen peso real. Mi lectura es que la denuncia merece ser tomada como punto de partida serio no como prueba final, pero tampoco como ruido político descartable.
Cuba, Venezuela y Rusia: cuando los aliados se vuelven operadores
Lo que Santos describe sobre la presencia extranjera en Bogotá tiene un nivel de especificidad que lo distingue de la retórica habitual. No habla de influencias difusas ni de simpatías ideológicas. Habla de dos agentes cubanos que operan bajo los alias Raúl y Ramón, con reuniones de trabajo documentadas en el restaurante Isle Habana del barrio La Macarena, en la embajada venezolana y en otros puntos de la ciudad. Los describe como asesores activos, no como observadores pasivos.
La presencia de inteligencia cubana en los márgenes de la política colombiana no es, por sí sola, una novedad. El 18 de junio de 2022, Diario de Cuba publicó un informe sobre la presunta penetración del aparato de inteligencia de La Habana en la campaña de Gustavo Petro, identificando a un agente vinculado a la embajada cubana con historial operativo documentado en varios países de América Latina (Diario de Cuba, 18 de junio de 2022). Eso no valida lo que Santos dice sobre el presente, pero establece que el patrón que describe no nació de la nada.
El mapa que traza Santos va más lejos. El SEBIN venezolano habría ofrecido soporte técnico a las operaciones. Los servicios de inteligencia rusos el GRU militar y el SVR civil, herederos directos de la KGB aparecerían como parte del engranaje más amplio. Y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia colombiana habrían viajado a entrenamientos en Rusia bajo identidades reservadas, sin registro oficial, sin trazabilidad institucional. La plausibilidad de estas afirmaciones existe. La corroboración pública, todavía no.
Lo que sí está en registro público es la presencia operativa rusa en Colombia en años recientes. El 22 de mayo de 2021, El Espectador reveló que Colombia había expulsado a dos diplomáticos rusos: Aleksandr Nikolayevich Belousov, del GRU, y Aleksandr Paristov, del SVR, ambos acreditados en la embajada de Bogotá. Habían sido detectados recorriendo barrios populares de la ciudad, recogiendo información estratégica con nexos documentados a intereses venezolanos (El Espectador, 22 de mayo de 2021). Ese es un precedente de método, no de continuidad. Pero sirve como contexto para evaluar lo que Santos describe.
Operación Grecia: el Estado que vigila a sus propios ciudadanos
A la operación que describe, Santos le pone nombre: Operación Grecia. Según él, comenzó en 2025 con un objetivo claro perfilar a los candidatos y líderes de oposición, anticipar sus movimientos y moldear el escenario electoral antes de que la campaña tomara su forma definitiva. Santos afirma que dentro del propio DNI hubo funcionarios que se negaron a participar, pero que conocen el alcance de lo que se planificó y lo que se ejecutó.
Ese nombre no llegó al debate público únicamente a través de Santos. El 6 de abril de 2026, Revista Semana, Infobae Colombia y La FM reportaron que el excandidato presidencial David Luna radicó un derecho de petición formal ante la DNI y la Unidad Nacional de Protección, exigiendo confirmación o desmiento oficial sobre la existencia de esa operación. Luna la describió como un mecanismo diseñado "para intervenir ilegalmente comunicaciones y realizar seguimientos y perfilamientos a los integrantes de la oposición" (Revista Semana, 6 de abril de 2026; Infobae Colombia, 6 de abril de 2026; La FM, 6 de abril de 2026). La respuesta institucional fue, en la práctica, el silencio.
Pero no solo eso. El 21 de marzo de 2026, Infobae Colombia publicó que la DNI no se limitó a ignorar la petición le exigió a Luna que se retractara públicamente de sus declaraciones. Él respondió en video que no lo haría bajo ninguna circunstancia, y anunció que el caso estaba siendo presentado ante la CIDH (Infobae Colombia, 21 de marzo de 2026).
> "En vez de esclarecer los hechos desde la DNI, activan presión contra quienes denunciamos. Eso se llama persecución política." David Luna
Una institución que no tiene nada que esconder responde con documentación. Lo que hizo la DNI aquí no fue negar con evidencia. Fue intentar silenciar al que preguntó. Eso tiene una lógica muy específica, y no es la de la inocencia.
Pegasus dentro del gabinete: cuando el espía no distingue enemigo de aliado
Lo que transforma este conjunto de denuncias en algo cualitativamente distinto es el caso del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga. Porque Idárraga no es un opositor. Es un funcionario del propio gobierno Petro, secretario de Transparencia de la Presidencia, encargado precisamente de investigar la corrupción dentro del Estado.
