Con el resultado fiscal del mes de abril mostrando nuevamente superávit, y la promesa de alcanzarlo también en mayo, el Gobierno Nacional conducido por Javier Milei pareciera haber logrado cierta consistencia en la búsqueda del objetivo de equilibrar las cuentas del Estado Nacional, algo nada menor y podríamos decir que alejado de la norma en las últimas décadas.
Por eso, cabe preguntarse el grado de sostenibilidad de esta política de “motosierra” en un contexto de caída económica, en donde no se observa el autoproclamado rebote en V pregonado por las autoridades del Gobierno Nacional. En este aspecto, desde el Instituto de Economía Aplicada realizamos un análisis extensivo de la composición del recorte del gasto público en nuestro informe recientemente publicado.
En particular, resulta interesante ver el efecto derrame del ajuste en las provincias, debido a los efectos particularmente nocivos que generan en ellas la merma en la actividad y a los bienes y servicios que ellas proveen (principalmente los vinculados a salud, educación y seguridad) y debido a que este derrame no genera superávit del sector público consolidado, sino meramente transfiere el problema de nivel.
En ese aspecto, hoy en día las provincias y CABA reciben de nación las transferencias automáticas (coparticipación) y las no automáticas (mal llamadas discrecionales, entre las cuales entra el FONID – Fondo de Incentivo Docente). En el primer caso, durante los primeros cuatro meses del año, los fondos coparticipados cayeron en términos reales interanuales un 19,2%.
Para el segundo caso, a continuación, se exhibe una tabla con los resultados por jurisdicción:
Transferencias no automáticas a provincias, base devengado de enero a abril 2024
Fuente: Instituto de Economía Aplicada (UDE) en base a datos del Ministerio de Economía de la República Argentina
Las transferencias no automáticas exhibieron una caída real del 77% acumulada de enero a abril 2024 contra el mismo periodo en 2023. La Provincia de Buenos Aires es la que explica en un 37% la totalidad del recorte. Esto sucede así porque dicha jurisdicción es quien mayores transferencias en magnitud recibió durante el 2023, producto de su elevada participación relativa en materia poblacional en el total del país. Ahora bien, la caída interanual observada en Buenos Aires (-73%) no es la mayor observada. Por delante de ella se encuentran La Rioja (-98%), La Pampa (-95%), Formosa (-94%), y Chaco (-94%), entre otras. La Ciudad de Buenos Aires es quien menos perdió en términos reales interanuales (-30%), posiblemente explicado por una mayor afinidad política con el gobierno nacional.
¿Qué implicancias tiene esto? Se observan dos escenarios: por un lado, un deterioro en la prestación de servicios públicos básicos brindados por las provincias y por el otro lado, una reversión de rol entre la nación deficitaria y las provincias superavitarias (o equilibradas).
¿Por qué ocurre esto? Por un sencillo motivo, las provincias tienen un alto grado de dependencia de la coparticipación y las transferencias no automáticas. En el siguiente grafico se muestra esta situación:
Recursos corrientes provinciales 2022, el peso de los recursos de nación
Fuente: Instituto de Economía Aplicada (UDE) en base a datos del Ministerio de Economía de la República Argentina
Como se puede observar, tan solo seis jurisdicciones tienen mayor peso de los recursos propios que de los recibidos desde nación: CABA (84%), Neuquén (79%), Chubut (64%), Santa Cruz (56%), Buenos Aires (54%) y Tierra del Fuego (52%), aunque podríamos decir que solo las dos primeras podrían estar eventualmente mejor preparadas para una caída en los ingresos nacionales.
Por otro lado, el impuesto de mayor incidencia en la recaudación propia de las provincias son los ingresos brutos, ligados directamente a la evolución de la actividad económica que aún no muestra mejoras.
En definitiva, dentro de los desafíos por delante del Gobierno Nacional en materia fiscal, el vinculo con las provincias será de vital importancia para la sostenibilidad política del modelo económico de Milei ¿en que punto es conveniente continuar esta senda manteniendo un sólido, pero cuestionable desde lo social y político, superávit fiscal y en que medida rever esta situación podría mejorar la viabilidad del programa en el mediano plazo y largo plazo?
Comentarios