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Mayo 31, 2019

Argentina ya pagó USD 17.000 Millones por litigios de expropiación y a acreedores internacionales

Sebastián Maril

Los "actos de soberanía" han demostrado ser muy costosos para los contribuyentes.

La República Argentina es conocida por su interpretación irresponsable del derecho internacional. Una y otra vez, diferentes gobiernos han privatizado empresas estatales para posteriormente nacionalizarlas y expropiárselas a esas “molestas” multinacionales extranjeras.

Estos "actos de soberanía" han demostrado ser muy costosos para los contribuyentes que hasta el momento han pagado cerca de USD 17.000 millones en fallos adversos dictados por cortes internacionales. Desde las batallas con los holdouts, que al día de la fecha han costado al país USD 9.300 millones, hasta la expropiación de YPF, que tuvo un costo de USD 5.600 millones, Argentina ha pagado muy caro sus errores.

Burford Capital, el proveedor de financiamiento de litigios más grande del mundo que cotiza en la bolsa de Londres, ha visto cómo sus arriesgadas inversiones en los errores pasados de los diferentes gobiernos argentinos, han generado jugosos retornos.

En 2010, Burford adquirió al español Grupo Marsans, los derechos a litigar contra la República Argentina en un caso relacionado con la nacionalización de Aerolíneas Argentinas. Más recientemente, en 2015, Burford compró a dos empresas españolas, Petersen Energía S.A.U. y Petersen Inversora S.A.U., el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación a Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.

El 21 de julio de 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) otorgó a Marsans de España USD 350 millones por daños causados por la República Argentina luego de la nacionalización de la aerolínea de bandera. Marsans adquirió Aerolíneas en 1997 a SEPI, un grupo español propietario de Iberia. En 2008, alegando mala administración y supuesta liquidación de la aerolínea argentina, el Gobierno, liderado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, expropió a Aerolíneas de Marsans.

En mayo de 2018, Burford publicó su informe trimestral del 1T18 alegando que había vendido al mercado secundario su derecho al caso de Aerolíneas por USD 107 millones luego de pagar USD 13 millones para adquirir los derechos. Aunque Argentina apeló el fallo del CIADI y esta semana supimos que el pedido argentino fue rechazado, Burford ya obtuvo un beneficio considerable de su inversión.

Sin embargo, la inversión más importante y potencialmente más lucrativa de Burford es el litigio actual contra Argentina y contra YPF. Burford tiene derecho al 70% de una posible sentencia favorable en el caso de YPF por el cual pagó USD 15 millones más los gastos. Burford estima que el valor del caso de YPF es de USD 800 millones y ya ha realizado transacciones en el mercado secundario por una ganancia de USD 121 millones. Al 31 de diciembre de 2018, Burford ya había vendido a inversores institucionales el 28,75% de los derechos de litigar contra YPF por USD 136 millones.

Desde el 2001, Argentina ha recibido numerosos fallos adversos en los tribunales internacionales como consecuencia de la “pesificación” de todos los contratos denominados en dólares firmados con multinacionales que apostaron fuertemente por el país durante la ola de privatizaciones de los años noventa. Solo por la nacionalización de YPF, Argentina le pagó a Repsol USD 5.400 millones y, dependiendo del resultado de los casos de Petersen y Eton Park, los contribuyentes pueden volver a cobrar por la imprudente interpretación del Gobierno de la ley internacional. Y en el centro de todo esto, se encuentra Burford Capital.


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