El 13 de enero de 2026, Idárraga presentó ante los medios un informe forense de la empresa Forensic Strategic Group-Incoseg que certifica lo siguiente: el software espía Pegasus fue instalado en su celular un iPhone 15 Pro Max el 1 de agosto de 2025 a las 14:32:17. Entre agosto y noviembre de ese año, el dispositivo fue infiltrado más de 8,742 veces. La cámara y el micrófono fueron activados de manera remota al menos 124 veces. Se extrajeron 2.3 gigabytes de información privada, incluyendo conversaciones confidenciales con el propio presidente Petro y datos de fuentes que le reportaban casos de corrupción en el sector militar (Ministerio de Justicia de Colombia, Comunicado Oficial, 13 de enero de 2026).
La precisión de esas cifras no es retórica. Una marca de tiempo con hora, minuto y segundo es el tipo de dato que produce un análisis forense riguroso, no una acusación política. Y la magnitud de la extracción 2.3 gigabytes, 8,742 infiltraciones describe una vigilancia sostenida y sistemática, del tipo que en contrainteligencia se reserva para quien es considerado una amenaza activa de primer nivel.
> "La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Ejército con el fin de perseguirme, debido a que vengo adelantando investigaciones relacionadas con corrupción." Andrés Idárraga, Ministerio de Justicia, 13 de enero de 2026
El País cubrió la denuncia el mismo día en que fue hecha pública (El País, 13 de enero de 2026). El 26 de enero de 2026, el mismo diario publicó que el ministro Armando Benedetti también había confirmado tener evidencia propia de vigilancia con Pegasus lo que expandió el caso de un funcionario espiado a un patrón de fuego amigo dentro del gabinete (El País, 26 de enero de 2026).
El Ministerio de Defensa respondió el 17 de enero de 2026 negando todo uso de Pegasus, afirmando que el software había dejado de estar operativo desde 2022 (Infobae América, 17 de enero de 2026). El expediente forense ubica su activación en agosto de 2025. Una de las dos afirmaciones es falsa.
No muy lejos de ese caso, en mayo de 2026, la candidata presidencial Paloma Valencia declaró públicamente que alguien había hackeado su teléfono y que sus conversaciones privadas estaban en manos desconocidas. Otorgó poder al penalista Jaime Lombana para presentar la denuncia penal ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía. Caracol Radio, El Colombiano y El Heraldo confirmaron la radicación formal (Caracol Radio, 7 de mayo de 2026; El Colombiano, 7 de mayo de 2026; El Heraldo, 7 de mayo de 2026).
El dinero, los vehículos y el nombre que no se pronuncia en voz alta
Santos va más allá del software. Describe la existencia de vehículos de interceptación móvil desplegados en Bogotá con una inversión que, según él, supera los 1,500 millones de pesos. En los documentos de inteligencia que afirma haber revisado aparecen con frecuencia dos nombres: alguien identificado como Estrada, relacionado con filtraciones hacia el Consejo Nacional Electoral, y el exdirector del DNI Carlos Ramón González hoy asilado en Nicaragua, prófugo de la justicia colombiana.
Paralelo a eso, Santos describe una campaña deliberada para instalar la narrativa del fraude electoral antes de que se emitiera un solo voto. El centro de esa narrativa es la empresa Thomas Greg & Sons, que opera el software de preconteo electoral. La Fiscalía revisó trece mil interceptaciones telefónicas relacionadas con el caso y no encontró sustento para la acusación. El 29 de mayo de 2026, ColombiaCheck publicó una investigación en la que expertos de la AFP calificaron esa narrativa de mito, mientras la Registraduría defendió la integridad de su proceso de conteo manual (ColombiaCheck, 29 de mayo de 2026).
Lo que resulta llamativo es que el 19 de febrero de 2026, Infobae Colombia reportó que el presidente Petro mismo había pedido revisar el software de Thomas Greg & Sons, alimentando desde adentro del gobierno la misma desconfianza que en teoría le perjudicaba (Infobae Colombia, 19 de febrero de 2026). Esa contradicción no tiene una lectura inocente fácil.
El guión del 28 y el 29: cuando la violencia no es espontánea
Santos no limita su denuncia al espionaje ni al fraude. Advierte sobre algo más inmediato: un plan de desestabilización para después de las urnas. Según él, en caso de derrota electoral, estructuras organizadas tenían previsto paralizar Cali, Medellín y Bogotá mediante bloqueos, disturbios y presión callejera coordinada no una reacción espontánea de simpatizantes, sino una operación con nombre, fecha y coordinación.
