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Enero 14, 2021

Los otros vencimientos del Gobierno

Sebastián Maril

Antes que los acreedores de deuda reestructurada cobren su primer dólar por amortizaciones en 2024, Argentina enfrenta vencimientos de sentencias internacionales que muy probablemente no pueda pagar

La República Argentina nunca defrauda ya que siempre encuentra la manera de generar eventos que inquietan a los inversores. Aunque con la reciente reestructuración de la deuda, los compromisos del país con sus acreedores internacionales se postergaron en su mayoría hasta 2024, la proximidad de sentencias de casos iniciados por los inversores de deuda en default y por las multinacionales cuyas inversiones fueron expropiadas o vieron contratos rescindidos por el gobierno, mantiene a los inversores en alerta.

Argentina rara vez gana un arbitraje internacional. Según documentos judiciales y presentaciones del gobierno ante la SEC, desde principios de siglo, el país ha perdido más del 95% de todos los casos presentados en los EE.UU., en el CIADI y en el Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Argentina ha pagado USD 17.400 millones en compensación con casi USD 10.000 millones de disputas pendientes y en curso, todas con probables sentencias adversas antes de 2024.

La emisión de nueva deuda ha sido el método de pago preferido para liquidar resoluciones. El Estado ha pagado a los demandantes con bonos denominados en dólares o ha emitido nueva deuda internacional para liquidar sentencias en efectivo. Sin embargo, reabrir emisiones de bonos en circulación para pagar futuros fallos no será bienvenido por los actuales tenedores de bonos reestructurados y, dado que pocos inversores confían en la solvencia crediticia de Argentina, la emisión de nueva deuda a corto plazo está fuera de discusión.

Argentina ya está negociando acuerdos por fallos finales por $ 590 millones con acuerdos finales esperados en 2021 y sin dinero reservado en el actual presupuesto.

  • Posibles fallos ponen en duda la capacidad de pago de Argentina

Pocas cosas en la vida son seguras: la muerte, los impuestos y que la Argentina siempre pierde litigios internacionales. Pruebas no son difíciles de encontrar, especialmente cuando la interpretación imprudente del derecho internacional por parte del país ha resultado ser muy costosa para los contribuyentes. Una y otra vez, los gobiernos han ignorado los acuerdos firmados con acreedores y con corporaciones multinacionales que, a su vez, han presentado numerosas demandas para recuperar las pérdidas financieras y el capital de los bonos en default.

Según una presentación del gobierno ante la SEC en agosto de 2020, la República actualmente enfrenta posibles fallos adversos por USD 9.300 millones que continúan creciendo día a día. Aunque el soberano pudo cerrar un puñado de casos en 2020 sin una compensación monetaria conocida, los nuevos reclamos y pagos de intereses sobre disputas no resueltas continúan acumulándose.

En los últimos diez años, Argentina ha pagado USD 17.400 millones en compensación a acreedores de deuda no reestructurada y a multinacionales cuyas inversiones fueron expropiadas o vieron contratos firmados rescindidos por el gobierno. Estos fallos se pagaron con bonos denominados en dólares según las leyes de Nueva York y Argentina o con efectivo generado por la emisión de nuevos bonos.

Se espera que la mayoría de los casos en curso reciban un fallo final antes de que el país realice su primer pago de capital sobre los nuevos bonos reestructurados en 2024.

Supuestos y hechos clave:

  1. Deuda en Default: Argentina tiene USD 831,9 millones en fallos adversos relacionados con casos iniciados por tenedores de deuda en default no canjeada en 2005 y 2010. De este monto, Argentina ya acordó pagar USD 294,4 millones a Attestor Master Value, Trinity Investments y Bainbridge Fund. Esperamos que estos pagos se realicen durante el 1T21.
  2. Cupón PBI: La República tiene USD 1.200 millones en reclamos presentados en Nueva York y en Londres por tenedores de los Warrants. Esperamos una decisión de un tribunal inferior durante el 1S21 y una decisión de un tribunal de apelaciones en 2022. Si Argentina pierde estos casos, el pago debería realizarse durante el 2S22.
  3. Naciones Unidas I: Argentina tiene actualmente dos casos con sentencia adversa pendiente de resolución en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El monto total adeudado a los demandantes es de USD 7,5 millones. Esperamos que el pago se produzca en el 1S21.
  4. Naciones Unidas II: Argentina tiene un caso con fallo adverso en el proceso de completar un acuerdo negociado en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por un total de USD 200,7 millones. Esperamos que este pago ocurra durante el 1S21.
  5. Expropiación de YPF: El soberano tiene una demanda multimillonaria presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York relacionada con la expropiación de YPF en 2012. El valor de recuperación esperado según Burford Capital, propietario parcial del caso, oscila entre USD 1.200 millones y USD 9.000 millones. Valuamos este caso y uno similar presentado por Eton Park Capital en USD 4.400 millones. Si el juez falla en contra de Argentina, esperamos que el pago se realice durante el 2S22.
  6. CIADI I: Argentina tiene seis casos con sentencia adversa pendiente de resolución en el CIADI por un total de USD 804 millones. Esperamos que el pago ocurra durante el 1T22.
  7. CIADI II: La República enfrenta demandas por USD 1.600 millones en cinco casos en curso en el CIADI. Si Argentina pierde estos casos, no esperamos pagos hasta 2024.
  • Para Argentina, la historia siempre se repite

Cuando (no si) Argentina enfrenta un fallo judicial que ordena al gobierno pagar daños y perjuicios a los acreedores o corporaciones, enfrentará tres alternativas familiares que el soberano ha enfrentado en el pasado reciente.

Según los registros del gobierno presentados ante la SEC, Argentina ha resuelto sentencias con (1) bonos soberanos, (2) efectivo generado por nuevas emisiones de bonos o (3) desafió a los tribunales y vio activos incautados por los demandantes. Los ejemplos más notables incluyen un pago con bonos en USD Ley Argentina por USD 5.000 millones en 2014 a la española Repsol luego de la expropiación de YPF, un pago en efectivo de USD 10.000 millones a los acreedores (holdouts), y una orden judicial de incautación de la Fragata Libertad en Ghana en 2012.

También son posibles medidas cautelares sobre todos los pagos internacionales de deuda similares a las ordenadas en 2014 por el difunto juez Griesa. La notable incapacidad o falta de voluntad de Argentina para pagar sentencias, puede conducir una vez más a que una corte estadounidense ordene nuevas medidas cautelares sobre todos los pagos de intereses y capital en un futuro no muy lejano.

Hoy, Argentina se encuentra en una situación desesperada y no tiene los dólares necesarios para resolver los próximos fallos judiciales.

La posibilidad de una repetición del 2014 no es descabellada, ya que el mismo gobierno que desafió varias órdenes judiciales de EE UU. en el pasado está actualmente en el poder y Argentina, una vez más, no tiene suficientes dólares para resolver casos.

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