El 26 de mayo de 2026, el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, fue categórico en una intervención pública difundida por NTN24 en su canal de YouTube: "Tenemos información de inteligencia que nos dice que tienen todo preparado para el 28 y el 29 de mayo. Las mingas, los comandos urbanos, los helenos, los bandidos de la FARC." Forero señaló directamente al presidente Petro como el factor central de perturbación y advirtió sobre el riesgo de bloqueo en la Panamericana y en Buenaventura (NTN24, 26 de mayo de 2026).
El contexto regional no ayudó a despejar esas dudas. El 20 de mayo de 2026, Infobae América Latina reportó que Petro había expresado apoyo público a las protestas contra el presidente boliviano Rodrigo Paz, lo que provocó la expulsión de la embajadora colombiana en La Paz, acusada de injerencia directa en asuntos internos de Bolivia (Infobae América Latina, 20 de mayo de 2026). La señal que eso manda que el gobierno colombiano tolera, y en algunos casos alienta, la presión callejera como instrumento político no puede leerse de manera aislada cuando Santos advierte sobre lo que podría ocurrir el día después de las elecciones.
Washington manda a un senador, no a un comunicado
La mirada internacional sobre estas elecciones fue más intensa de lo habitual. El senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, uno de los legisladores más cercanos al expresidente Donald Trump y voz de referencia en temas latinoamericanos dentro del Partido Republicano, viajó a Colombia como observador electoral formal. No como turista político. Como observador inscrito.
El 20 de mayo de 2026, El Colombiano publicó sus palabras con precisión quirúrgica: "Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas" (El Colombiano, 20 de mayo de 2026).
El 21 de mayo de 2026, La República amplió su declaración: Moreno trazó la línea geopolítica completa, advirtiendo que si Colombia toma "el camino equivocado", los mismos actores que hoy operan desde Cuba, Venezuela y Nicaragua encontrarán el camino despejado hacia Bogotá (La República, 21 de mayo de 2026).
Eso no es una declaración protocolar. Washington no manda a un senador de Ohio a Bogotá para hacer turismo electoral. La presencia de Moreno, combinada con el lenguaje que usó, es una advertencia con consecuencias reales sobre reconocimiento internacional, relaciones bilaterales y acceso a mercados. Colombia lo entendió. O debería haberlo entendido.
Lo que queda en pie cuando se apagan las cámaras
Santos lo dice sin rodeos y merece ser citado sin edulcorantes: no se trata de quién gana el 31 de mayo. Se trata de si Colombia tiene instituciones con la solidez necesaria para que la democracia sobreviva al intento de demolerla desde adentro.
Esa frase no es hipérbole electoral. La sostienen hechos concretos. Un ministro del propio gobierno fue espiado por su propio Estado mientras investigaba corrupción militar, y el expediente forense que lo prueba tiene nombre, fecha, hora y empresa. Un excandidato lleva meses denunciando vigilancia ilegal y la respuesta institucional fue pedirle que se callara. Una candidata tuvo que contratar penalistas para defender la privacidad de su teléfono. Un senador extranjero tuvo que venir a decir en voz alta lo que las instituciones colombianas no se han atrevido a decir entre ellas.
Lo que más pesa en todo esto no es ningún elemento por separado. Es la convergencia. Cuando un aparato de inteligencia estatal espía a su propio ministro de Justicia, exige retractaciones a opositores que hacen preguntas legítimas, y responde con silencio a los requerimientos de su propio presidente, no está fallando por descuido. Está funcionando exactamente como alguien lo diseñó para funcionar.
Eso es lo que Colombia tiene sobre la mesa hoy. No un escándalo. Un expediente.
Conclusión: Lo que una papeleta no puede resolver
El 31 de mayo, los colombianos votaron. Lo que está en juego, sin embargo, no se resuelve en una urna. Los expedientes de espionaje, las órdenes clasificadas, los nombres de los ejecutores, las marcas de tiempo forenses: todo eso seguirá existiendo el día siguiente, independientemente de quién gane. Y lo que determina si ese expediente produce consecuencias reales no es la solidez de la evidencia, que ya existe. Es la voluntad de las instituciones de actuar sobre ella.
He trabajado casos de vigilancia estatal ilegal en contextos distintos: dentro de la estructura policial en Internal Affairs, en operaciones federales encubiertas con la DEA y los Marshals, y en investigación criminal de defensa donde el objetivo era precisamente documentar el abuso del aparato del Estado contra un individuo. En todos esos contextos, el patrón que más difícil resulta romper no es el técnico. No es el malware ni la cadena de mando. Es el institucional: la disposición de los propios organismos de control a actuar con la urgencia que el caso exige, en lugar de esperar a que el escándalo se enfríe solo.
En Colombia, ese es el riesgo real. No Pegasus. El silencio alrededor de Pegasus. Un Estado que puede espiar a su propio ministro de Justicia mientras investiga corrupción militar, presionar públicamente a quien se atreve a preguntar, y no responder a su propio presidente cuando este solicita explicaciones, no está fallando por descuido. Está funcionando exactamente como alguien quiso que funcionara.
La diferencia entre los casos que terminan en rendición de cuentas y los que terminan en impunidad no está en las pruebas disponibles. Está en si alguien, dentro de esa cadena institucional, decide en algún momento que la verdad pesa más que el costo de sostenerla.
Ese momento todavía no ha llegado en Colombia. Pero el expediente ya está sobre la mesa. Y los expedientes, a diferencia de los escándalos, no desaparecen solos.
Referencias
https://www.youtube.com/watch?v=KVn9A7XtGQI
Diario de Cuba. "Una organización del exilio cubano alerta de la presunta penetración del régimen en las elecciones colombianas." 18 de junio de 2022.
https://diariodecuba.com/cuba/1655558321_40316.html
El Espectador. "La historia de dos espías rusos en Colombia, ¿qué hacían en barrios populares de Bogotá?" 22 de mayo de 2021.
Revista Semana. "David Luna envió derecho de petición a la DNI y la UNP sobre Operación Grecia." 6 de abril de 2026.
Infobae Colombia. "La Operación Grecia sería la base de la intervención ilegal a figuras de la oposición." 6 de abril de 2026.
La FM. "David Luna: derecho de petición a la DNI sobre Operación Grecia e interceptación de comunicaciones." 6 de abril de 2026.
Infobae Colombia. "David Luna rechaza retractarse por chuzadas y acusa a la DNI de persecución política." 21 de marzo de 2026.
Caracol Radio. "Hackeo al celular de Paloma Valencia: denuncia penal presentada en la Fiscalía." 7 de mayo de 2026.
El Colombiano. "Paloma Valencia denuncia hackeo de su celular." 7 de mayo de 2026.
El Heraldo. "Paloma Valencia: 'Aquí nos tienen chuzados a todos.'" 7 de mayo de 2026.
El País. "El ministro de Justicia de Colombia denuncia ser víctima del software espía Pegasus que maneja el propio Estado." 13 de enero de 2026.
Ministerio de Justicia de Colombia. "Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme ministro Andrés Idárraga." Comunicado oficial, 13 de enero de 2026.
El País. "Colombia se espía a sí misma: Pegasus destapa el fuego amigo en el gabinete de Petro." 26 de enero de 2026.
Infobae América. "Ministerio de Defensa colombiano niega uso del Pegasus y espionaje al ministro de Justicia." 17 de enero de 2026.
ColombiaCheck. "El mito del fraude electoral transfronterizo y las narrativas contra la migración." 29 de mayo de 2026.
Infobae Colombia. "Petro volvió a poner en duda el proceso electoral y pidió revisar el software de Thomas Greg & Sons." 19 de febrero de 2026.
NTN24. "Alerta por violencia política en elecciones senador Forero sobre perturbación electoral." YouTube, 26 de mayo de 2026.
https://www.youtube.com/watch?v=v3HwBKubtEo
Infobae América Latina. "Crisis diplomática entre Bolivia y Colombia: Petro apoyó las protestas y Paz expulsó a su embajadora." 20 de mayo de 2026.
El Colombiano. "EE.UU. podría no reconocer resultados de elecciones en Colombia si hay intimidación al sufragante." 20 de mayo de 2026.
La República. "Bernie Moreno advierte que EE.UU. podría no reconocer las elecciones si hay intimidación." 21 de mayo de 2026.
Sobre el Autor:
William L. Acosta es graduado de PWU y de la Universidad de Alliance. Es un oficial de policía retirado de la policía de Nueva York, Ex militar del Ejército de Estados Unidos asi como fundador y CEO de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc.,, una agencia con licencia en Nueva York y Florida, con proyección internacional. Desde 1999, ha liderado investigaciones en casos de narcóticos, homicidios y personas desaparecidas, además de participar en la defensa penal tanto a nivel estatal como federal. Especialista en casos internacionales y multijurisdiccionales, ha coordinado operaciones en América del Norte. Europa y América Latina y autor del libro The Blue Mafia Criminals with a Badge
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